“Este país ya no puede más. No puede seguir bajo la misma ruta de violencia desbordada”.
“Hablar de que este es el sexenio más violento de la historia de nuestro país, no debe ser sinónimo ni de normalizar la violencia ni de asumir cada homicidio o delito como una cifra, pues detrás de estas afirmaciones están vidas perdidas, dañadas o rotas”.
“Al día, en promedio, se pierden más de 80 vidas, ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?”
Esa es una de las reflexiones principales sobre las que giró el diálogo que sostuvieron en el Encuentro entre Empresarios y Obispos, convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Confederación USEM, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
“Lo primero, reconocer la realidad: México vive una crisis, no podemos ni debemos tapar el sol con un dedo
La incesante y creciente violencia que vivimos a lo largo y ancho del país, las muertes y desapariciones de tantas personas, el impacto del crimen organizado, la migración forzada, la extorsión, la conflictividad social y política, son signos de una crisis que nos ha robado la tranquilidad a todos”.
¿Qué hacer?
Ser conscientes de lo que está en nuestras manos poder cambiar: Qué más quisiéramos que impedir un asesinato, pero está en nuestras manos cambiar conductas que se traducen en violencia o en injusticias en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestro propio hogar.
Ser ejemplo en nuestra familia y entorno: Eduquemos a nuestros hijos y formemos a nuestros colaboradores en valores y con el ejemplo. Nada es más poderoso.
Ayudar, ayudar y ayudar: Es el mecanismo más eficaz de procurar justicia, ayudémonos unos a otros, no seamos indiferentes. Ayudar es lo más gratificante que existe.
Tomar como ejemplo las mejores prácticas y las experiencias exitosas; por ejemplo en Yucatán con la conformación de un cuerpo de policía profesionales y con elementos bien pagados que garantice el bienestar de ellos y sus familias, o la coordinación regional en La Laguna para perseguir delitos en los estados de Durango y Coahuila; o la implementación de los Centros de Integración Ciudadana en 10 ciudades del país, sólo por mencionar algunas iniciativas.