El diagnóstico de los expertos sobre la reforma electoral que se aprobó en 2007 es contundente: sobrerregula los procesos electorales y esta situación a su vez origina limitaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información; judicialización de las elecciones, propiciando que sean los tribunales y no los ciudadanos los que decidan el resultado de los comicios; y litigiosidad de las contiendas, es decir, la presentación sistemática de demandas, quejas e impugnaciones que entorpecen el desarrollo de los procesos electorales (campañas, jornada electoral, cómputo de votos y emisión de resultados).
A este problema de sobrerregulación y entorpecimiento de los procesos se suma el hecho de que la referida reforma quedó inconclusa en cuanto a la emisión de reglamentos y en consecuencia queda a criterio (filias, fobias, falta de conocimientos, ambiciones personales) de los consejeros electorales la emisión de normas ilegítimas y en otros muchos casos propicia la falta de aplicación de la ley.
Ahora, frente al proceso electoral más grande de la historia de México, en el que se elegirán más de 21 mil cargos de representación popular, entre ellos la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y más de mil presidencias municipales, el Instituto Nacional Electoral (INE) considera que es momento para reglamentar situaciones que por años no acertó a regular, o de las que simplemente se hizo de la vista gorda.
Esta determinación “repentina” de varios consejeros electorales abona a la confrontación entre las fuerzas políticas, así como entre el propio organismo electoral y los legisladores de diversos partidos representados en el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
“De la vista gorda”
Desde el inicio de la actual LIV Legislatura los senadores y diputados de Morena, respaldados por legisladores del PT, PVEM y PES, han demandado al INE que se apegue a la nueva política de austeridad en el gasto público y evite los “derroches” y “abusos” en el ejercicio del presupuesto.
Coincidentemente Morena ha sido uno de los partidos políticos con más multas aplicadas por el instituto y en días recientes los consejeros electorales resolvieron que era el momento de regular la distribución de curules plurinominales en la Cámara de Diputados, lo que dejaron de hacer en los pasados procesos electorales.
El INE también decidió que el actual proceso electoral es oportuno para cancelar las candidaturas de quienes a su juicio incumplieron con la entrega de reportes de gastos durante las precampañas electorales.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hecho que “el INE en otros tiempos se ha hecho de la vista gorda” ante innumerables irregularidades, incluidos “los fraudes electorales”.
Al respecto puntualizó: “Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más: he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales, he padecido eso: nos robaron la Presidencia en 2006 y en 2012. Estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque (sus adversarios) habían gastado mucho más del tope de campaña”.
Sin embargo, añadió, “¿saben qué resolvió el INE? Que los que habíamos rebasado el tope de campaña éramos nosotros. Pasa el tiempo y ahora hay denuncias judiciales de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial priista de 2012, pero en su momento el INE no vio nada. Y en elecciones posteriores lo mismo”.
Al referirse a los consejeros electorales indicó: “Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad”.
Excusatio non petita, accusatio manifesta
En un artículo periodístico difundido por la página de internet del INE el consejero Ciro Murayama refirió que en 1996 se estableció en la Constitución: “En ningún caso un partido político nacional podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara de Diputados que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
La idea, explicó Murayama, es “evitar la conformación de mayorías parlamentarias ‘artificiales’ e impedir que se reduzca en exceso la representación lograda en las urnas por las minorías”.
Asimismo expuso: “En las últimas tres renovaciones de la Cámara de Diputados, sin embargo, el límite de 8% de sobrerrepresentación se ha traspasado por la existencia de coaliciones. En 2012 la coalición PRI-PVEM obtuvo 40.0% de los votos y el 48.2% de los escaños, rebasando en apenas 0.2% el límite constitucional. En 2015 otra coalición del PRI-PVEM recibió 40.3% de los votos y 50% de los diputados, 9.7% más. En 2018 la coalición Juntos haremos historia logró 45.9% de los sufragios (restando los votos nulos), pero se les asignó 61.6% de la Cámara de Diputados, una sobrerrepresentación de 15.7%, superando el límite constitucional casi por partida doble”.
En días pasados el INE informó que determinó “el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que cada uno obtenga en la jornada electoral del 6 de junio próximo”.
Precisó el organismo que “para cumplir con el precepto constitucional se verificará la afiliación efectiva de cada una de los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa, es decir, aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura. Por tanto, el triunfo se contabilizará en favor del partido con el cual el candidato ganador tenga una afiliación efectiva”.
Debilidad institucional
Luego de que el Consejo General del INE aprobó el mecanismo para la asignación de las curules plurinominales en la Cámara de Diputados para la próxima LXV Legislatura, Morena denunció que “dicho acuerdo busca descarrilar la transformación y beneficiar a la alianza PRI-PAN-PRD”.
Mario Delgado, presidente nacional de Morena, expresó que “los consejeros del INE se han quitado las máscaras y a través de una alianza vergonzosa con el Prian pretenden meterle el pie a Morena con la única intención de conservar sus privilegios y mantener sus derroches”.
Nuevamente, dijo, “el INE exhibe sus sesgos partidistas, puesto que ni en 2015 ni en 2018 les interesó reglamentar respecto de la sobrerrepresentación sino hasta que Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Ahora de forma incongruente y sin respetar lo dicho por el Tribunal Electoral buscan imponer sus intereses por encima de la vida democrática del país”.
El presidente morenista aseguró que “el INE, en un exceso de protagonismo, atenta contra la soberanía popular”, en tanto que “sus consejeros lejos de comportarse como árbitro electoral actúan como un integrante más del Tumor (Todos unidos contra Morena)”.
A juicio de Mario Delgado “es tiempo de que el INE deje de hacer politiquería y sus consejeros actúen de forma congruente o renuncien y se afilien al Prian para que compitan contra Morena de frente en las urnas y no desde el instituto mediante su red de complicidades”.
Por lo pronto Morena ya presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la “triquiñuela del INE que pretende obstaculizar de manera ilegal a Morena”.
En sus argumentos Morena expuso que “el INE incurrió en diversas irregularidades al aprobar el acuerdo para determinar el mecanismo de aplicación de la fórmula con la cual se asignarán las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados”.
Agregó: “Es importante señalar que el marco jurídico y los precedentes del tribunal no han variado desde 2015 y que tanto en ese año como en 2018 los consejeros del INE avalaron y defendieron el mecanismo por el cual se han asignado los diputados federales plurinominales en los últimos años”.
Delgado alertó sobre el riesgo de que “ahora, a solo tres meses de las elecciones, el Consejo General del INE pretende realizar un cambio de último momento que tiene sesgos partidistas, un único destinatario y un objetivo claro: impedir que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados”.
Para Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, “el INE se extralimita en sus facultades y funciones ya que no ha observado el principio de legalidad y ha desbordado, con sus pronunciamientos, el Estado de Derecho”.
Para el coordinador de Morena en la cámara alta está claro que “la actitud parcial del organismo lo coloca en una debilidad institucional, puesto que legisla sin estar facultado para ello y se posiciona en contra de un movimiento, lo cual polariza el ambiente y genera una reacción encontrada”.
El senador hizo un llamado al órgano autónomo para que actúe de manera legal y no con sesgos en contra de Morena: “Simplemente se señala que se viola el principio de la división de poderes y por eso hacemos señalamientos puntuales, estamos a tiempo de que no se vulnere la ley”.
Invasión de facultades
Integrantes del grupo parlamentario de Morena se pronunciaron porque el INE, en su carácter de árbitro, “asuma una postura de prudencia en lugar de tomarse atribuciones que no le confiere el marco jurídico y pretender trastocar el proceso electoral”.
Al INE “corresponde únicamente organizar las elecciones pero no expedir las reglas para llevarlas a cabo”, destacó el diputado Alfredo Rivas.
A su vez la diputada Almeida Navarro señaló que “expedir las reglas es una facultad exclusiva y reservada al Poder Legislativo, pero con el pretexto de evitar una supuesta sobrerrepresentación el INE traiciona su carácter de organismo autónomo y pone en evidencia los intereses muy particulares del consejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama”.
Los legisladores de Morena consideraron que ambos consejeros electorales “con su conducta ratifican que forman parte de la élite que busca a toda costa conservar los privilegios para unos pocos”.
Añadieron: “No es gratuito que el acuerdo sobre la distribución de las plurinominales ‘sobre las rodillas’ surja cuando la mayoría de las mediciones de las casas encuestadoras colocan a Morena en primer lugar en las preferencias”.
Confiaron en que el Tribunal Electoral “pondrá a los consejeros golpistas en su lugar”.
A su vez los diputados del PES José Benavides y Javier Saldívar afirmaron que los lineamientos emitidos por el INE “transgreden la Constitución”.
Saldívar deploró que “el INE haya emitido una normativa a casi dos meses de la jornada electoral, la cual trastoca derechos que por disposición constitucional asisten a los partidos políticos, a candidatos y a los mismos electores”.
Castigos
En su sesión del jueves 25 el Consejo General del INE resolvió imponer multas a los partidos por “irregularidades” en la presentación de reportes de gastos de precampaña. Morena fue el más multado con 6.6 millones de pesos de un total de 28 millones impuestos al conjunto de diez fuerzas políticas nacionales y 16 partidos locales.
Además en esa misma sesión el Consejo General del INE resolvió cancelar una serie de candidaturas, la mayoría de ellas de aspirantes de Morena, porque a su juicio no entregaron reportes de gastos de precampaña o bien la presentaron con irregularidades.
Entre las candidaturas canceladas por el INE están las de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, porque no presentaron reportes de gastos de campaña, aunque de acuerdo con ambos personajes ellos no llevaron a cabo actos de precampaña y por tanto no tenían gastos para reportar.
Mario Delgado aseveró al respecto: “Una vez más algunos consejeros del instituto actúan de forma parcial e incongruente con la intención de detener a Morena”.
Añadió que los consejeros “primero se negaron a respetar la ley de austeridad para no perder sus altos salarios; después violaron la Constitución al modificar de último momento las reglas del proceso electoral para tratar de impedir que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, y hoy en un acto desproporcionado deciden retirar el registro a casi 60 candidatos de Morena, anteponiendo sus intereses a la vida democrática del país”.
En este sentido Delgado invitó al INE a unirse al Acuerdo Nacional por la Democracia que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador en lugar de sumarse a las filas de la oposición: “Consejeros: sean un árbitro electoral a la altura del pueblo de México, garanticen elecciones limpias y claras, dejen que la gente decida. Es tiempo de terminar de una vez por todas con los viejos vicios de la política mexicana para vivir en una auténtica democracia”.
Por el asunto de cancelación de candidaturas Morena también impugnará ante el TEPJF; una demanda que se sumará a las anteriores, incluidas las que ha interpuesto por los reiterados intentos de censura en contra del propio partido e incluso del presidente de la República.
Acuerdo Nacional por la Democracia
Compromisos asumidos
No intervenir en favor de ningún candidato de ningún partido.
No permitir el uso de recursos públicos en la contienda.
Impedir que se pongan en práctica acciones típicas de otras épocas como el “acarreo”, el “relleno de urnas” y otras propias de “mapaches”.
Denunciar la presencia de recursos del crimen organizado en las campañas.
Impedir la compra de lealtades o conciencias.
No traficar con la pobreza de la gente.
No solapar a tramposos electorales.
Delitos
Cabe recordar que el Congreso de la Unión aprobó recientemente la legislación que reglamenta la figura de prisión preventiva oficiosa para los delitos considerados graves, entre ellos el uso de programas sociales con fines electorales.
Decreto
La Consejería Jurídica de la Presidencia emitió un decreto en el que se exhorta a todos los servidores públicos de la administración pública federal a respetar el marco jurídico en materia electoral y actuar de manera respetuosa e imparcial en congruencia con el mismo.
Se prohíbe asistir a eventos proselitistas.
Se prohíbe difundir acciones de gobierno en cualquier medio de comunicación.
Se prohíbe entregar recursos públicos en favor de algún candidato o partido político.
Se prohíbe difundir propaganda gubernamental que contenga logotipos, eslóganes o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Ceremonia
Con la presencia de 29 gobernadores, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el fiscal General de la República y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Democracia.
En él se asume el compromiso de no intervenir en el proceso electoral de este año y vigilar que no se usen recursos públicos para favorecer a partidos o candidatos.
Aunque la mayoría de los gobernadores se manifestó a favor del documento, algunos integrantes de la Alianza Federalista criticaron la presunta falta de amplitud del acuerdo e insistieron en que ya existen leyes al respecto que se deben respetar en todas las elecciones.
Reiteraron también que faltó convocar a las autoridades electorales, como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e hicieron patente que el acuerdo debe hacerse extensivo a los alcaldes de todo el país.
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, recordó que el fraude electoral es un delito grave y aseveró que la garantía más sólida para consolidar la democracia es la aplicación estricta y transparente de las normas jurídicas que rigen el proceso electoral.
En tanto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien no fue convocado a la reunión, expresó que el cumplimiento de la ley no depende de un acuerdo pero consideró positivo hacer esfuerzos para que exista un ambiente político menos tenso y polarizado.