Buenos Aires, Argentina, 11 de junio. La expresidenta argentina Cristina Fernández aguardaba que la justicia decida si accede a su petición de cumplir en su domicilio de Buenos Aires la condena a seis años de prisión por corrupción que la víspera ratificó la Corte Suprema.
Fernández (2007-2015) cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal federal que hace tres años dictó la sentencia de cárcel en su contra y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para ser notificada de dónde deberá cumplirla.
Carlos Beraldi, abogado de la líder del peronismo opositor, dijo a periodistas que mientras corre el plazo la exmandataria ha tramitado “un pedido de arresto domiciliario que el tribunal tendrá que resolver”.
La también exvicepresidenta (2019-2023) y principal figura política de las últimas dos décadas reside junto a su hija y su nieta menor de edad en el apartamento de un antiguo edificio situado al sur de la capital en el que espera cumplir su reclusión. Beraldi fue a visitarla en horas tempranas del día para analizar su situación procesal.
Los argumentos que Fernández ha esgrimido para gozar de prisión domiciliaria son ser mayor de 70 años —uno de los atenuantes que contempla la ley para otorgar ese beneficio—, haber ejercido la presidencia y haber sido victima de un intento de atentado en 2022, un antecedente que a su entender requiere que cuente con medidas de mayor resguardo que las que tendría en una prisión común.
Beraldi señaló que su defendida ha pedido además cumplir la reclusión sin tener que portar una tobillera electrónica que, según acotó, “es una medida de seguridad que en el caso de Cristina no tiene ningún sentido porque es para monitorear que no sale de su domicilio y para eso está su custodia”.
“Siempre cumplió con todas las disposiciones” de la justicia, aseveró el letrado sobre su defendida, de 72 años.
En medio de una gran expectativa, la Corte Suprema, máximo tribunal del país, confirmó el martes la sentencia dictada en contra de Fernández en un juicio en 2022 que la halló culpable del delito de administración fraudulenta durante su gestión. Ese fallo fue ratificado a fines de 2024 por la principal cámara penal.
El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario de Fernández que había objetado la legitimidad de las pruebas presentadas en su contra durante el juicio en el que fue hallada culpable de haber perpetrado un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de fondos estatales a un empresario allegado para la realización de obras públicas.
Fernández se considera víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.
En lo inmediato, la dirigente peronista no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, como había anticipado.