“Tenemos que discutir mi propuesta de separación”, escribió Tom Homan cuando estaba al mando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en un correo electrónico en agosto de 2017 en referencia a la política de “tolerancia cero” implementada durante el primer mandato de Donald Trump.
El ahora Zar de la Frontera, encargado de realizar la mayor deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos, aludió así a la medida que inició en 2017 como un programa piloto en El Paso, Texas, y sus alrededores, para propagarse luego por toda la frontera sur norteamericana, que buscaba disuadir a la gente de ingresar a ese país de manera irregular.
“Yo no quiero que los niños se alejen de sus padres. Pero para procesarlos por venir aquí ilegalmente algo se debe hacer: hay que separarlos”, aseguró Trump en 2018.
De modo que sin ningún registro de las familias que separaban ni una estrategia para luego reunificarlas, montones de niños acabaron en centros de detención parecidos a cárceles, sin acceso a servicios básicos como baños, camas o comida suficiente.
Según el informe Tenemos que llevarnos a los niños: tras seis años de la política de tolerancia cero, la rendición de cuentas es nula, elaborado por Human Rights Watch en colaboración con la Facultad de Derecho de Yale y la Texas Civil Rights Projetc (TCRP), todavía hay 1360 niños que siguen sin reunirse con sus familiares, pues en muchos casos el gobierno se negó a revelar a padres y madres las circunstancias y el paradero de sus hijos.
Tan es así, que la primera pregunta de los que llegaban a los tribunales con cargos penales por cruzar de forma irregular no tenía nada que ver con su proceso migratorio, sino que era: “¿Dónde están mis hijos?”
De acuerdo con el estudio los resultados de la separación fueron irremediables: “Algunos sollozaban incontrolablemente. Muchos se sintieron abandonados. Casi todos estaban desconcertados, sobre todo porque los funcionarios de inmigración no les decían dónde estaban sus padres o daban respuestas que resultaron ser mentiras. Los niños separados experimentaban ansiedad, tenían pesadillas, retrocedían a etapas de desarrollo más tempranas o tenían dificultades para confiar en los demás y formar vínculos. Algunos arremetieron. Otros dejaron de hablar”.
Pese a que Trump puso fin a la política en junio de 2018 mediante una orden ejecutiva luego de que provocó la indignación del país, el gobierno continuó separando familias hasta que él dejó el cargo, aunque a menor ritmo.
Protección
Por tal motivo, recientemente la diputada federal morenista Gissel Santander Soto presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que protege a los niños que son repatriados desde Estados Unidos.
En exclusiva para Vértigo, la legisladora dice que la reforma de ley busca “evitar la separación familiar y asegurar el bienestar sicológico, físico y emocional de los menores en procesos de deportación y repatriación”.
La propuesta tiene tres objetivos principales: con la reforma al artículo 6 “se privilegiará la unidad familiar como derecho, para evitar que sean separados de sus padres”; con la modificación del artículo 90 “se garantizará que las autoridades que reciben a los niños en los módulos fronterizos se capaciten con perspectiva de derechos humanos y protección infantil”; y, finalmente, al agregar un apartado al artículo 91 se asegurará que al ser deportados “tengan defensa legal gratuita”.
—¿En qué contexto nace esta iniciativa?
—En el primer periodo de Donald Trump, pero también —hay que decirlo— durante la administración de Joe Biden, la repatriación de niños y adolescentes creció. El problema con eso es que esas deportaciones no tienen perspectiva de derechos humanos, mucho menos de protección a las infancias.
Según Human Rights Watch, agrega Santander, “cuando Trump llegó a la Casa Blanca más de cuatro mil 600 niños fueron separados de sus padres; y de esa cantidad, luego de seis años, mil 300 niños todavía no se han reunido con sus familiares. ¡Imagínate la cantidad de tiempo que eso significa en la vida de un niño!”
Ahora, en 2025, “nos enfrentamos a una nueva política migratoria no menos alarmante, por lo que el objetivo principal es proteger a los niños y niñas que encaran este proceso de repatriación o de migración forzada. Hay que estar preparados. Aunque existe una legislación al respecto —la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes—, queremos reforzarla, pues actualmente existen algunos vacíos legales”.
Además, puntualiza, “es importante destacar el impacto que tienen las decisiones de Trump no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito social. Por eso, la iniciativa es muy integral y busca hacerle frente al problema que tenemos tanto en la frontera norte como en la sur”.
—¿Qué motivó su propuesta?
—Me gustaría que la iniciativa visibilizara que la política migratoria de Estados Unidos no solo es inhumana por la manera en que se lleva a cabo: en muchos casos es ilegal, sobre todo con los niños y adolescentes. Y parece que se nos olvida que en la mayoría de los casos no es su decisión migrar. Ellos no deciden dejar su vida atrás y pasar por las adversidades que ya conocemos. Y pese a las dificultades que tienen al viajar, se les obliga luego a separarse de sus padres.
Por eso, “lo menos que podemos hacer es garantizarles certeza jurídica. Para nosotros y para el gobierno humanista que hoy encabeza la primera mujer presidenta es algo inaceptable e injustificado, pues no representa los valores de nuestro país, por lo que nos toca defender y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”.
—¿Cuál es el estatus de la iniciativa en este momento?
—La propuesta la presenté en febrero de este año, en mi segundo periodo ordinario, y fue turnada a la Comisión de Infancia y Adolescencia aquí, en la Cámara de Diputados. Está en discusión. Hemos tenido recomendaciones por parte de algunas instituciones, sobre todo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de algunos grupos de la sociedad civil que están involucrados en el tema de migración y movilidad de menores de edad en nuestro país.
Añade Santander: “Esperamos que antes de que termine el periodo ordinario, la comisión lo dictamine a favor, pues no ha habido mayor objeción ni comentarios negativos, y entonces sí, proceder con la planeación y la planificación de políticas públicas integrales. Por lo pronto, lo que nos toca a nosotros como legisladores es proponer la modificación legal y jurídica que más adelante pueda ser traducida a acciones concretas.
—¿Qué recomendaciones le hicieron para mejorarla?
Una de las observaciones fue que la modificación al artículo 90, el que versa sobre la capacitación de las autoridades, no era tan necesaria y se corría el riesgo de sobrelegislar. Sin embargo, revisando y debatiendo el tema, es primordial, pues no se trata de una capacitación como otras tantas que reciben las autoridades.
Una vez que cruzan la frontera, los niños que llegan a una estación migratoria son atendidos por el personal del Instituto Nacional de Migración y del DIF. Esto importa, pues la iniciativa busca que las autoridades que ya están involucradas en el proceso tengan capacitación periódica en materia de derechos humanos y que sigan los estándares internacionales especializados en la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. Entonces, creo que superado ese tema, vamos avanzando bien.