Cada vez se habla menos por teléfono pero en cambio se mensajea más por las diversas redes sociales disponibles. De hecho la adquisición de más smartphones se correlaciona con contar con un mejor dispositivo móvil con mayor capacidad para descargar sitios como WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera.
El mayor porcentaje de usuarios de internet se localiza en Asia-Pacífico con 53% a nivel global y una penetración de 48%. Europa ostenta una penetración mayor, de 78%, aunque los usuarios suponen 15% a escala mundial.
“África y Oriente Próximo juntos cuentan con 13% de los usuarios globales de internet, con una penetración de 32%. El porcentaje de acceso aumenta en las regiones de América Latina y el Caribe, con 62%, y en América del Norte, con 89%”, según Internet Trends.
Entre 2020 y 2025 (este pronóstico se realizó antes de la pandemia) se preveía que el volumen de nuevos datos registrase un incremento de hasta 32 por ciento.
Muy seguramente el panorama cambió acelerando la interconectividad por el teletrabajo, el aula virtual y la necesidad de informarse de otra forma en las redes sociales en muchos hogares.
Otros datos relevantes indican un incremento de 30% a escala mundial en horas de navegación por Facebook; de 27% en YouTube, y de 25% en WhatsApp. El potencial es enorme. Y si no hace mucho se hablaba de los medios de comunicación como el cuarto poder, la era digital es el metapoder: la nueva veta está en las aplicaciones de mensajería.
En España se analiza incluso un anteproyecto de ley para utilizar dichas plataformas para enviar mensajes del gobierno a los millones de usuarios de teléfonos móviles, ya sea para alertar de urgencias o bien de amenazas en ciernes.
Meter la mano
Ante la emergencia de la pandemia y con Madrid al borde de otro confinamiento, afectada la ciudad por una segunda ola del coronavirus, el gobierno central ha enviado una serie de SMS a varios grupos de ciudadanos para que acudan cierto día y a una hora determinada para realizarse una prueba PCR. La Ley de Telecomunicaciones faculta al gobierno para enviar los mensajes que considere pertinentes.
En España las operadoras de telefonía están obligadas por ley a apoyar al gobierno cuando necesite enviar algún SMS, aunque la ambigüedad de su uso permite que una persona reciba desde un mensaje electoral en su teléfono móvil hasta una alerta en torno del coronavirus.
De esta manera Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ordenó el envío de 1.9 millones de mensajes a los teléfonos móviles de los ciudadanos de la región con la intención de darles a conocer avances acerca de la situación del coronavirus y su impacto local.
Ninguna persona pidió la información: simplemente empezó a llegar sin que el receptor tuviese claro por qué razón la recibía, ni quién había proporcionado su número o si, en todo caso, le generaría algún costo en su tarifa de pago o de prepago.
Como tampoco dieron su consentimiento los casi dos millones de personas que en noviembre del año pasado recibieron atónitos una serie de SMS con un mensaje de Pablo Casado, líder del Partido Popular, invitando a las personas a votarle en las elecciones generales.
Si bien existe una normativa sobre protección de datos personales con base en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que se aplica desde mayo de 2018, la gente no entiende por qué recibe mensajes no solicitados si no comparte su número privado, ni mucho menos da autorización expresa a alguna autoridad o ente comercial o empresa de marketing político para que invada su privacidad.
No obstante el gobierno del socialista Pedro Sánchez ante la emergencia de la pandemia plantea ir un paso más allá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.6 del título 1 del anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones: “El gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.
¿Qué es lo que plantea el gobierno español? El anteproyecto incluye utilizar WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger (multinacionales tecnológicas) equiparándolas en el mismo esquema de las empresas de telefonía con el propósito de usar cuando lo requiera las redes sociales y los servicios de mensajería por internet catalogados como servicios Over The Top (OTT).
Las multinacionales quedarían adscritas al Registro de Operadores, con lo que tendrían las mismas obligaciones que una operadora de telefonía y por ende el deber de transmitir alertas públicas cuando el gobierno lo considere necesario y cuantas veces lo requiera.
¿Bajo qué supuestos sería? La persona podría recibir un mensaje por WhatsApp, Telegram o Facebook alertándola de algún peligro, riesgo o amenaza que afecte la seguridad nacional o la vida de los ciudadanos.
El gobierno de Sánchez esgrime que “no quedará alterada la intimidad”, defendiendo que las modificaciones legales no implican lectura de mensajes ni intercepción de los mismos.
¿Iría contra la normativa europea? No. De hecho el uso de los servicios de mensajería digital lleva tiempo discutiéndose en Bruselas bajo la pauta del Órgano de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC, por sus siglas en inglés). El anteproyecto se basa en una directiva de la UE (2018/1972), del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 2018, que incluye los servicios de comunicaciones electrónicas.
Uno de los apartados del texto presentado en audiencia el 11 de septiembre indica que “las operadoras de telefonía” como Orange, Vodafone o Movistar deben “transmitir alertas públicas a los ciudadanos” en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes; es un hecho puntual que ya viene sucediendo: el paso ahora es incluir a todas las plataformas de mensajería.
Dudas y suspicacias
En España hay más de 54 millones de líneas móviles, 94% son smartphones y de este núcleo 62% usa habitualmente las redes sociales preferentemente: YouTube, 89%; WhatsApp, 86%; Facebook, 79%; Instagram, 65%, y Twitter, 53 por ciento.
Según reportes de Digital 2020 a 73% de los españoles “le preocupa” que sus datos personales se usen para fines que ignoran tanto en el presente como en el futuro.
Respecto del anteproyecto Vértigo entrevistó en exclusiva a un connotado grupo de abogados españoles que coincidieron en señalar que la medida debe permitir también el derecho de las personas para no ser incluidas en los potenciales mensajes oficiales.
Con este propósito Ismael Oliver, cabeza del prestigioso despacho Oliver Abogados, recuerda que el anteproyecto tiene lugar a modificaciones hasta el próximo 13 de octubre y sería de esperar una serie de enmiendas para incorporarle.
Oliver considera que el anteproyecto como está en la actualidad puede dar lugar a varias posturas, sobre todo una un tanto alarmista: “Que pudiéramos pensar es una injerencia porque el gobierno pudiera estar inmiscuyéndose en la intimidad y las comunicaciones de los ciudadanos”.
Sin embargo el destacado experto legal que aquí en España ha llevado el caso de la detención de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, refiere que el texto “no dice eso” ya que no habla de intervenciones o de intercepciones sino de usar los medios digitales.
“Ya se superó la época de la campana de la iglesia para avisar del incendio. Ante las situaciones que vivimos en el mundo entero hay medios de comunicación que hoy son más efectivos y más rápidos”, refiere.
Al mismo tiempo Oliver trae a colación que el gobierno puede usar los SMS para enviar mensajes a la población y “nadie se ha alarmado”. Y es que los organismos públicos están autorizados para hacerlo.
—Entonces, ¿qué es lo que inquieta?
—La noticia del anteproyecto y de la futura ley. No es tanto su contenido, que no debería alarmarnos, sino el uso que se le pueda dar. Y probablemente requerirá un reglamento que desarrolle el uso, que no es la interceptación. Recordemos que las palabras son muy importantes: aquí no se habla de interceptar, se habla de usar, de canalizar ese medio de transporte que no deja de serlo.
Oliver destaca que es parte de los riesgos de esta era digital en la que no dejar rastro o preservar totalmente la intimidad es realmente complicado y con las nuevas tecnologías se tienen aspectos positivos y negativos.
“He tenido contacto con presidentes de grandes compañías y ninguno tiene un smartphone. Es muy curioso. De hecho hasta un presidente de una importante compañía telefónica no lo tenía porque no quería que supieran dónde estaba”, comenta el abogado.
En cuanto al anteproyecto Oliver apunta que cuando se trata de regular está bien “porque esto mismo lo podrían hacer sin más”, así es que al regularse hay límites y el imperio de la ley lo establece y lo dice muy claro, “aunque hay un riesgo”.
Por su lado el renombrado jurista Jacobo Teijelo opina que es muy peligroso “entrar en este tipo de terreno por parte del gobierno” y habría que ser “claros” para evitar darle facultades en una labor de propaganda.
Al dirigente de Teijelo Abogados le parece “sospechoso” y ante todo recomienda que aplicado en un estado de alarma o de excepción debería contar con la aprobación de una autoridad judicial y que en efecto sirva para enviar los mensajes de alerta, pero que sean “neutrales” y sin ninguna propaganda.
“En todo caso debería haber límites y que la gente pueda decidir ponerlos en spam, o en no deseados, o simplemente no querer recibirlos, porque además está en su derecho”, recalca.
—¿Podría darse un exceso con el anteproyecto?
—Claro. Una cosa es que se puedan transmitir determinados mensajes por una emergencia, pero esos mensajes no deben tener ningún sesgo por parte de la autoridad. Hay que evitar que se den consignas oficiales. Cualquier tipo de comunicación oficial del gobierno es sospechosa porque siempre quiere llevar agua a su molino. Y lo digo de este y cualquier gobierno. Hay que asegurarse por todos los medios de que esa posición de ventaja de poder comunicarse con todo el mundo no se convierta, como en los tiempos de Franco, en el parte de Radio Nacional de España obligatorio para todas las radios.
Teijelo resalta que “ahora mismo” la guerra está en las comunicaciones, no solo en cuanto a medios sino desde luego en cuanto a contenidos: por eso es prioritario evitar cualquier sesgo y manipulación.
Y puntualiza que en España ya hace tiempo están autorizadas ciertas escuchas e intervenciones, como Sitel, que usan la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia; se trata de una herramienta informática para escuchas telefónicas.
En cuanto al anteproyecto que permitirá enviar mensajes del gobierno mediante WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones digitales, Teijelo comenta que dichas compañías no tienen sede en España y “entonces las intervenciones tienen que ser más artesanales”.
En todo caso, agrega convencido, una cosa es “el control pasivo de las comunicaciones” y otra “la intervención” en cuanto a contenidos y que puedan enviar mensajes.
“Pero no es un problema del gobierno actual. El gobierno del PP fue el que puso en marcha el sistema de Sitel. Todos los gobiernos tienen especial cariño al control de las comunicaciones y de la propaganda: todos son iguales”, acota Teijelo.
El control de las masas implica influir en su opinión, así como en su estado de ánimo: “En España hasta hace poco había dos cadenas de televisión; luego cinco y cuatro periódicos controlados. Y cuando entra internet la gente empieza a compartir, a leer y a buscar por su cuenta. Qué casualidad que ahora esté allí el interés para controlar esa opinión pública. Ese es el problema que hay detrás”.
A su vez el abogado Ricardo Bocanegra dice que “la clave fundamental está en el uso” que se haga de dichas ventajas, porque puede ser adecuado o inadecuado.
“Todo lo que sea por el interés público, general y tenga una utilidad pública a través de las nuevas tecnologías, para mí bienvenido siempre y cuando tenga el uso adecuado; se trata de una ventaja importante”, subraya.
El licenciado español, quien dirige la Gestoría Bocanegra —una de las más reputadas de la Costa del Sol—, puntualiza que en ningún caso sería aceptable que esa normativa diera lugar para excederse o bien hurgar en la intimidad de los usuarios. “Entiendo que el anteproyecto está pensado con el objetivo de informar a la gente cuando haya cosas importantes, pero para nada se me pasa por la cabeza para tener injerencias. En todo caso lo más recomendable sería evitar que haya abusos por parte de la autoridad competente mediante un serie de normas que impidan que pueda haber abuso”, reflexiona.
Con el potencial de las aplicaciones y el poder de las redes sociales es de esperarse que surjan muchos cambios al respecto. ¿Hasta qué punto habrá que ceder la intimidad en aras de la seguridad nacional o bien de preservar la estabilidad ante una amenaza de cualquier índole? La nueva veta dorada…