Ciudad de México, a 13 de julio. La nueva recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa fue calificada como un disparate y un retroceso por expertos independientes y colectivos de víctimas.
El documento de 867 páginas —recomendación 208VG/2026— emitido bajo la gestión de Rosario Piedra Ibarra, exonera de responsabilidad institucional al Ejército y descalifica las investigaciones de organismos internacionales.
Exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como la abogada Ángela Buitrago, señalaron que el informe está lleno de contradicciones, mentiras y acusaciones infundadas contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También acusan a la CNDH de usar sus recursos para agredir a quienes investigaron la “Noche de Iguala” en lugar de acompañar a las familias, al argumentar que el organismo repite estrategias de opacidad de administraciones pasadas.
Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunciaron que la recomendación busca restar credibilidad a las ONG que defienden a los padres de los 43 normalistas.
El organismo independiente determinó que no existió participación directa ni institucional de la Sedena en los ataques contra los estudiantes, reduciendo la implicación militar a omisiones individuales.
La recomendación fue enviada a 22 autoridades federales, estatales y municipales, pero excluyó explícitamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El informe califica de una “antiverdad histórica” a las investigaciones previas de la Comisión para la Verdad que apuntaban a un crimen de Estado con participación militar.
Felipe de la Cruz, vocero de las familias, y diversos colectivos afirmaron que desestimar la participación del Ejército es un “crimen” y aseguran que no se dejarán intimidar y continuarán exigiendo la entrega de los folios militares ocultos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, se desmarcó del documento afirmando que su administración no participó en él y ordenó a la Secretaría de Gobernación revisar el informe para priorizar el diálogo con los padres.