El lunes 24 de agosto, al celebrarse un encuentro virtual de la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Jesús George Zamora, formuló una serie de comentarios relativos a la posibilidad de generar ahorros en el organismo.
El OIC estableció que es posible ahorrar casi mil millones de pesos en el presupuesto de 2021 que se solicitará a la Cámara de Diputados y que asciende a 20 mil 464 millones de pesos.
Los argumentos se sustentan en un documento que se entregó al presidente de la Junta General Ejecutiva del INE, el consejero Lorenzo Córdova, con copia al resto de los integrantes de esta instancia, entre ellos los titulares de diversas unidades administrativas que conforman el instituto.
Asimismo la contraloría interna detectó que en los últimos ejercicios presupuestales el organismo incurrió en subejercicios, pago de sobrecostos y en general una deficiente planeación presupuestal.
Respetuosas sugerencias
El oficio INE/OIC/309/2020 de fecha 24 de agosto de 2020 tiene inscrito: “Asunto: Comentarios y sugerencias al proyecto de cartera institucional proyectos del presupuesto 2021”.
Dicho oficio contiene comentarios generales sobre el ejercicio de los recursos del presupuesto base, así como una considerable lista de comentarios y sugerencias sobre la posibilidad de reducir costos en las erogaciones relativas a la cartera institucional de proyectos.
Aclara que los comentarios expuestos “surgieron como resultado de un análisis exhaustivo efectuado por 34 auditores a los 127 proyectos que componen la cartera”.
En el documento el OIC expone que de ser atendidos los comentarios y sugerencias estos “podrían impactar en la reducción de la integración de la cartera institucional de proyectos en un monto total de 998.25 millones de pesos, sin que con ello se afecten los principios de certeza y equidad que rigen la actuación de nuestro instituto, ni mucho menos actividades del proceso electoral federal próximo a iniciar”.
Asimismo el documento señala que “como resultado del análisis efectuado y en consonancia con los principios constitucionales de eficiencia, economía y transparencia en la administración de los recursos públicos, se observan amplias áreas de oportunidad para que se reevalúen o reconsideren algunos criterios respecto de la oportunidad, temporalidad y/o monto de ciertos proyectos de la cartera institucional de proyectos que integran el anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio 2021”.
Indica que “resulta pertinente hacer un respetuoso llamado a los integrantes de la Junta General Ejecutiva a fin de que se revise el proceso para la integración del anteproyecto de presupuesto”.
Subejercicios y sobreejercicios
En un primer apartado el OIC formula una serie de comentarios sobre “hallazgos” en el denominado Capítulo 1000 del presupuesto de egresos, es decir, el rubro de sueldos y compensaciones.
Señala: “El presupuesto base en sus fases de ejercido versus el aprobado manifestó una tendencia de subejercicio de recursos de 2015 a 2017, mientras que para 2018 y 2019 se ejerció más de lo presupuestado”.
Así, por ejemplo, en 2017 se presupuestaron para el Capítulo 1000 un total de diez mil 633 millones de pesos y se ejercieron diez mil 558 millones, mientras que para 2019 se presupuestaron nueve mil 879 millones y se ejercieron diez mil 179.
También destaca que “el comportamiento de la cartera institucional de proyectos refleja la misma tendencia en cuanto ejercer menos recursos del presupuesto aprobado y en su caso, modificado”.
En este sentido el documento establece: “Dado que este cúmulo de recursos no se ejercen conforme a lo originalmente planeado, ha originado que el instituto de manera recurrente cada año tenga que realizar reintegros a la Tesorería de la Federación”.
Otro punto que resalta el documento es que en los ejercicios 2018 y 2019 la Cámara de Diputados determinó recortes presupuestales por 800 y 950 millones de pesos, respectivamente. “Sin embargo con apoyo de las ampliaciones líquidas (recursos excedentes) el INE pudo atenuar tales déficits, lo que finalmente se plasmó en un presupuesto ejercido superior al presupuesto aprobado”.
Para el OIC “es de llamar la atención que a pesar de dichos recortes y déficit presupuestario con el que se inició el año, aun así se ejecutaron reintegros a la Tesorería por 198 y 91 millones de pesos, respectivamente (cifras actualizadas); situación que hace obligado el fortalecimiento de la planeación del ejercicio y, más aún, de la solicitud de los recursos”.
Cabe señalar que, “con independencia de los reintegros realizados en cada ejercicio, el instituto ha realizado aportaciones al Fideicomiso Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”.
Sobre dicho subejercicio el OIC establece que “se encuentra motivado por los recursos que se ejercen en menor proporción en el Capítulo 1000 de la estructura base de operación”, es decir, no se ocupan plazas vacantes.
“El INE continúa presentando lapsos prolongados de tiempo sin ocupar plazas que previamente han sido presupuestadas y autorizadas en la estructura de plaza presupuestal de oficinas centrales, lo que confirma la tendencia a sobreestimar la necesidad de recursos pese a las recomendaciones realizadas por este OIC en diversos foros”.
Agrega: “En la auditoría DAOC/07/FI/2019 se identificó en 2018 una desocupación real de 352 plazas presupuestales en diversas áreas de oficinas centrales del instituto, con un costo acumulado de 20.23 millones de pesos. De igual forma se identificó a junio de 2019 una desocupación real en diversas áreas de oficinas centrales del instituto de 371 plazas presupuestales, con un costo acumulado de 6.2 millones de pesos”.
Sin planeación
El OIC también resalta la necesidad de mejorar la planeación en el gasto. “Nuevamente se observa que en el ejercicio 2019 continúa al alza la tendencia de ejercer un importante monto de recursos en adquisiciones hacia el cierre del año, las cuales muestran una disparidad sumamente notable respecto de la planeación de las adquisiciones plasmadas en el Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto”.
Añade que dicha situación “muestra que el INE se acerca al cierre del año con recursos que no ha ejercido de acuerdo a su planeación y por ende las unidades responsables se ven presionadas a erogar dichos recursos faltando escasos días para la conclusión del año, lo cual implica una alta probabilidad de tener que adjudicar directamente y no obtener las mejores condiciones de mercado posibles; lo anterior sin considerar que la necesidad real de obtener dichos bienes en el cierre de año pudiera haberse diluido”.
Por otro lado, la contraloría interna indica que “en materia de adecuaciones al presupuesto se identifica que el instituto continúa con una tendencia a modificar los recursos solicitados originalmente, que va de 54 a 78% del valor del presupuesto base aprobado”.
En virtud de lo anteriormente expuesto el Órgano Interno de Control hace un llamado al Consejo General y a la Junta General Ejecutiva “a fin de que la normativa interna del instituto se revise y que a pesar de la posibilidad de realizar adecuaciones entre proyectos y capítulos del gasto se considere establecer una reducción gradual en la cantidad de adecuaciones que se realizan durante un ejercicio fiscal para que estas lleguen a representar un porcentaje no mayor a 33%, respecto del presupuesto de referencia, ya sea presupuesto base o presupuesto de cartera de proyectos”.
Esta acción, agrega, “promoverá que las unidades responsables lleguen a ser más eficaces y eficientes en la planeación presupuestal. Asimismo mitigará inercias para la creación de nuevos proyectos, necesidades y gastos no previstos en la planeación original, propiciando fomentar, promover y consolidar sanas prácticas en el destino de ahorros y economías”.
Sobrecostos de material electoral
En el marco del inicio de la organización de los comicios de 2021 el Órgano Interno de Control destaca algunos comentarios sobre los sobrecostos pagados por el INE en la adquisición de material electoral.
Al respecto detalla: “Dado que el ejercicio 2021 es un año de proceso electoral federal se sugiere que el instituto haga un esfuerzo en materia de investigaciones de mercado que salvaguarde y garantice las mejores condiciones en calidad y precio. En particular se pone de manifiesto lo que concierne al rubro de material electoral, toda vez que en el ejercicio 2018 se presentó el siguiente hallazgo de la auditoría DAOC/08/FI/2018: se realizó una primera investigación de mercado con tres posibles proveedores; sin embargo de último momento se realizó una segunda investigación de mercado donde ya se consideró a Talleres Gráficos de México (TGM), investigación que contaba con tres posibles proveedores y con el tiempo necesario para realizar una licitación pública.
“Se detectó que TGM subcontrató 100% de los servicios del contrato INE/090/2017.
“El Instituto Nacional Electoral pagó a Talleres Gráficos de México 44 millones 382 mil 792 pesos. Talleres Gráficos de México pagó a sus proveedores subcontratados 17 millones 682 mil 239 pesos. Esto representó un sobrecosto para el INE de 26 millones 700 mil 552. De esta manera el costo real vs. costo pagado por INE fue 2.51 veces”.
Asimismo la contraloría interna detectó que mediante el contrato INE/022/2018 el instituto pagó otro sobrecosto a TGM: “Se detectó que Talleres Gráficos de México tuvo presumiblemente una utilidad de 66.8%, derivado de la subcontratación de 93.93% de los servicios del contrato INE/022/2018.
“El INE pagó a TGM 164 millones 846 mil 737 pesos. TGM pagó a sus proveedores subcontratados 44 millones 647 mil 351 pesos. Sobrecosto para el INE: 110 millones 125 mil 871 pesos. Costo real vs. costo pagado por INE: 3.69 veces.
“Sobrecosto total pagado por el INE: 136.8 millones de pesos (por los dos contratos)”.
Posibles ahorros
El oficio enviado por el OIC a la Junta General Ejecutiva del INE enumera en una larga lista las áreas de oportunidad en las que se pueden obtener economías, sobre todo a partir de aprovechar los recursos humanos con que cuenta el organismo y no subcontratar servicios externos. “Con la información proporcionada permanece vigente la necesidad de generar criterios para determinar el número de personal que requieren las áreas para los proyectos”.
En este sentido “se recomienda fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que se ejerzan recursos del presupuesto base en los proyectos específicos”.
El Órgano Interno de Control precisa que “de los proyectos analizados se identificó que 8.66% (once) de los 127 proyectos de la cartera institucional (no incluyendo los relacionados con procesos electorales) están enfocados en cubrir o realizar las atribuciones o funciones propias de las diferentes unidades responsables, para lo cual tienen asignada una estructura organizacional determinada, lo que implicaría en los proyectos un monto de 48 millones 499 mil 331 pesos en Capítulo 1000 (honorarios eventuales)”.
Entre los “comentarios particulares” resaltan algunos casos, como el F152010, Estrategia nacional de difusión 2020-2021. Para este proyecto el monto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica es de 61.79 millones de pesos.
Sobre esta solicitud el OIC recomienda: “Se sugiere reconsiderar una solicitud de 31.08 millones de pesos, dado que el instituto formalizó en 2019 el contrato plurianual INE/121/2019 para tener los servicios de una casa productora que realice los materiales audiovisuales de la campaña institucional 2020-2021 y el importe máximo que se previó ejercer para 2021 es de 28.62 millones, por lo que no se justifica la diferencia.
“Adicionalmente, se pretende la contratación de siete plazas a nivel central; sin embargo para este tipo de proyectos se realiza la contratación de agencias que realizan la producción de los materiales audiovisuales y demás insumos necesarios, por lo que no existe la necesidad de contratar personal eventual, dado que para estos fines se contrata los servicios de un tercero, lo que generaría un ahorro de 1.32 millones de pesos”.
Por otro lado, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores solicita recursos para el proyecto de Distritaciones locales y federal. Sobre este particular el OIC comenta: “Para 2021 se solicitan 46.99 millones de pesos para elaborar las bases de trabajo consistentes en insumos y reglas operativas que se difundirán a nivel nacional mediante la realización de mesas de trabajo para la generación de la distritación local y federal”.
El proyecto “tendrá como alcance preparar las estadísticas censales a escalas geoelectorales, definición de criterios de distritación, generación de un nuevo marco distrital equilibrado con el censo de población 2020 e instalaciones de cabeceras distritales a nivel federal y local”.
Sobre el monto solicitado el OIC recomienda: “Se sugiere reconsiderar la solicitud de 46.99 millones de pesos dado que no se justifica la solicitud del monto señalado para la ejecución de este proyecto en el ejercicio 2021, toda vez que en el artículo 214, numerales 1 y 2 de la LGIPE, se establece que:
“1. La demarcación de los distritos electorales federales y locales la realizará el instituto con base en el último censo general de población y los criterios generales determinados por el Consejo General; y, 2. El Consejo General del instituto ordenará a la Junta General Ejecutiva los estudios conducentes y aprobará los criterios generales.
“La distritación deberá, en su caso, aprobarse antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse, por lo que en tanto no existan dichos criterios generales y el Consejo General no ordene a la Junta General Ejecutiva los estudios conducentes, como son los que pretende este proyecto, no pueden programarse ni erogarse recursos para actividades que el Consejo General aún no define, para lo cual se requiere forzosamente de la existencia de resultados del Censo General de Población y Vivienda 2020, lo que acontecerá hasta finales de 2020”.
En otro rubro la Coordinación de Asuntos Internacionales solicitó 20 millones de pesos para el proyecto Fondo de apoyo a la observación electoral y al acompañamiento técnico.
Al respecto el OIC comenta que para 2021 se piden esos recursos “para realizar el Pago de cuotas y aportaciones a organismos internacionales a una instancia internacional para administrar y operar el Fondo de apoyo a la observación electoral a efecto de que, mediante criterios de operación, otorgue los recursos a organismos de la sociedad civil”.
El órgano interno “sugiere reconsiderar la solicitud de 20 millones de pesos, dado que no se tiene soporte normativo que establezca la ‘obligatoriedad’ de otorgar recursos para este fin (Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico)”.
Al final del oficio del Órgano Interno de Control se presenta una tabla con la Integración de propuesta de montos a reconsiderar de la cartera institucional de proyectos, misma que arroja un total de 998.25 millones de pesos, es decir, un ahorro bastante considerable si se tomaran en cuenta las “recomendaciones” del contralor Jesús George Zamora y su equipo.