Nuevas formas de censura judicial y legislativa en México

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa “profunda alarma ante el resurgimiento de mecanismos de censura en distintos estados de México, materializados en decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes”.
En semanas recientes, se han registrado varios casos que configuran una preocupante tendencia:
“Campeche: Un tribunal local impuso una orden judicial sin precedentes al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores”.
“Puebla: La reciente reforma al artículo 167 del Código Penal de Puebla amplía el delito de “ciberacoso” e introduce un nuevo supuesto de “violencia digital” que castiga con prisión a quien “realice publicaciones que afecten la dignidad” de una persona”. La SIP advirtió que “su redacción ambigua y amplia de la norma puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos, lo que representa una forma de censura legal anticipada”.
“Ciudad de México: El Instituto Nacional Electoral exigió a un medio digital que entregue documentos, videos y fuentes vinculadas a una investigación sobre presunta entrega de “acordeones” en la elección judicial del 1 de junio. La amenaza de una multa de hasta 11 millones de pesos (cerca de US$590.000) en caso de incumplimiento, representa una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico. En otro caso, el organismo también pidió a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente relacionada con los mismos “acordeones”, en contra de la legislación vigente que protege la secrecía periodística”.
“Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador. “Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), expresó: “Estos hechos sientan precedentes graves. Si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio. Y si desde un órgano electoral se exige a periodistas revelar fuentes o enfrentar multas millonarias, estamos ante una forma sofisticada de coerción que no puede tolerarse”.