A partir de la emisión de la convocatoria para la consulta de la revocación de mandato regresa a la vida pública del país una vieja práctica: la veda electoral, periodo en que los funcionarios públicos y las dependencias tienen prohibido transmitir información sobre los programas de gobierno.
Igualmente, en esta época de veda se prohíbe también que los servidores públicos emitan opiniones en torno del referido ejercicio de participación ciudadana. Y como ya es costumbre, se impide que cualquier persona contrate espacios en radio o televisión para expresar sus puntos de vista sobre el tema.
El proceso de la revocación de mandato entra en su etapa final una vez que se ha emitido la convocatoria respectiva y lo hace en un ambiente enrarecido.
Por un lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) demandó una y otra vez más recursos para organizar dicha consulta y hasta intentó suspender la organización, lo cual impidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, la Presidencia de la República criticó la resolución de la SCJN en el sentido de avalar la “pregunta” que se formulará en dicha consulta y que a juicio del primer mandatario es “confusa”.
De este modo, entre vedas, confrontación por recursos públicos y reproches a los ministros el país se dirige a la consulta sobre revocación de mandato en la que debe participar al menos 40% de los inscritos en la Lista Nominal, esto es, más de 36 millones de ciudadanos, para que sus resultados sean vinculantes.
Prohibiciones
El viernes 4 el INE emitió la convocatoria para la celebración de la consulta sobre revocación de mandato.
Con ello comenzó lo que se denomina veda electoral, conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato: “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El INE ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda”.
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, “desde la emisión de la convocatoria (4 de febrero) y hasta la conclusión de la jornada de votación (10 de abril), deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública “y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno solo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil”.
Además, cabe recordar que el 8 de diciembre la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el titular del Ejecutivo federal “realizó promoción indebida del proceso de revocación de mandato (…) al invitar el mandatario expresamente a la ciudadanía a participar, contraviniendo con ello la normativa constitucional y legal, y los principios de imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de manera indebida en dicho proceso”.
Por lo tanto, la comisión “ordenó al presidente de la República que, desde que sea notificado sobre la procedencia de la medida cautelar y hasta concluida la jornada de consulta de revocación, se abstenga de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre este proceso de participación ciudadana”.
En opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador “los del Instituto Nacional Electoral deberían estar promoviendo este método democrático, pero (no lo hacen porque) son muy conservadores”.
Por otro lado, en virtud de que el próximo 5 de junio habrá comicios locales en seis entidades y las campañas comienzan el 3 de abril, también habrá veda electoral, conforme lo establece el artículo 41 apartado C de la Constitución: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Por lo pronto, un grupo de senadores de Morena anunció que preparan una gira por diversas regiones del país para promover la consulta de revocación de mandato.
César Cravioto, senador morenista, precisó que los recorridos serán “para concienzar a la ciudadanía de la importancia de participar en ese ejercicio democrático, pero sin incidir en el sentido de su voto”, para evitar sanciones.
A su vez, Félix Salgado Macedonio solicitó licencia a su cargo de senador de la República a fin de estar en condiciones de promover la participación ciudadana en dicho ejercicio, sin que se haga acreedor a alguna sanción por parte del INE: “Yo lo único que dije es que solicité licencia para separarme del cargo de senador de la República porque voy a hacer tareas políticas. ¿A poco el INE puede quitarme el derecho? Soy libre y dejo el cargo de senador para pasar a ser un ciudadano más; y como ciudadano tengo el derecho de hacer lo que yo quiera hacer”.
En tanto, el presidente de la República señaló que toda vez que él tiene prohibido incentivar la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato espera que “los organismos electorales hagan campaña” sobre el tema; sin embargo, dijo que no tiene mucha confianza en que los institutos electorales inviten a la gente a participar: “Ellos van a querer que el ejercicio pase de noche”.
Así, mientras unos preparan sus herramientas de mordaza, otros ven cómo hacer para informar. El Ejecutivo federal, por ejemplo, tuvo que adelantar la entrega de sus programas sociales, en tanto que el gobernador de Guanajuato no podrá difundir su Tercer Informe de Gobierno en marzo.
Cosas de la censura, la mordaza y la simulación.
Rejegos
En el tema de la revocación de mandato se registró otro asunto polémico: la solicitud de recursos para organizar esta consulta. En agosto el INE presentó un Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal del presente año, el cual ascendía a casi 19 mil millones de pesos. Este consideraba un “presupuesto precautorio” de cinco mil 743 millones de pesos, de los cuales tres mil 830 serían para organizar la revocación de mandato y mil 913 millones para organizar la consulta popular, ambos ejercicios para este año.
La Cámara de Diputados resolvió en noviembre que el instituto podría hacer frente a sus gastos, incluidos los referidos ejercicios de participación ciudadana, con un presupuesto de 13 mil 914 millones; es decir, rechazó la autorización del “presupuesto precautorio” de cinco mil 743 millones de pesos planteado por el organismo.
El 10 de diciembre el INE anunció un ajuste presupuestal para hacer frente a sus responsabilidades: “Para la continuidad en la organización del proceso de revocación de mandato el Consejo General aprobó ajustes presupuestarios adicionales para reducir el costo del ejercicio de tres mil 830 a tres mil 306 millones de pesos; es decir, una reducción de 523.67 millones de pesos; sin embargo, aún son insuficientes para realizar este ejercicio por lo que solicitará a la SHCP mil 738.9 millones de pesos”.
Poco después, el 17 de diciembre, el propio instituto anunció la “suspensión temporal” de la organización del referido ejercicio por “insuficiencia de recursos”.
El Consejo General del INE “determinó por mayoría —seis votos a favor y cinco en contra—, como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal”.
Jalón de orejas
El 21 de diciembre la Cámara de Diputados presentó ante la SCJN una demanda de controversia constitucional en contra del INE por la decisión de aplazar diversas fases de la consulta de revocación de mandato.
Prácticamente de inmediato, el 22 de diciembre, la Comisión de Receso de la Suprema Corte respondió a la demanda y dio la razón a este órgano del Poder Legislativo: la comisión “acordó admitir a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados. Con la admisión se determinó conceder la suspensión solicitada para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso hasta su conclusión”.
La organización del proceso continuó.
Plan de austeridad
El 12 de enero el INE insistió en su demanda de recursos ante la SHCP. Expuso que requería una ampliación presupuestal de mil 738.9 millones de pesos. El 13 el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que el gobierno federal, a través de la SHCP y la SFP, elaboró un plan que podría aplicarse en el INE: “Elaboramos un plan de austeridad para garantizar en términos económicos que la revocación de mandato pueda llevarse tal y como la Constitución lo obliga”.
Los funcionarios concluyeron que con una serie de ajustes en sueldos y gastos de operación, además del uso de una parte de los recursos que el instituto tiene invertidos en un par de fideicomisos, el organismo generaría ahorros por dos mil 972 millones de pesos, “monto superior al que acordó solicitar a la Secretaría de Hacienda”.
Ese mismo 13 de enero el INE solicitó formalmente los recursos adicionales a la SHCP y esta le contestó al organismo electoral el 31 de enero: “No es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales a ese instituto (…); no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del INE u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”.
Los consejeros electorales “lamentaron” la negativa. El presidente del organismo señaló que “a pesar de este contexto, el instituto continuará con los trabajos”.
A juicio del presidente López Obrador en el órgano electoral “hay muchos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueldos que perciben los consejeros, lo cual violenta la disposición constitucional de que ningún servidor público tendrá ingresos mayores a los del titular del Poder Ejecutivo federal”.
Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, pidió a los consejeros del INE “aceptar la propuesta de austeridad del gobierno federal y dejar atrás sus privilegios”.
Confusión
Otro tema de conflicto en torno de la consulta sobre revocación de mandato es la pregunta que se formulará en dicho ejercicio.
De acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato la papeleta tendrá la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”
Y la misma papeleta contendrá dos espacios para que la gente elija:
1) Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza.
2) Que siga en la Presidencia de la República.
Luego de aprobarse este formato legisladores de oposición promovieron una controversia constitucional ante la SCJN en la que solicitaron que se eliminara de la papeleta la opción 2.
Plantearon que solo quedara inscrita la pregunta “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?” y a continuación se inscribieran dos recuadros con las opciones “SÍ” y “NO”.
La SCJN aceptó la solicitud de controversia para su análisis y luego de la discusión respectiva los ministros determinaron que la referida pregunta se mantenga tal como la redactó el Congreso de la Unión así como las dos opciones señaladas.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, así como sus colegas Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Juan Luis González conformaron una minoría suficiente en la SCJN para que la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición fuera desestimada en el pleno.
Como bien sabemos, es necesario que un total de ocho de los once ministros se pronuncien en el mismo sentido para poder emitir alguna sentencia; de lo contrario, el asunto se desestima. Y así sucedió.
Sobre esta resolución el presidente López Obrador expresó: “Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser ‘sí’ o ‘no’. Entonces, es necesario que busquen un buen traductor para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar”.
Al respecto abundó: “Sí es importante lo que resolvió la Suprema Corte en cuanto a no cambiar la pregunta. Ya de por sí no estaba clara o no está clara, o no se sabe”.
La consulta va
Un día antes de la fecha límite para que el INE emitiera la convocatoria de la revocación de mandato la SCJN resolvió que el instituto “deberá garantizar la realización de la consulta, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios”.
Los ministros establecieron igualmente que deben llevar a cabo el ejercicio “tanto como el presupuesto lo permita”, es decir, le permite al INE reducir el número de casillas a instalar, cosa que ya decidió este organismo: no serán 160 mil mesas receptoras sino 57 mil.
Así llegamos a la etapa final del proceso de la consulta sobre revocación de mandato, que estará marcada por la confrontación, pero sobre todo por las prohibiciones para opinar e informar, conforme lo establece la veda electoral.
Sobre esto último el primer mandatario expresó: “Entonces, como ya no vamos a poder hablar, pues por lo menos espero que informen bien las autoridades electorales”, las únicas que podrán hablar de la consulta sobre revocación de mandato.