México, 24 de junio. La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental, para extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El documento, avalado en lo general con 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 348 votos en pro, 132 en contra y cero abstenciones, en la primera sesión del período extraordinario, deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Con ello, se cumple con lo establecido en el decreto por el que se modifican disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica, por el cual se extingue el CONEVAL y reasigna sus funciones al INEGI, para mejorar la eficacia de los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Determina que la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, así como la emisión de recomendaciones corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política.
El Instituto llevará a cabo la actualización de los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, procurando la homogeneidad y comparabilidad de la información.
La actualización de los lineamientos y criterios técnicos deberá mejorar la medición y garantizar que los indicadores de mediciones anteriores puedan seguir siendo estimados en el tiempo y espacio.
Además, el Instituto deberá establecer los lineamientos y criterios técnicos para las metodologías de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, pondrá a disposición del público la evaluación integral de dicha Política y el informe general sobre el resultado de dicha evaluación, a través del portal institucional y en términos de lo previsto en la legislación en materia de transparencia.
El dictamen, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, subraya que el Instituto, en su carácter de evaluador de la Política de Desarrollo Social y medición de pobreza, se regirá por los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico.