La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofrece 40 recomendaciones para atender la “crisis humanitaria” que enfrenta el país.
La última vez que Adela vio a su hija, Mónica, fue cuando se despidió de ella para ir a la universidad, en 2004. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Alfredo, de 17 años, fue llevado con engaños, junto a otros, a un campo de entrenamiento de un grupo criminal que opera en Tierra Caliente, Guerrero. Escapó de ahí tras un enfrentamiento contra el Ejército.
Olga cruzó la frontera mexicana, desde Honduras, para nunca regresar. Dejó a seis niños al cuidado de su madre, quien desde 2015 la busca.
José Luis fue puesto de rodillas por 20 presuntos marinos mientras estaba en una fiesta familiar en Nuevo Laredo, golpeado y subido a un vehículo. No lo han vuelto a ver.
Estos y otros casos aparecen en el Informe sobre desaparición forzada en México, publicado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de estudiar 19 informes previos y realizar 16 audiencias, cuestionar a 18 organizaciones civiles y al Estado, además de recopilar 50 testimonios y entrevistas a altos cargos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los resultados, concretados en 40 recomendaciones al gobierno mexicano, son desesperanzadores: el informe de más de 200 páginas asegura que la desaparición en el país es “generalizada”, “indiscriminada”, “puede afectar a cualquier persona” y, a diferencia de otros periodos históricos, “no depende de opiniones disidentes ni posición política”.
Los principales blancos del fenómeno, que sitúa a partir de la llamada “guerra sucia”, son niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres y niñas víctimas de violencia de género, migrantes afectados por la trata con fines de explotación sexual y laboral, personas disidentes de grupos LGBT+ y periodistas y defensores que se atreven a denunciar abusos.
Según el informe, la desaparición no se circunscribe a los límites de un solo estado, pero existen altas concentraciones del fenómeno en Jalisco (con 15 mil 330 casos), Estado de México (con 14 mil 48) y Tamaulipas (con 13 mil 471); mientras que en el Corredor del Pacífico —Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa— está vinculada a la actuación del crimen organizado.
Para sorpresa de nadie
La información no arroja nueva información, pero reafirma que México es el país que más acciones urgentes por desaparición forzada acumula en la Organización de las Naciones Unidas (ONU): hasta septiembre de 2024 se han interpuesto 779 solicitudes en su contra; le siguen Irak con 663 y Colombia con 244.
Hace apenas unos meses el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU afirmó que en México se cometen “desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada”, equiparándolos a “crímenes de lesa humanidad”, lo que hizo que activara por primera vez en su historia un mecanismo recogido en el artículo 34 para llevar el tema con carácter urgente hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La información está respaldada por algunas cifras: en el país hay más de 127 mil desaparecidos, más de cinco mil 600 fosas clandestinas, una crisis forense que supera los 72 mil cuerpos sin identificar y 95% de impunidad.
“Lo primero, lo rechazamos. En México no hay desaparición forzada desde el Estado, eso no existe aquí. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatirlo”, sentenció como respuesta el Ejecutivo federal.
El señalamiento oficial añadió que el comité tiene “una orientación” dirigida a “criticar al Gobierno de México”, mientras que miembros del Gabinete de Seguridad señalaron una reducción considerable de los desaparecidos en el país: de los más de 127 mil, solo se reconocieron 43 mil personas.
Las familias, por su parte, exigen menos preocupación por los números y más acciones de búsqueda, pues según el informe de la CIDH la desaparición de una persona en México es solo el comienzo de la transformación de la vida familiar, cuya experiencia al interactuar con las instituciones administrativas y judiciales es descrita como “burocratizada, engorrosa, traumática y revictimizante”.
Recomendaciones
Pese a que el informe de la CIDH reconoce “avances institucionales y normativos” impulsados en los últimos años por el Estado, los califica como “insuficientes”. Y critica la “falta de eficacia en las medidas de prevención, la persistencia de altos niveles de violencia, la desconfianza en las autoridades y la impunidad estructural”.
La comisión, puesta a disposición del gobierno para prestar asistencia técnica en la creación de políticas públicas, advierte que para superar esta crisis humanitaria se requiere “fortalecer las instituciones” y las “políticas en materia de prevención, justicia, búsqueda e identificación humana”, así como “desmantelar las redes de connivencia con el crimen organizado”.
Agrega: “Presentamos este documento con la convicción de que estas recomendaciones se traduzcan en acciones verificables y coordinadas entre las autoridades y los colectivos. Porque desde la Comisión Interamericana también decidimos porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.