Desde hace 14 años diferentes sectores de la sociedad exigen modificaciones al marco normativo que regula los procesos electorales porque este limita garantías fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Asimismo, piden cambios en la manera en que se conforman y trabajan el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a efecto de que ambos organismos sean independientes de los partidos políticos y disminuyan sus gastos de operación.
Poca atención se brindó a estas exigencias ciudadanas en las administraciones y legislaturas anteriores, pero ahora son el mismo presidente de la República y su partido Morena —principal fuerza política en el Congreso de la Unión— los que impulsan cambios a la ley electoral.
A ellos se suman algunos partidos políticos de oposición, comunicadores y analistas que también promueven una reforma que fortalezca la participación ciudadana en los asuntos públicos, disminuya el costo de los procesos electorales y erradique leyes que atentan contra las garantías fundamentales.
Impulso presidencial
De cara a la entrada en funciones de la LXV Legislatura la reforma político-electoral será sin duda uno de los puntos más relevantes de la agenda legislativa.
Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional en la materia: “Se trata de una reforma electoral para que haya independencia en todo el proceso de las elecciones, porque durante mucho tiempo los órganos electorales que deberían actuar como jueces se han inclinado en favor de grupos de intereses creados. Entonces tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas”.
Actualmente, afirmó el mandatario, “son los partidos los que nombran” a los consejeros y los magistrados electorales: “Se debe cuidar que no los puedan controlar y que tampoco los controle el presidente de la República”.
El jefe del Ejecutivo señaló que igual propondrá que se reduzca el costo de los procesos electorales: “No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el TEPJF. No está el país para eso: son las elecciones más caras del mundo”.
Además, dijo, planteará que desaparezcan los 200 diputados plurinominales “¿Para qué tantos diputados?”, cuestionó.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, adelantó a su vez que ya prepara “el proyecto para una reforma electoral profunda que establezca una racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar los comicios y someta a los órganos electorales al principio de legalidad”.
Aseguró que “un gran porcentaje de ciudadanos cree que el INE y el TEPJF no son árbitros ni actúan con imparcialidad, certeza y objetividad”; en consecuencia, es necesario transformarlos.
Para el senador “es inevitable una reforma que someta al principio de legalidad a los órganos electorales”.
Al respecto abundó: “Estoy preparando la iniciativa que pronto presentaré para poder establecer, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, porque para este proceso se erogaron más de 40 mil millones de pesos”.
También, aseveró, “se tiene que dar paso a la urna electrónica, a mecanismos modernos para poder ejercer el derecho del voto y que este se respete”.
Asentó que “uno de los temas delicados que se repite en todas partes es el de los funcionarios públicos que abusan de su función y acuden a actos proselitistas a ofrecer, a cambio del voto, beneficios, a pesar de que el fraude electoral es un delito grave”.
Monreal recordó que “el uso de programas públicos, tarjetas o entrega de despensas constituye un delito federal grave que no alcanza fianza para los funcionarios que lo cometan”.
El coordinador de Morena señaló que “otro de los temas a revisar es el impacto de las redes sociales con ‘bots’ y campañas sucias en el desarrollo de la contienda electoral, toda vez que se pagan cantidades millonarias en pautas que se salen del control del órgano de vigilancia”.
Poder al ciudadano
Los académicos y especialistas en materia político-electoral señalaron que las transformaciones que se emprendan deben considerar diversos elementos, como garantizar la pluralidad en el Congreso de la Unión e incentivar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Así, por ejemplo, Khemvirg Puente, coordinador del programa de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que el país “requiere una democracia funcional y un piso básico representativo donde las minorías tengan participación en la toma de decisiones”.
Señala que “si se quiere que México tenga democracia se tienen que aperturar, por ejemplo, los procedimientos internos del Congreso para la participación de la sociedad. El Parlamento Abierto debe girar en torno de todas las funciones parlamentarias y no solo en lo legislativo”.
En este sentido, José Antonio García, representante de la organización Alianza para el Gobierno Abierto, afirma que “solo unos pocos pueden acceder a los espacios más privados de San Lázaro donde los legisladores toman decisiones que atañen a la sociedad, lo cual no puede ser”.
Se debe tener, indica, “un sistema de Parlamento Abierto y este no debe convertirse en un conversatorio público o en una reunión que simula escuchar a la sociedad, porque es un modelo para atender problemas y mejorar los servicios públicos”.
Jacqueline Peschard Mariscal, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también opina sobre la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Ella considera que “el Parlamento Abierto es un mecanismo que ha caído en la rutina, porque si bien los ciudadanos participan esto no quiere decir que se construirán mejores productos legislativos”.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, afirma que “hay un déficit de diseño en los espacios y mecanismos de participación ciudadana”. Menciona que “el problema es de cultura política, ya que hay enorme avidez de participación pública”.
Y sobre la pluralidad en el Congreso de la Unión José Woldenberg, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, asegura que “este es uno de los temas fundamentales de cualquier discusión de carácter democrático, puesto que se habla de la representación política de la diversidad que existe en un determinado país, es decir, cómo se traducen los votos en escaños tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores”.
Said Hernández Quintana, también profesor de la UNAM, puntualiza que “debe cuidarse el mecanismo de representación proporcional, ya que diversos estudios concluyen que esto alienta en los partidos minoritarios la competencia interna, construyéndose partidos más estables y duraderos”.
Y sobre la urgencia de cambios en la normatividad electoral el periodista y conductor de televisión Jorge Fernández Menéndez recuerda que la reforma electoral de 2007 “acotó libertades y espacios de participación de la ciudadanía”, en tanto que la de 2014 “concentró el poder y los recursos en las dirigencias partidarias y acumuló tal cantidad de responsabilidades en el INE y el TEPJF que convirtieron un proceso que tendría que ser abierto, con un sistema liberal de participación, en un esquema rígido donde las decisiones de partidos e instituciones se concentran cada vez más en unas pocas manos”.
Para él es un hecho que el sistema electoral y las normas que lo rigen deben ser “cada vez más abiertos y con menos restricciones en todos los ámbitos”.
Renuentes
Entre los actores involucrados en el tema no todos consideran que sea necesaria, o al menos no por el momento, una nueva reforma electoral.
Felipe de la Mata, magistrado integrante de la Sala Superior del TEPJF expresa: “Las autoridades electorales requerimos de un contexto estable que nos permita desempeñar nuestra responsabilidad con la dedicación que una tarea tan delicada requiere. El éxito o fracaso de cualquier transformación depende del respeto a los tiempos y a los objetivos que se plantean”.
Añade: “Es particularmente importante proteger esta etapa (de análisis y resolución de las impugnaciones presentadas por diversos resultados electorales) evitando la discusión de temas que podrían distraer nuestra labor. Necesitamos condiciones para poder dedicarnos con cuidado y seriedad a nuestra encomienda”.
Este, por ejemplo, “no es el momento para discutir una reforma electoral. Mucho menos una que implique cambios a nuestro diseño institucional”, insiste.
A su vez, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, asevera: “No hay necesidad de una reforma electoral hoy. Tuvimos unas elecciones extraordinarias el 6 de junio pasado y esto demuestra la robustez del sistema electoral. El INE organizará y puede organizar elecciones como las de 2024 sin mayor problema”.
Estima en este sentido que, sin embargo, “siempre es pertinente revisar las reglas y eventualmente que haya modificaciones a las mismas para enfrentar los distintos desafíos que se enfrentan elección tras elección; así que una reforma electoral, quiero ser claro en esto, no es indispensable, pero siempre será pertinente”.
También apunta que una condición para que haya reforma electoral es que esta se apruebe con el máximo consenso posible: “Aquí no bastan ‘mayoriteos’, porque si no vamos a contravenir una de las reglas básicas del funcionamiento de la democracia: tiene que haber un consenso esencial de todas las fuerzas políticas o de una enorme mayoría de las mismas respecto de las reglas que las van a obligar”.
Recuento
Un reciente estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado señala que en la LXIV Legislatura, que está por terminar, hasta el 16 de junio de 2021 se habían presentado 453 iniciativas en materia político-electoral (289 en la Cámara de Diputados y 164 en el Senado).
El estudio destaca que un tema que tuvo un considerable número de propuestas se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa: “Hasta el 16 de junio se habían presentado 26 iniciativas para flexibilizar y facilitar la realización de consultas populares, nueve para regular la revocación de mandato, cinco para incorporar la figura del referéndum y cuatro más para instituir el plebiscito en nuestro país”.
Indica que otro tópico recurrente y que seguramente cobrará más fuerza con la iniciativa presidencial es la disminución del financiamiento público de los partidos políticos: “Hasta el momento se presentaron formalmente 33 iniciativas que proponen distintas fórmulas para reducir el presupuesto público que se destina a los partidos políticos. Cabe destacar que este tema ya se discutió y desechó en la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2019, al no reunir la mayoría calificada que se requería para poder modificar el artículo 41 constitucional. Además de los partidos de oposición votaron en contra de este dictamen las bancadas del PT y el PVEM, ambos aliados del partido en el gobierno”.
El fracaso de la reforma para disminuir el financiamiento de los partidos en la Cámara de Diputados en diciembre de 2019 “augura que no será fácil aprobarla en la legislatura que está por comenzar, pese a ser una de las iniciativas más reiteradas y con mayor popularidad entre la opinión pública”.
El estudio resalta que nueve iniciativas presentadas “proponen acotar las competencias y facultades del Consejo General del INE o bien modificar la integración o duración en los cargos de los consejeros”.
Asimismo, refiere que otra propuesta que ganará trascendencia es la desaparición o disminución de los legisladores electos por el principio de representación proporcional: “Hasta la fecha se presentaron seis iniciativas relacionadas con la representación proporcional, aunque con planteamientos encontrados puesto que algunas proponen aumentar el número de escaños plurinominales a fin de favorecer una representación más exacta de la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas”.
Sin duda alguna, indica, “la viabilidad de la siguiente reforma político-electoral dependerá de la construcción de acuerdos en un Congreso sin mayorías. Por lo mismo se prevé difícil que prospere la eliminación de la representación proporcional, porque para ello se requeriría que los partidos minoritarios voten a favor de una medida que pondría en riesgo su sobrevivencia en el futuro”.
Por otro lado, el documento expone: “Un tema que podría retomarse en el marco de la discusión sobre el costo de las elecciones es la adopción del voto electrónico, un mecanismo que ha sido ensayado por la autoridad electoral en los últimos años, pero que ha carecido de una legislación que le permita seguir desarrollándose con certidumbre y con la aceptación de los actores políticos”.
El estudio elaborado por César Alejandro Giles Navarro señala que algunos otros temas que podrían ser retomados por el Congreso en la discusión de la siguiente reforma político-electoral son: “El aumento del umbral de votos requeridos por la ley para que un partido conserve su registro, la instauración de la segunda vuelta en elecciones presidenciales y/o de gubernaturas y la sanción del uso de programas sociales con fines electorales”.
Asimismo, resalta que “una de las ausencias más notables en el debate actual es la revisión al modelo de comunicación política vigente, que ha puesto en entredicho a todos los gobiernos que han tenido que lidiar con él. En consecuencia se esperaría que hubiera más coincidencias para definir las reglas que determinan lo que las autoridades pueden hacer o no en el marco de un proceso electoral”.
Para Giles Navarro es un hecho que “ante la dificultad de alcanzar consensos en torno de las cuestiones que generan posturas políticas encontradas, la LXV Legislatura podría avanzar en temas menos espinosos como la adopción del voto electrónico, la reglamentación de la reelección legislativa, la flexibilización del modelo de comunicación política, entre otros temas que podrían dar forma a la siguiente reforma político-electoral en nuestro país”.
El autor concluye que “la viabilidad de la próxima reforma dependerá del diálogo y voluntad de los diferentes actores políticos”.
Reformas político-electorales
| Año de aprobación | Cambios relevantes |
| 1977 | Reconoció a los partidos como entidades de interés público. Introdujo el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y los ayuntamientos. Estableció que la Cámara de Diputados estaría conformada por 400 diputados (300 de mayoría relativa y 100 plurinominales). |
| 1986 | Incrementó de 100 a 200 el número de diputados plurinominales. |
| 1990 | Creó el Instituto Federal Electoral como órgano del Estado encargado de la función electoral. Definió las bases para la organización de las elecciones con la participación de los partidos y de los ciudadanos. |
| 1993 | Estableció las bases para el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Consagró al Tribunal Federal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Aumentó de 64 a 128 el número de senadores. |
| 1994 | Creó la figura de consejeros ciudadanos del IFE electos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. |
| 1996 | Reguló el financiamiento público a los partidos políticos. Creó el TEPJF. Estableció el tope de 8% de sobrerrepresentación en el Congreso. |
| 2007 | Estableció la renovación escalonada de consejeros electorales. Impuso un modelo de comunicación política caracterizado por la prohibición a los partidos, candidatos y particulares para contratar espacios en radio y televisión con el fin de difundir mensajes de índole político o electoral. |
| 2012 | Estableció la consulta popular e iniciativa ciudadana. Reconoció las candidaturas independientes. |
| 2014 | Creó el Instituto Nacional Electoral. Estableció la reelección consecutiva de senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. |
Fuente: Instituto Belisario Domínguez del Senado