Con las pruebas que aporten dos de sus exsecretarios que se entregaron a las autoridades en ese país, EU puede establecer las conexiones del gobernador con licencia de Sinaloa con el crimen organizado.
La entrega voluntaria a Estados Unidos de quienes fueron exsecretarios de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, del gobernador de Morena con licencia de Sinaloa, Rubén Moya Rocha, estrecha el cerco contra el exmandatario estatal y seis más de sus excolaboradores, incluido el senador del partido oficialista Enrique Inzunza Cázarez.
A la solicitud de detención con fines de extradición por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York se suma ahora la ficha roja emitida por la Interpol, por lo que podrían ser detenidos derivado del pedido de Estados Unidos.
Y mientras el gobierno mexicano insiste en exigir pruebas a las autoridades estadunidenses contra Rocha Moya y coacusados, los dos más importantes colaboradores de este, encargados de la seguridad y los dineros de la entidad, optaron por acordar su entrega para tratar de obtener ventajas en sus procesos y buscar convertirse en testigos protegidos.
Las pruebas que aporten Mérida y Díaz podrían permitir a los fiscales estadunidenses establecer los supuestos nexos de Rocha Moya y sus excolaboradores con el crimen organizado.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de los llamados “diez de Sinaloa” con “carácter preventivo” luego de los reportes emitidos por bancos mexicanos ante las acusaciones contra el Rocha y sus excolaboradores.
La inmovilización de las cuentas se amplió a los hijos y familiares de Rocha Moya, ya que la investigación en su contra se ha extendido para detectar movimientos financieros y patrimoniales del entorno familiar, socios y empresas relacionadas con el gobernador con licencia.
Entrega
A casi un mes de que Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya, ocho exfuncionarios de Sinaloa y un senador de Morena por la misma entidad, el gobierno mexicano no ha procedido a su captura y en cambio ha insistido en pedir a Washington pruebas sobre las acusaciones de narcotráfico.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978, establece que para la solicitud de detención con fines de extradición no es necesario presentar pruebas, ya que el país solicitante cuenta con 60 días para presentar los elementos inculpatorios del caso.
Y la persistente negativa de las autoridades mexicanas para detener a Rocha Moya y sus excolaboradores sufrió un vuelco cuando se confirmó que el general en retiro y exdirector de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida, se entregó a las autoridades estadunidenses de manera voluntaria.
La entrega de Mérida ocurrió el 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona. El militar mexicano se puso a disposición de las autoridades estadunidenses para cooperar en los cargos que se le imputan y con ello obtener beneficios en el proceso que se le instruya.
Trascendió que el militar llevaba consigo varias cajas con documentos que contendrían pruebas que podría utilizar para obtener beneficios procesales.
Al general Mérida se le acusa de que entre 2023 y 2024, en su calidad de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, presuntamente aceptó 100 mil dólares en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos, líderes de una fracción del Cártel de Sinaloa.
A cambio de esa cantidad, Mérida presuntamente se comprometió a no interferir en las operaciones de tráfico de drogas de esa organización delictiva, a no detener a sus integrantes, así como a informales de próximas operaciones de las autoridades de seguridad o de redadas en laboratorios de droga.
En la acusación realizada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York se establece que alrededor de 2023 Mérida advirtió a Los Chapitos con antelación sobre al menos diez redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió evacuar al personal y las drogas antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones.
Luego de su entrega, Gerardo Mérida fue trasladado a Brooklyn, Nueva York, donde compareció y se declaró inocente de los cargos en su contra.
Se fijó el 1 de junio para su segunda audiencia, en la que será notificado por la jueza de distrito, Katherine Polk Failla, del estatus de la acusación.
Cooperará
Cuatro días después, el viernes 15 de mayo, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, también decidió entregarse a las autoridades de Estados Unidos en Irlanda, donde se encontraba de vacaciones.
Trascendió que desde el 29 de abril, fecha en que se dio a conocer la solicitud de detención con fines de extradición contra los diez coacusados, quien fuera el responsable de las finanzas del gobierno de Rocha envió abogados a Estados Unidos para buscar un acuerdo con las autoridades.
Díaz ocupó el cargo de secretario de Administración y Finanzas desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2024 y se le acusa de presunta conspiración para la importación de narcóticos, posesión de artefactos explosivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
La acusación establece que Díaz y Rocha Moya se reunieron con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, antes de la elección de 2021 que ganó el ahora gobernador con licencia.
También se le imputa haber entregado a integrantes del Cártel de Sinaloa las listas con los nombres y direcciones de los oponentes a Rocha Moya, para intimidarlos y obligarlos a retirarse de la elección.
“Los líderes de Los Chapitos ordenaron a los miembros del cártel y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha”, se establece en extractos de la acusación de la fiscalía estadunidense.
Añade que el día de las elecciones, el 6 de junio de 2021 y antes de esa fecha, sicarios de la organización criminal robaron papeletas y urnas electorales, secuestraron a oponentes de Morena y los intimidaron para que se retiraran de la contienda.
Notas periodísticas refieren que en las elecciones de 2021 para gobernador en Sinaloa más de 100 operadores de la oposición fueron secuestrados por Los Chapitos y fueron dejados en libertad al término de la jornada electoral.
Bloqueo
La UIF congeló las cuentas bancarias de Rubén Rocha y nueve coacusados en la demanda de detención con fines de extradición a Estados Unidos.
En un comunicado, la UIF detalló que “se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo”, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Agregó que con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Aclaró que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino que “son acciones preventivas de carácter administrativo”.
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda precisó que las personas incluidas en la LPB cuentan con los medios de defensa previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
Agregó que en la actualidad analiza información y documentación relacionada con las “personas políticamente expuestas” de Sinaloa incluidas en la lista de personas bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
Persiste la presión
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a seis personas y dos empresas presuntamente relacionadas en operaciones de blanqueo de recursos de Los Chapitos, líderes de una fracción del Cártel de Sinaloa, así como a otras seis personas relacionadas con un operador de La Mayiza, la otra fracción de esa organización delictiva.
La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Tesoro congeló los activos de esas personas y empresas bajo la jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe realizar transacciones de vínculos con el narcotráfico global y en algunos casos por terrorismo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, expuso que “como el presidente ha dejado claro, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”.