Ante la inminente presentación de una iniciativa de reforma en materia electoral por parte del gobierno federal y de Morena los expertos en el tema consideran que es necesario reflexionar sobre la necesidad de simplificar la normatividad para evitar, por un lado, la “litigiosidad” y, por otro, la violación de garantías fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Para los especialistas está claro que de poco o nada servirá que una futura reforma se limite a destituir a consejeros y magistrados electorales o a reducir el número de estos y nombrar nuevos, si antes no se modifica el marco legal que precisamente faculta a estas autoridades a emitir resoluciones inconstitucionales, así como también les permite influir en los resultados electorales con sus “interpretaciones” jurídicas.
En cada proceso electoral se demuestra que los millones de ciudadanos que participan como funcionarios de casilla cumplen de manera satisfactoria con su tarea de contar los sufragios y vigilar las votaciones; no así los partidos políticos, que igualmente en cada proceso electoral incurren en una serie de acciones que terminan por socavar la democracia, como las siguientes:
1. “Abusan” de las leyes para buscar ganar en los tribunales los comicios.
2. Desconocen los resultados si pierden.
3. Violan las leyes que ellos mismos aprobaron.
4. Descalifican a las autoridades electorales que ellos mismos designaron.
5. Buscan cambiar la normatividad electoral cada tres o seis años sin un análisis previo de las causas de los problemas y sin tomar en cuenta las demandas ciudadanas.
Desde hace 14 años diferentes sectores de la sociedad exigen modificaciones al marco normativo que regula los procesos electorales y todo indica que podría ser en el desarrollo de la LXV Legislatura cuando se concrete una nueva reforma.
“Hiperlitigiosidad”
Sin duda los procesos electorales en México tienen como una de sus principales características un fenómeno denominado “litigiosidad”. Esto es: la considerable cantidad de denuncias que los partidos interponen unos contra otros o bien las impugnaciones de las fuerzas políticas contra las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), explica que este fenómeno es producto, por un lado, de que “las elecciones son cada vez más competidas”; y, por otro, de que “la actual normatividad estimula a poder quejarse o impugnar los resultados en las urnas”.
Al respecto, María Marván Laborde, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exconsejera del IFE, asevera que el sistema político-electoral tiene grandes restricciones y cargas administrativas, lo que deriva en una alta litigiosidad: “El litigio es parte de la estrategia de los partidos, da visibilidad mediática y arranca con las elecciones, donde partidos y candidatos suman una serie de quejas que se van resolviendo para que al final se pueda decir que la elección fue ‘inequitativa’ y por lo tanto no debería proceder”.
Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asevera que la posibilidad de llevar a cabo una nueva reforma electoral permitirá a nuestro país “incorporar nuevos y mejores mecanismos a fin de resolver la hiperlitigiosidad en la justicia electoral”.
Para ella una reforma “es una gran oportunidad para agilizar la justicia electoral en beneficio de todos quienes acuden en busca de la protección de sus derechos y libertades”.
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sostiene a su vez que “una posible reforma electoral debe simplificar la regulación”.
Receta
El gobierno federal y Morena, partido con mayoría en el Congreso de la Unión y en 18 Legislaturas locales, impulsarán una nueva reforma electoral porque consideran que el actual sistema normativo y quienes aplican las leyes no funcionan.
Otras fuerzas políticas se pronunciaron en diferentes momentos en el mismo sentido.
Para los expertos en la materia son los mismos partidos quienes tienen la solución a los problemas: si no están de acuerdo con las leyes porque las consideran engorrosas y prohibicionistas, que las simplifiquen y en su caso eliminen; si desconfían de los consejeros y magistrados electorales, que dejen los nombramientos de estos en manos de la sociedad y así se garantiza que no sean proclives a partido alguno; si no están de acuerdo con las resoluciones de los consejeros del INE, que dejen a este organismo solo la facultad de organizar comicios y no la de sancionar o regular conductas; si no están de acuerdo con los costos, que reduzcan las obligaciones de los organismos electorales para aminorar las burocracias y de paso también disminuyan los montos del financiamiento público que reciben…
Y puntualizan los expertos: no habrá reforma electoral que funcione si los partidos y sus candidatos no aprenden a respetar las leyes, a reconocer sus derrotas así sea por un punto porcentual o por un solo voto, a tener confianza absoluta en los ciudadanos que cuentan los sufragios, así como a asimilar una cultura cívica y de competencia equitativa, legal y transparente por el poder.
Recuento
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado señala que en la pasada LXIV Legislatura se presentaron 453 iniciativas en materia político-electoral.
El documento destaca que un tema que tuvo un considerable número de propuestas se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa.
Indica que otro tópico recurrente es la disminución del financiamiento público de los partidos políticos.
Cabe señalar que son varias las propuestas de los expertos y algunos legisladores para disminuir el financiamiento público a los partidos:
1. Reducir 50% el financiamiento para actividades ordinarias y 50% el gasto para campañas electorales.
2. Disminuir 50% el financiamiento para actividades ordinarias solo en los años sin elecciones.
3. Reducir 100% el financiamiento para actividades ordinarias en los años sin elecciones.
4. Disminuir por completo el financiamiento público a las fuerzas políticas con o sin procesos electorales y que cada una busque sus fuentes de financiamiento, siempre bajo la supervisión de las autoridades correspondientes para evitar que se capte dinero de procedencia ilícita.
Por otro lado, el estudio resalta que nueve iniciativas presentadas “proponen acotar las competencias y facultades del Consejo General del INE o bien modificar la integración o duración de los cargos de los consejeros”.
Spotiza
El estudio del Senado, que elaboró César Alejandro Giles Navarro, señala que algunos otros temas que podría retomar el Congreso en la discusión de la siguiente reforma político-electoral son “el aumento del umbral de votos requeridos por la ley para que un partido conserve su registro y la instauración de la segunda vuelta en elecciones presidenciales y/o de gubernaturas”.
Además, resalta que “una de las ausencias más notables en el debate actual es la revisión al modelo de comunicación política vigente”, el cual obliga a la transmisión gratuita de millones de spots de los partidos políticos.
El caso es que mientras en las elecciones de 2006 los partidos transmitieron apenas 704 mil spots cuando tenían que pagar por ellos, una vez que fueron gratuitos se multiplicaron exponencialmente: en 2012 el número de spots fue de 43.7 millones (ya con la reforma electoral aprobada y los spots gratuitos); en 2018, 59.7 millones; y en el proceso electoral 2020-2021 se transmitieron 55.4 millones de spots en tres mil 431 operadoras de radio y de televisión.
Organizaciones sociales, periodistas, constitucionalistas, académicos, trabajadores de la industria de la radio y la televisión, representantes de organismos internacionales e incluso algunos dirigentes partidistas y legisladores demandan acabar con la spotiza. Esta exigencia cumple 14 años en este 2021.
En consecuencia, señala el estudio del Senado, se esperaría que en la actual Legislatura se propongan nuevas reglas para disminuir el número de spots que transmiten los partidos, permitir la contratación de espacios en radio y televisión para hablar de temas políticos y garantizar que todos ejerzan su libertad de expresión y su derecho a la información.
Cabe recordar que sobre el modelo de comunicación política se critica la prohibición para que los particulares e incluso los propios candidatos puedan contratar espacios en radio y televisión para emitir sus opiniones sobre temas políticos o electorales.
Además, existe la prohibición para que los servidores públicos hablen sobre temas políticos o electorales durante el desarrollo de los procesos electorales, situación que a juicio de los expertos viola garantías fundamentales como el derecho a la información y la libertad de expresión.
Para reconocidos constitucionalistas la normatividad electoral contradice lo establecido en la propia Constitución en su artículo 6: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa (…) Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole”.
Poder al ciudadano
Los académicos y especialistas en materia político-electoral señalan que las transformaciones que se emprendan deben considerar diversos elementos, como garantizar la pluralidad en el Congreso de la Unión e incentivar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Así, por ejemplo, Khemvirg Puente, coordinador del programa de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, refiere que el país “requiere una democracia funcional y un piso básico representativo donde las minorías tengan participación en la toma de decisiones”.
Jacqueline Peschard Mariscal, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también opina sobre la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Ella considera que “el Parlamento Abierto es un mecanismo que ha caído en la rutina, porque si bien los ciudadanos participan esto no quiere decir que se construirán mejores productos legislativos”.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, afirma que “hay un déficit de diseño en los espacios y mecanismos de participación ciudadana”. Menciona que “el problema es de cultura política, ya que hay enorme avidez de participación pública”.
Frankenstein
De manera reiterada el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea la necesidad de contar con una nueva reforma electoral e incluso dice que presentará una iniciativa.
Precisa que es necesario reducir los costos de los procesos electorales porque “tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo”.
También señala que “están muy mal tanto el INE como el TEPJF”. En este sentido, asevera que su iniciativa planteará la destitución de todos los consejeros y magistrados electorales porque “no han estado a la altura de las circunstancias”.
Añade que se debe establecer una auténtica democracia en el país: “Si luchamos para hacer valer la democracia no podemos dejar lo mismo. Esto significará aceptar que, por ejemplo, el tribunal electoral esté al servicio de la partidocracia, de los que nombraron a sus integrantes. Los partidos crearon este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses”.
A su vez, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, también se pronuncia por impulsar una nueva reforma electoral que implique reducir costos y evitar que persistan las decisiones “arbitrarias” de algunos consejeros del INE y magistrados del TEPJF.
Lo cierto es que cada vez crece más el consenso en el sentido de aprobar una nueva normatividad electoral que acabe con los millones de spots gratuitos que transmiten los partidos en radio y televisión, reduzca el costo de las campañas, elimine la “litigiosidad” y, sobre todo, garantice a los mexicanos el ejercicio pleno del derecho a la información y a la libertad de expresión.
RECUADROS
((AMBOS ESTÁN EN LA EDICIÓN 1066))
Reformas político-electorales
Reforma electoral de 2007. Expectativa vs. realidad