En el actual proceso electoral se han producido varios choques entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que demuestran las diferencias de criterios que estos adoptan en la interpretación y aplicación de la nueva ley electoral.
Pero los desencuentros no se limitan al organizador y al juez de las elecciones: los propios partidos se confrontan con el árbitro electoral, lo que provoca un hecho inédito: los consejeros del INE resienten la desconfianza del Tribunal Electoral, de los institutos políticos y de los ciudadanos.
Ello provocó que 7 representantes de partidos se retiraran de una sesión del Consejo General en protesta por la forma en que los consejeros electorales discutían los temas de los comicios.
Las discrepancias surgidas entre el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral a partir de las resoluciones de los consejeros electorales en temas como el registro de candidatos, los montos de las multas aplicadas o el retiro de spots a petición de partidos y hasta del gobierno federal por mensajes que se difunden en su contra, abonan a un escenario que ya prevén los actores políticos: la judicialización de las elecciones.
Analistas, partidos y hasta el propio TEPJF prevén este escenario de impugnación, por lo que se vaticina que habrá una gran cantidad de denuncias por presuntos fraudes, compra de votos, inequidad y/o rebase de gastos en las campañas, que si bien en mayor o menor grado son comunes y forman parte de los procesos electorales, ahora tendrán una repercusión mayor.
Así, de comprobarse estas acusaciones, un candidato puede ser sancionado con la pérdida de un triunfo electoral y en casos extremos hasta con la pérdida del registro a los partidos que incurran en violaciones sistemáticas a la ley electoral.
Caso Ebrard
El más claro ejemplo de los choques entre el INE y el Tribunal Electoral es el caso del registro de la candidatura del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, primero como diputado plurinominal y después como plurinominal suplente por el partido Movimiento Ciudadano (MC) por parte del instituto electoral.
Los consejeros electorales avalaron el registro de Ebrad, pero los partidos PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social impugnaron ante el TEPJF su candidatura a la Cuarta Circunscripción como candidato propietario plurinominal.
Los magistrados electorales, por mayoría de votos, determinaron entonces que el ex jefe de gobierno capitalino había participado en dos procesos internos de selección de candidatos de dos partidos de manera simultánea: en el PRD y en MC.
Explicaron que eso ocurrió sin que existiera convenio alguno de coalición, lo que vulnera el principio de equidad de la contienda, ya que se ubica en un plano de ventaja frente a los demás aspirantes.
El magistrado Pedro Esteban Penagos López expuso que la participación de Marcelo Ebrard en los procedimientos de selección interna de dos partidos políticos actualizó la infracción a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), por lo cual su candidatura debía ser revocada.
La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa expuso a su vez que los documentos básicos del partido Movimiento Ciudadano sí prevén la posibilidad de postular candidaturas ciudadanas externas, como es el caso de Ebrard Casaubón.
Sin embargo, dijo que la razón que subyace a la revocación del registro de Ebrard como candidato radica en el incumplimiento de lo establecido en la ley electoral en su artículo 227, que restringe la participación simultánea en dos procesos internos de diferentes partidos políticos en un mismo proceso electoral.
En cumplimiento de lo establecido por el Tribunal Electoral, el Consejo General del INE procedió a cancelar el registro de Marcelo Ebrard, y parecía que hasta ahí quedaría esa diferencia de criterios.
Reintento fallido
No obstante, Movimiento Ciudadano procedió a registrar a Ebrard como diputado plurinominal suplente, lo que aprobaron con siete votos a favor y tres en contra de los consejeros electorales, si bien el proyecto de acuerdo presentado en el Consejo General del INE proponía no registrar a Ebrard después de que el TEPJF negara en una primera instancia su candidatura como diputado prurinominal propietario, por haber participado en dos procesos de selección de candidatos.
De nueva cuenta, y por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF revocó la resolución del INE con la que autorizaba el registro de Marcelo Ebrard como candidato suplente.
La magistrada María del Carmen Alanís afirmó que permitir el registro de Ebrard como candidato suplente “resultaría aceptar un fraude a la ley e implicaría que esta Sala Superior aceptara que sus sentencias carecen de fuerza vinculante para las partes, lo cual para mí es inaceptable porque socavaría la esencia misma de la función constitucional de este tribunal”.
Diferendos
Otra diferencia de criterios entre el Tribunal Electoral y el INE se suscitó cuando la Comisión de Quejas de este último emitió medidas cautelares para suspender la emisión de spots donde se mencionaba que “El Verde sí cumple”.
La Sala Superior del TEPJF determinó en cambio que el PVEM sí podía utilizar esa frase, al considerar que no violaba el modelo de comunicación política.
Los magistrados argumentaron que no se trata de una frase que en sí misma esté prohibido usar y menos aún evidencia una campaña sistemática dirigida a evadir alguna restricción impuesta por el propio modelo de comunicación.
Y cuando el INE analizaba sancionar al Partido Verde por incumplir una orden del instituto electoral, los magistrados del TEPJF precisaron que solo ellos pueden castigar esos incumplimientos mediante el llamado Procedimiento Especial Sancionador.
Criterios diferentes
Una nueva diferencia de criterio electoral surgió cuando la Comisión de Quejas del INE ordenó el retiro del spot del Partido Acción Nacional (PAN) que criticaba el viaje que el presidente de la República realizó a Londres, Inglaterra, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una queja ante esa instancia electoral.
Al revisar el caso, el TEPJF determinó que el spot podía seguir al aire porque no representaba una calumnia, con lo que echó abajo la resolución de los consejeros electorales de suspender su transmisión.
Otro spot fue causa de un nuevo choque entre el juez y el árbitro de las elecciones, ya que la Comisión de Quejas del INE ordenó suspender la difusión del promocional donde se criticaba al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por construir una presa, y a legisladores panistas por pedir “moches”, al considerarse que calumniaban al gobernador y a los diputados panistas.
De nueva cuenta la Sala Superior del TEPJF enmendó la plana a los consejeros: los magistrados determinaron que “el contenido de los promocionales motivo de la denuncia no pueden producir bajo la apariencia del buen derecho un daño irreparable a la imagen, honra y reputación de los denunciantes, pues las expresiones examinadas no se traducen en calumnia, en los términos que se exponen en el acuerdo impugnado, y por lo mismo, tampoco escapan de los límites legales permitidos”.
Por ello, ordenó al INE que de manera inmediata y sin dilación alguna tomara las medidas para que los promocionales impugnados se transmitieran de nueva cuenta en radio y televisión dentro de la pauta del PRI.
Judicialización
Los choques entre los órganos encargados de la organización y de resolver las quejas e impartir justicia en materia electoral, sumado a las tensiones surgidas a lo largo del proceso electoral entre los partidos y el Consejo General del INE, es solo una de las pistas de conflicto que se vivirán en el actual proceso electoral.
El otro escenario de los comicios que ya se presenta y que para analistas, dirigentes partidistas y para el propio Tribunal Electoral se agudizará después de las elecciones es la judicialización de los resultados.
Las nuevas reglas electorales prevén sanciones más severas para castigar la violación de la normativa electoral, por lo que desde el inicio del actual proceso electoral se dio una gran cantidad de denuncias ante el TEPJF por presuntas violaciones a distintas disposiciones electorales, mismas que han continuado a lo largo de estos casi dos meses de campaña.
Analistas como Luis Carlos Ugalde y Eduardo Huchim coinciden en que hay varios elementos de conflictividad social que amenazan la realización de los comicios, sobre todo en entidades como Oaxaca y Guerrero, a lo que se debe sumar el previsible litigio que desde ahora ya anuncian los partidos, en especial donde habrá una fuerte competencia electoral.
De ahí que para los expertos los resultados electorales del 7 de junio serán solo el preámbulo de un gran número de denuncias y litigios que pondrán a prueba los nuevos mecanismos de supervisión y sanción de la reforma electoral, y demostrarán si realmente los cambios sirvieron para evitar las prácticas ilegales que se buscaba combatir.