La Fiscalía Federal de EU presenta cargos penales en contra suya y de nueve funcionarios más de Sinaloa.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones formales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala junto a otros nueve funcionarios estatales de presuntos vínculos con el crimen organizado y actos de corrupción.
El pasado miércoles 29 de abril se formalizó la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la cual señala a estos funcionarios sinaloenses de haber puesto a las instituciones estatales al servicio de Los Chapitos comandados por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.
Para diversos expertos, congresistas mexicanos y estadunidenses, así como líderes partidistas, el caso Rocha Moya representa una de las crisis diplomáticas y políticas más graves entre México y Estados Unidos en años recientes, al ser la primera vez que el Departamento de Justicia norteamericano acusa formalmente de narcotráfico a un gobernador mexicano en funciones.
Los especialistas consideran que la acusación contra Rocha sacude las bases gubernamentales de México y coloca al Poder Ejecutivo ante la disyuntiva de respaldar a un miembro de su partido o cooperar con la justicia estadunidense, lo que podría implicar la extradición de un alto funcionario en funciones ligado a las más altas esferas de gobierno desde el sexenio pasado.
A través de su embajada, Estados Unidos envió un mensaje claro de que no tolerará vínculos de funcionarios con el narcotráfico cuando estos impacten en su seguridad nacional.
Al respecto, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, respaldó la investigación y las acusaciones penales contra el gobernador sinaloense, al afirmar que la corrupción que facilita el crimen organizado será investigada y procesada priorizando la rendición de cuentas.
Los conocedores de la relación bilateral aseveran que el asunto es sin duda una herramienta de presión, ya que el caso permite a la administración estadunidense, bajo el contexto de las políticas de seguridad de Donald Trump, presionar a México para obtener una mayor rendición de cuentas y cooperación en seguridad fronteriza.
Diversos conocedores en materia de diplomacia dicen que la respuesta del gobierno mexicano pondrá en juego su imagen como socio confiable comercial y en el combate al crimen organizado.
Por ejemplo, la organización American Society of Mexico (AmSoc) exigió al gobierno federal claridad y cooperación en la investigación.
A través de un comunicado, la AmSoc destacó que la colaboración entre ambos gobiernos no es algo que se pueda rechazar, debido a los compromisos bilaterales vigentes en materia de seguridad y combate contra el crimen organizado.
“Los procesos judiciales estadunidenses se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso. La cooperación judicial entre Estados Unidos y México no es optativa: es un imperativo. La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío”, señala el comunicado.
A esto se suma que según reportes periodísticos el gobernador de Sinaloa habría perdido su visa para ingresar a Estados Unidos desde 2025.
El periodista Steve Fisher, corresponsal en México de Los Angeles Times, reveló el pasado 27 de abril que el gobierno norteamericano revocó desde hace un año la visa del gobernador, información que presuntamente se mantuvo oculta.
En tanto, el congresista republicano por Florida, Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, expuso: “Los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos responsable. Esto es solo el comienzo”.
Procedimiento
Por el momento, Estados Unidos envió la solicitud de captura el 28 de abril a través del Departamento de Justicia.
Inmediatamente, el 29 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideró que la documentación carece de los elementos probatorios necesarios según el acuerdo bilateral de extradición.
“De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana. Los documentos, que fueron recibidos por parte de la embajada de Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del tratado de extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, dijo la cancillería.
La FGR informó el 30 de abril que iniciará una investigación paralela para recabar información propia, pero reiteró que su obligación primordial es proteger los derechos y garantías inalienables de las personas requeridas. “El posicionamiento de la FGR respalda el derecho al debido proceso de los funcionarios señalados y concluye con una máxima que regirá el actuar del gobierno mexicano frente a las presiones extranjeras: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, dijo la FGR.
Por su parte, Estados Unidos tendrá un periodo de 60 días para presentar pruebas suficientes para la extradición, una vez que sea formalizada la detención.
La decisión de entregar o no al gobernador dependerá de la SRE, bajo la dirección del Ejecutivo federal, tras la revisión de la FGR.
Escenario
Desde la detención de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024 la situación en Sinaloa ha generado una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, denuncias de montajes gubernamentales y una activa movilización ciudadana por la paz.
El 25 de julio de 2024 Zambada fue capturado en El Paso, Texas, no por rendición, sino tras una emboscada orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.
El Mayo relató en una carta haber sido citado a una reunión con Rocha Moya y Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde fue emboscado, atado y trasladado a EU contra su voluntad.
Por esta situación se detectó el denominado “montaje de la gasolinera”, que puso en entredicho el actuar del gobernador Rocha con una falsa versión en la que inicialmente la Fiscalía General del estado sostuvo que Cuén fue asesinado en una gasolinera durante un intento de robo.
Posteriormente se confirmó la falsedad de esta versión de la fiscalía estatal, cuando la FGR desmintió esta versión, calificándola de montaje. La investigación demostró que Cuén fue asesinado en la misma finca (Huertos del Pedregal) donde El Mayo fue secuestrado, horas antes de lo reportado.
Se encontró sangre de Rodolfo Chaidez, escolta de El Mayo, en la batea de la camioneta utilizada en el video de la gasolinera, confirmando que la escena fue manipulada. La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna, renunció ante las inconsistencias; empleados de la Fiscalía local fueron investigados, rechazando ser “chivos expiatorios” y argumentando que siguieron testimonios falsos.
La captura de este líder criminal desató la denominada narcoguerra entre los grupos ligados a Los Chapitos (hijos de El Chapo) y La Mayiza (leales a El Mayo).
Ahí comenzaron las cifras de terror. De 2024 a 2026 Sinaloa ha enfrentado una crisis de seguridad sin precedentes, con un total acumulado de dos mil 680 víctimas de homicidio doloso hasta marzo pasado. La violencia, impulsada por conflictos internos en grupos criminales, llevó a que 2025 fuera el año más letal en 14 años para el estado, según informes de la organización Causa en Común.
Ante la ola de asesinatos, secuestros y bloqueos, la sociedad civil ha marchado repetidamente en Culiacán, vistiéndose de blanco y exigiendo el fin de la violencia.
En septiembre de 2025 alrededor de 50 mil personas marcharon en Culiacán para exigir seguridad y justicia al grito de “¡Fuera Rocha!”, criticando la inacción de la autoridad estatal y federal.
Cargos
De acuerdo con el documento oficial emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el gobierno de Rubén Rocha no hay duda de que Sinaloa es un “narcoestado”, por lo que acusa de cinco cargos delictivos a Rocha Moya y nueve personas más: el senador y exsecretario general Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector policial, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán.
El primer cargo es por asociación delictuosa para la importación de narcóticos. “Se les acusa de conspirar para violar las leyes de narcóticos de Estados Unidos. Específicamente, se les señala de facilitar la fabricación, distribución e importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia el territorio estadunidense”.
La segunda imputación es por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos —los diez imputados enfrentan este cargo—. “Los acusados utilizaron y portaron a sabiendas armas de fuego y, en la comisión de dicho delito, poseyeron a sabiendas armas de fuego, y ayudaron y apoyaron el uso, porte y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras capaces de disparar automáticamente más de un tiro, sin recarga manual, con una sola acción del gatillo, así como dispositivos destructivos”, detalla el documento judicial.
El tercer cargo es por conspirar y aliarse para violar las leyes federales de armas. “Este cargo penaliza el acuerdo subyacente de utilizar armamento letal para proteger al cártel y asegurar el éxito del trasiego de narcóticos”.
Un cuarto cargo es por secuestro y muerte de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Al excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, se le imputa haber participado directamente en octubre de 2023 en el secuestro de Alexander Meza León, una fuente confidencial de la DEA, y de uno de sus familiares de tan solo 13 años. La acusación detalla que este crimen resultó en la muerte de ambas víctimas como represalia por la información que la fuente entregó a Estados Unidos sobre las operaciones de Iván Archivaldo Guzmán.
El quinto y último cargo es por asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte. En este caso el documento especifica que Millán utilizó a sus agentes municipales y automóviles patrulla para detener a las víctimas y entregarlas a los sicarios del cártel, quienes procedieron a torturarlas y asesinarlas.
Posturas
Al respecto, el Poder Ejecutivo dijo que si la FGR, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a Derecho bajo la jurisdicción mexicana.
El gobierno federal aseguró que “nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
En un comunicado, el gobierno mexicano expuso que “se requiere presentar datos de prueba de que una persona comete algún delito. Hay un escrito de unos testigos que no dice quiénes son. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, no ha informado más allá de esto”.
Rubén Rocha, por su lado, expuso: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
Agregó: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, dijo Rocha.
La FGR fijó su postura en un comunicado. “De acuerdo con la legislación mexicana y el tratado bilateral de extradición no basta con emitir una acusación para proceder con una detención. La autoridad federal fue categórica al precisar que la solicitud enviada por el gobierno estadunidense no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Finalmente, la FGR recordó que “la figura del gobernador del estado está protegida por la Constitución. La legislación mexicana establece claramente que para proceder penalmente contra un mandatario estatal es requisito indispensable iniciar primero un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal (fuero). Saltarse este paso representaría una violación al Estado de Derecho”.
Así, para los especialistas el caso Rubén Rocha genera una crisis en la relación bilateral, con el gobierno mexicano cerrando filas en torno del gobernador y el Departamento de Justicia de EU presionando por su extradición.
De hecho, Movimiento Ciudadano presentó ante la Cámara de Diputados una demanda de desafuero contra el gobernador Rocha, el senador Inzunza y el alcalde Gámez.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso la postura del gobierno mexicano sobre el caso. “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación, menos de entreguismo: verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
Así lo ve la prensa en EU
El diario The New York Times expuso que la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya podría generar tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, pues destaca que el gobernador de Sinaloa es un “miembro de mayor rango” en Morena.
CNN señaló que con las acusaciones contra Rocha se complicó la relación México-EU.
The Wall Street Journal estableció que EU acusó al gobernador y a otros funcionarios de narcotráfico, lo que desató una disputa diplomática con el gobierno federal mexicano en medio de la creciente presión para combatir a los cárteles.
Los Ángeles Times mencionó que los funcionarios acusados son miembros del partido gobernante Morena, lo que plantea un dilema político para el Ejecutivo mexicano en su intento por contrarrestar las crecientes presiones de la administración Trump y podría empañar los recientes esfuerzos de su gobierno para combatir a los cárteles.
Univisión estableció que el caso asignado a la jueza federal Katherine Polk en el Distrito Sur de Nueva York forma parte de una estrategia más agresiva de EU para desmantelar las redes de apoyo político de los carteles transnacionales.
Acusados por el Departamento de Justicia
- Rubén Rocha Moya Es el actual gobernador del estado de Sinaloa. Llegó a este cargo como candidato del Partido Sinaloense (PAS) en alianza con Morena en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021. Actualmente de 76 años, inició en la vida pública como secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Para 1998 contendió por la gubernatura bajo la coalición PRD-PVEM-PT.
- Enrique Inzunza Cazárez Senador de Morena por Sinaloa, llegó a la cámara alta por el principio de mayoría relativa. Fue secretario general de Gobierno de Rocha Moya. Entre otros cargos, fue asesor de la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaría General del gobierno de Sinaloa. En 2015 fue magistrado adscrito a la Magistratura III del Supremo Tribunal de Justicia.
- Juan de Dios Gámez Mendívil Actual alcalde de Culiacán. Fue presidente municipal sustituto de Culiacán en junio de 2022. Dos años después ganó la elección para ser alcalde en el trienio 2024-2027.
- Enrique Díaz Vega Empresario y político sinaloense, formó parte de la administración del gobernador Rocha. Incursionó en el sector empresarial de Culiacán, con una presencia destacada particularmente en los ramos inmobiliario y de la construcción. El 1 de noviembre de 2021 fue nombrado titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa. En febrero de 2024 presentó su renuncia al cargo. Su salida fue comunicada como una decisión personal para reincorporarse a sus actividades en el sector empresarial.
- Dámaso Castro Zaavedra Vicefiscal general de Sinaloa. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UAS. Pasó 23 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado, con distintas responsabilidades como agente del MP. También fue director de la Unidad de Litigación Oral de la Región Centro.
- Marco Antonio Almanza Avilés Tuvo una trayectoria de 30 años en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, donde escaló dentro de la estructura de seguridad estatal, pasando de labores operativas a altos mandos directivos. Comenzó su carrera realizando labores de investigación y tras 14 años de servicio fue ascendido al rango de comandante. En 2010 asumió el cargo de coordinador de Investigaciones. En 2019 rindió protesta como comisario general de la Policía de Investigación del estado.
- Alberto Jorge Contreras Núñez Se desempeñó como servidor público en Sinaloa, ocupando el cargo de jefe de la Policía de Investigación en la Fiscalía General del estado. Fue responsable de la coordinación de investigaciones criminales y el diseño de operativos estratégicos en la entidad. Su labor institucional incluía la supervisión de agentes, la integración de expedientes y la ejecución de estrategias orientadas al esclarecimiento de delitos.
- Gerardo Mérida Sánchez General retirado originario de Poza Rica, Veracruz, fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo en el que estuvo por 15 meses entre 2023 y 2024. Ha servido como comandante en diversas zonas militares de México y se desempeñó como director de la Escuela Militar de Inteligencia en la Ciudad de México. La mayor parte de su carrera profesional como militar ha sido desarrollada en el área de inteligencia.
- José Antonio Dionisio Hipólito Exfuncionario de seguridad pública en Sinaloa, quien se desempeñó como exsubdirector de la Policía Estatal.
- Juan Valenzuela Millán Conocido bajo el alias de Juanito, es un excomandante de la policía de Sinaloa que ha sido acusado por las autoridades estadunidenses por vínculos con el narcotráfico. Formaba parte de un grupo de funcionarios de alto rango que colaboraban con el actual gobernador para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa. Se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos y facilitación de operativos para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
Voces
Los señalamientos de la DEA y la Fiscalía estadunidense no son casos aislados, sino la prueba de una red de complicidad que abarca todos los niveles del gobierno estatal.
Alejandro Moreno / Senador y presidente nacional del PRI
Esto ya no es rumor ni especulación: estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas.
Comunicado del Partido Acción Nacional
El gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado. Rocha no debe seguir siendo gobernador de Sinaloa, luego de las acusaciones vertidas en su contra.
Jorge Álvarez Máynez / Dirigente nacional de MC
La acusación contra Rubén Rocha y otros funcionarios más no fue precisamente una sorpresa. Yo tenía razón, y el gobierno estadunidense lo acaba de confirmar: son unos mafiosos.
Lilly Téllez / Senadora del PAN
La única esperanza real de justicia para meter a la cárcel a los que se meten con el narco para ganar elecciones es la justicia estadunidense.
Federico Döring / Diputado del PAN
El gobernador Rocha Moya debería renunciar al cargo para responder por los señalamientos. Creo que debería solicitar una licencia para atender este asunto.
Rubén Moreira / Diputado del PRI