México, 26 de junio. El Pleno de la Cámara de Senadores delibera el dictamen que busca fortalecer la labor del Estado mexicano en el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.
La propuesta plantea mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de las obligaciones para prevenir dicho delito.
En este sentido, se refuerza la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Se establecen facultades para que participe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en la supervisión de las actividades vulnerables.
También se plantea que la SHCP, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), será responsable de supervisar la verificación y cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, con lo que se pretende optimizar los procesos de supervisión y mejorar la efectividad en el monitoreo de las actividades vulnerables.
Las reformas también otorgan facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para coordinarse con las entidades federativas en la creación y fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Se exige a las entidades que realicen actividades vulnerables el uso de sistemas automatizados para el monitoreo continuo de las operaciones con clientes de alto riesgo, pues la implementación de estos sistemas permitirá identificar transacciones sospechosas de manera más eficiente y a tiempo.
El dictamen subraya que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionarán a la Secretaría de Hacienda la información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.
Asimismo, la información relativa a los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido será requerida por la SHCP al Instituto Nacional Electoral u Organismo Público Local Electoral que corresponda.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado aseguró que el dictamen es fruto de un largo proceso de discusión, el cual ha sido enriquecido de manera sustancial mediante un ejercicio democrático de discusión y retroalimentación plural.
“No es una ley penal ni de persecución de delitos, sino de naturaleza preventiva y administrativa, pues su objetivo es evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado para fines ilícitos mediante medidas de identificación, reporte y control”, subrayó.
Se trata, dijo, de una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto, de tal forma que se prevenga que recursos ilícitos contaminen y alteren la sanidad del sistema financiero nacional.