Dado que la apropiación cultural y el plagio de patrimonio intelectual de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúa siendo un problema, hace un par de semanas el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) firmaron un convenio para defender las expresiones culturales y promover el respeto de las tradiciones de dichas comunidades.
Adelfo Regino Montes, titular del INPI, señaló que hay terceras personas que se aprovechan de vacíos legales e institucionales y de “la buena fe de la gente” para lucrar y comercializar con diseños o productos que amenazan la integridad, la cultura tradicional y la diversidad étnica.
José Sánchez Pérez, director del IMPI, puntualizó a su vez que han acercado a las comunidades indígenas a distintos servicios para impulsar, promover y fortalecer sus creaciones artísticas y culturales, pero el verdadero problema es la falta de un andamiaje legislativo y judicial que proteja sus derechos, expresiones e identidades.
Apropiación
Cabe recordar que a finales del año pasado la marca estadunidense Ralph Lauren fue acusada de plagiar un diseño textil perteneciente a las comunidades de Contla, Tlaxcala, y de Saltillo, Coahuila.
En aquella ocasión la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, condenó el plagio e indicó que solamente las comunidades creadoras tienen la capacidad de decidir las vías de comercialización de sus productos.
Aunque en ese caso se plagió un diseño que forma parte de un símbolo identitario, ha habido otras ocasiones en las que el robo afectó a una marca propia de una comunidad. Por ejemplo, en julio de 2022 la empresa de origen chino Shein fue señalada por emplear diseños mayas de la marca YucaChulas.
En específico, Shein se apropió indebidamente del diseño de una blusa con estampado floral que YucaChulas creó en 2017. Dicho tipo de blusa o huipil forma parte de la identidad cultural de los pueblos mayas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Por su parte, la Secretaría de Cultura (SC) federal emitió una carta solicitando el retiro de la prenda de la tienda virtual de Shein, señalando que “estos diseños se han transmitido de generación en generación; son producto de una creatividad colectiva que corresponde al pueblo maya”. Poco después, la plataforma dejó de comercializar el producto.
Otras empresas que se han apropiado de diseños típicos son Zara, que fabricó un vestido con elementos mixtecas; la compañía estadunidense Anthropologie, que utilizó diseños del pueblo mixe; y Potowl, que plagió estampados de los pueblos zapotecos.
En estricto sentido, a falta de criterios legales más claros, el registro de marcas ha sido la manera más efectiva de defender este tipo de elementos culturales. Más aún: registrar el producto artesanal ante el IMPI permite que los productos tengan un valor agregado y aumenta la calidad del trabajo y de los ingresos que los artesanos reciben.
Solo en enero de este año 23 empresas comunitarias de 13 municipios de Guerrero consiguieron registrar marcas y productos, lo que beneficiará a los más de 700 trabajadores que se dedican a las artesanías de palma, de madera, a la producción de mezcal, de mole y al diseño de textiles.
Además, la SC creó en 2021 Original, un encuentro de artesanos donde diversas comunidades presentan sus tradiciones y sus productos artesanales para crear conciencia sobre su valor y respecto de los derechos de la propiedad intelectual colectiva. En noviembre del año pasado, Original organizó una pasarela inspirada en el cuento purépecha Kuerhajpiriecha (“Dioses engendradores”), escrito por la poeta Rubí Celia Huerta Norberto.
Iniciativa
Durante la firma del convenio entre IMPI e INPI Regino señaló que existe una iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El director del IMPI destacó que con dicha propuesta “se puede dar un paso histórico en el reconocimiento de estas comunidades”. Además, recordó que la actual administración tiene como guía moral la frase: “Por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados; de manera especial, los pueblos indígenas”.
De hecho, la iniciativa de reforma comenzó a desarrollarse hace cuatro años como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Y durante su creación se contó con el acompañamiento del Poder Legislativo y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una gira histórica por todo el país llamada Diálogo con los pueblos indígenas y afromexicanos, en la que escuchó de manera directa a las autoridades de dichas comunidades y sus demandas, planteamientos y aspiraciones.
Asimismo, el presidente estableció acuerdos y compromisos para que los pueblos puedan desarrollarse de manera integral y les informó de los distintos programas del Gobierno federal con los cuales podrían beneficiarse. En la gira, el jefe del Ejecutivo federal visitó 19 entidades federativas, donde dialogó con más de 40 autoridades de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Entre otras cosas, la reforma permitiría a estas comunidades ser reconocidas como sujetos de derecho público, con la capacidad plena de elegir libremente sus formas de gobierno y organización. Además, les daría la oportunidad de administrar sus tradiciones y aprovechar sus propias tierras y recursos naturales, abogando por su desarrollo integral y bienestar como comunidad.
Lo anterior se apega al propio PND, puesto que estipula que “el gobierno federal reconocerá y respetará las atribuciones y el marco legal que México otorga a las comunidades indígenas y a sus instancias de decisión”.
En otro apartado, el PND declara que “durante el presente sexenio el quehacer gubernamental impulsará la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá a erradicar las prácticas discriminatorias”.
Tanto la iniciativa como el PND buscan acoplarse a los acuerdos y resoluciones que México ha asumido en el contexto internacional, sobre todo al artículo 31 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que dichas comunidades tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y su propiedad intelectual.
De igual modo, el artículo 32 del documento indica que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar estrategias de utilización de sus propias tierras y recursos, de modo que los gobiernos federales no pueden aprobar proyectos que afecten sus territorios sin el consentimiento de las comunidades.
Aunque recientemente se han aprobado leyes y reformas en nuestro país que abogan por lo anterior, como las modificaciones a la Ley Minera, la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos no ha llegado al Legislativo, pues permanece todavía en la Consejería Jurídica de la Presidencia. La propuesta se entregó al Ejecutivo federal en 2021, por parte de los representantes del Pueblo Yaqui.
Algo más
Señalar o denunciar a las empresas extranjeras o nacionales que incurren en la apropiación cultural es más sencillo cuando se trata de diseños gráficos y textiles. No obstante, hay otra área de la propiedad intelectual que no recibe mucha atención y que por ello pone en riesgo la integridad cultural y la biodiversidad de nuestro país: recientemente se dio a conocer que científicos estadunidenses han intentado patentar una variedad de maíz nativa de Oaxaca, misma que ha sido perfeccionada durante muchas generaciones por las comunidades indígenas de la sierra mixe.
Según el investigador Antonio Turrent el maíz olotón tiene capacidad de tomar el nitrógeno del aire y transformarlo en fertilizante sin intervención humana. Transferir dicha capacidad a otro tipo de cultivos en otras regiones del planeta sería muy benéfico.
Sin embargo, el egresado de la Universidad de Chapingo se opone a que sea una empresa transnacional la que consiga esa patente sin reconocer a las comunidades indígenas su labor en la mejora genética del maíz.
De no atender el caso del olotón podría suceder lo mismo que con la Nochebuena: la planta es originaria de México, pero por un severo caso de biopiratería las más de 30 variedades que existen fueron patentadas y mejoradas por científicos estadunidenses. Esto ha llevado a que productores mexicanos tengan que pagarles regalías para poder cultivarlas.
Además de esto hay otro tipo de prácticas en las que se plagian aspectos de la cultura mexicana y se comercializa con ellos. Por ejemplo, hace unas semanas la escritora Tania Tagle denunció que en Oaxaca una persona extranjera da clases a otros turistas para hacer tortillas de nixtamal, por lo cual recibe una remuneración económica de mil pesos por sesión, misma que no llega a ningún colectivo o individuo mexicano.
Lo anterior es un claro ejemplo de apropiación cultural que no tiene referente legal ni marco jurídico.
Acusadas de apropiación cultural
Zara
Mara Hoffman
Pineda Covalín
Shein
Intropia
Mango
Isabel Marant
Rapsodia
Madewell
Anthropologie
Ralph Lauren
Michael Kors
Fuente: Secretaría de Cultura
Definiciones
En estricto sentido, no existe una definición consolidada de “pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes”, lo que provoca que sea todavía más complicado establecer legislaciones que los protejan.
La iniciativa de reforma constitucional, entre muchas otras cosas, propone dar por terminada la discusión y definir a los pueblos indígenas como aquellos que “descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización” y que “conservan sus instituciones sociales, económicas, jurídicas, políticas, o parte de ellas”.
En el caso de las comunidades afrodescendientes, la propuesta las define como los pueblos “que descienden de poblaciones africanas, que fueron trasladadas por la fuerza o se asentaron en el territorio nacional desde la época colonial”.
Fuente: INPI