Ciudad de México, a 29 de julio. Concesionarios y empresarios de la industria de radio y televisión, así como organismos de magistrados y jueces lanzaron un rotundo mesaje por separado, frente a la promovida imposición y normatividad por parte del Estado mexicano a los presuntos derechos de las audiencias.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtieron que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), contienen riesgos de una regresión democrática y abren la puerta a mecanismos de censura institucionalizada.
La CIRT sostuvo en un comunicado que el anteproyecto resulta ambiguo y otorga discrecionalidad al Gobierno Federal al permitirle definir qué constituye información falsa o descontextualizada, lo que desvirtúa la autorregulación planteada y anula la figura del defensor de las audiencias, que quedaría subordinado a la autoridad. “Entendemos que la posición del CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud”, señaló el organismo.
Uno de los puntos centrales de la inconformidad empresarial corresponde al régimen sancionador. La CIRT expuso que los lineamientos establecen que por cada supuesta falta informativa se imponga una multa de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador, cuando la legislación vigente contempla multas únicamente en dos supuestos: no designar defensor de audiencias y no emitir códigos de ética. “Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley”, advirtió la cámara.
Jueces
Por su parte, la JUFED, que preside la magistrada en retiro Julia García González, afirmó que la pretensión del Ejecutivo Federal de regular las líneas editoriales de la prensa, bajo el argumento del derecho de las audiencias, vulnera de manera directa el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresión y difusión.
“Al pretender incidir de manera unilateral la regulación sobre los contenidos difundidos en medios electrónicos como la radio y la televisión, se invade una esfera que debe mantenerse con absoluta independencia y apego a la ley. Esa propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”, expuso la asociación de juzgadores.
La organización de juzgadores añadió que, si bien la tutela de los derechos de las audiencias busca teóricamente combatir la desinformación, promover el respeto a las minorías y garantizar contenidos de calidad, los controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representan un riesgo para el Estado constitucional.
“Someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno no solo desincentiva el periodismo de investigación y fomenta la autocensura, sino que transgrede la neutralidad institucional, debilitando el equilibrio de poderes y convirtiendo a la regulación informativa en un instrumento de fiscalización y control político”, indicó.