Diputada del GPPRI busca concientizar en escuelas sobre educación socioemocional

La representante del tricolor señaló que el objetivo es prevenir, contener y erradicar la violencia infantil desde un enfoque integral de la salud pública.

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En la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad, con 46 votos a favor, la iniciativa de la diputada Mónica Sandoval Hernández en materia de implementación de programas de educación socioemocional y de prevención de la violencia desde entornos formativos como la familia y la escuela.

“Hoy inicia un nuevo camino en la promoción de la salud; estas acciones responden a la necesidad de prevenir, contener y erradicar la violencia infantil desde un enfoque integral de la salud pública”, explicó la legisladora en su intervención durante la reunión de este grupo de trabajo.

Previamente, en conferencia de prensa, realizada el pasado lunes, el congresista del PRI señaló que esta propuesta surge como respuesta a la creciente evidencia del impacto negativo que tiene la violencia física, emocional y psicológica en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, lo que representa una problemática de la salud pública.

Recordó de acuerdo con una publicación de la UNAM de enero de este año, en nuestro país, “3.6 millones de adultos la padecen; de ellas, el 1 por ciento son casos severos. Se caracteriza por disminución del estado de ánimo, sentimientos de tristeza, dificultad para concentración y alteraciones en el patrón de sueño y apetito; en casos severos se presenta una forma de incapacidad que afecta todos los aspectos de su vida y reacciones somáticas como dolor, hormigueo y rigidez muscular”.

Los efectos de una salud socioemocional deficiente se dejaron sentir con mayor crudeza en la parte final de la pandemia y los años subsecuentes, pero además de los adultos, la juventud fue el sector más afectado, lo que trató las cifras de suicidios.

En materia de recursos financieros; de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) el año pasado se destinaron 3 mil 819 millones de pesos para atender trastornos emocionales, 7.3 por ciento más que el año pasado, lo que representa 1.3 por ciento del gasto total en salud, por debajo del cinco por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En ese contexto, Sandoval Hernández dijo que se hace necesaria la atención emocional y psicológica desde entornos formativos del individuo como la familia y la escuela.

La iniciativa refiere que desde 1948, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental según la ONU este derecho está reconocido en tratados internacionales y constituciones nacionales. En México, se incorporó en 1983 en el artículo 4º de la Constitución como “el Derecho a la Protección de la Salud”.

Actualmente, el artículo 4 establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá el acceso a los servicios de salud y coordinará la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, además de establecer un sistema de salud para el bienestar, garantizando la atención integral y gratuita para personas sin seguridad social”.

De tal suerte, se propone: reformar y agregar el Artículo 65 de la Ley General de Salud, en materia de implantación de programas de educación socioemocional y de prevención de la violencia.
Único
Se modifica el artículo 65 y se agrega la fracción III, con lo que se recorre el orden de las subsecuentes, de la Ley General de Salud para quedar como sigue
Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán y fomentarán:
I. y II....
III. Programas de educación socioemocional dirigidos a la prevención, contención y erradicación de la violencia, a niños, adolescentes, tutores y padres de familia, de conformidad con lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia; salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas; y IV. ...
V. ...
En la propuesta de ley se otorga un plazo de 180 días para la operación de la iniciativa.

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