La Paz, Bolivia, 2 de junio de 2026. Las autoridades de La Paz declararon el estado de emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días, luego de cumplirse un mes de intensos bloqueos y protestas civiles que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La medida busca priorizar el crítico suministro de oxígeno medicinal en hospitales y centros de salud, los cuales se han visto obligados a suspender cirugías programadas y atender únicamente casos de extrema urgencia.
El aislamiento de La Paz y El Alto ha provocado un severo desabastecimiento de alimentos y combustibles, afectando ya a siete de las nueve regiones del país. Los cortes de ruta registran un saldo trágico de fallecidos debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna, mientras que el sector empresarial estima pérdidas económicas superiores a los dos mil millones de dólares en medio de la ya debilitada economía que heredó el actual mandatario.
A pesar de los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para priorizar el diálogo y de las presiones de la oposición para decretar un estado de excepción, los sindicatos movilizados ratificaron la continuidad de las protestas. Dirigentes afines al expresidente Evo Morales a quien el gobierno acusa de promover el conflicto advirtieron que la crisis sólo se resolverá con la dimisión definitiva del presidente Paz.