Las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con relación a las denuncias por presuntos actos anticipados de campaña de Morena y del PAN, PRIy PRD, han vuelto a poner de manifiesto la inoperancia de la ley electoral aprobada en 2007 y ratificada en 2017, por obsoleta y rebasada en la realidad, pues más que promover la participación ciudadana y el desarrollo democrático se ha caracterizado por sus resoluciones restrictivas y de censura.
Contrario a los beneficios que traería para el avance electoral, en los últimos 16 años la normatividad electoral ha dejado un caudal histórico de impugnaciones, controversias judiciales e incertidumbre que vuelve a repetirse a unas semanas de que inicie el proceso electoral federal 2023-2024, con el cúmulo de quejas y denuncias presentadas ante el INE por los procesos internos iniciados por los partidos políticos para simular la elección de sus candidatos a la presidencia de la República, fuera de los tiempos establecidos en la ley.
Frente a la evidencia de que el partido en el poder y el frente opositor iniciaron sus precampañas que “disfrazaron” de procesos internos para la elección de un “coordinador” de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y al “responsable” para la construcción del Frente Amplio por México, el INE y el TEPJF han quedado rebasados para aplicar la ley y sancionar la simulación de los partidos políticos.
Ante las denuncias de legisladores y ciudadanos para que se impida y castigue los actos anticipados de precampañas, los consejeros y magistrados electorales han asumido posturas contradictorias y poco claras que generan descontento ante lo que los expertos consideran como una flagrante violación de las normas electorales.
Una muestra más de la actitud de censura que genera la ley electoral es el monitoreo que prepara el INE de casi 500 noticieros, programas de debate, opinión y análisis durante las precampañas y campañas del proceso electoral del próximo año, un mecanismo que a decir de comentaristas inhibe la libertad de expresión y somete a escrutinio la pluralidad de voces y opiniones, indispensables en el debate democrático y de un proceso electoral de gran trascendencia para los mexicanos.
Así, en lo que se prevé sea una de las contiendas electorales más disputadas en la historia reciente de México, con las resoluciones contradictorias y poco claras emitidas por el INE y el TEPJF respecto a presuntos actos anticipados de campaña, se corre el riesgo de generar inequidad, incertidumbre y fastidio en la sociedad antes del arranque formal de las precampañas y campañas, y con ello provocar una mayor tensión en unos comicios que se prevé sean de alta conflictividad.
Partidos o el arte de simular
La carrera desbocada de actos electorales fuera de los tiempos establecidos en la ley provocó que ciudadanos, legisladores y los propios partidos hayan presentado hasta el momento más de 200 quejas por actos anticipados de campaña, financiamiento ilegal y derroche de recursos.
Y ante lo que a toda vista son procesos simulados, se esperaba que el INE y el TEPJF asumieran una postura firme para hacer respetar la ley electoral e impedir que, en un afán por sacar ventaja en la carrera presidencial, los partidos políticos violaran la ley.
Sin embargo, las autoridades administrativa y jurisdiccional en materia electoral han dejado hacer y dejado pasar la aplicación de sanciones contra actos que, a decir de expertos, infringen las disposiciones electorales, con lo que al parecer aplican un nuevo criterio que hasta no mucho era estricto para sancionar esos actos.
A lo más que se han atrevido los consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha sido aplicar medidas cautelares preventivas para que los aspirantes de Morena y de la oposición no incurran en actos anticipados, como no hacer llamados al voto, no decir que son precandidatos y no hacer propuestas electorales, entre otras restricciones, ratificadas por el TEPJF.
Pero estas medidas no solo han resultado insuficientes para que los partidos dejen de incurrir en esos actos pues, tal como están interpretando la ley electoral, los partidos políticos no han tenido más que simular procesos para que sus precandidatos no sean precandidatos sino “aspirantes”, y que sus reuniones de asambleas y juntas partidistas que se supone confinadas para militantes y simpatizantes, sean eventos públicos en no pocos casos masivos.
A toda esa simulación de los partidos políticos se suma la parafernalia de los casi mil espectaculares a lo largo de todo el país, promoción en las bardas y calcomanías en cientos de unidades de transporte colectivo en varias entidades del país.
Al filo de la ley
El adelantamiento de los tiempos en los procesos internos de los partidos ha provocado una situación inédita que los pone en el filo de la ley frente a la violación de la norma electoral para unos comicios históricos en el que estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección.
Las presuntas violaciones electorales iniciaron antes de los procesos internos el 19 y 27 de junio, ya que meses antes la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió a la dirigencia morenista conminar a los todavía servidores públicos a abstenerse de realizar eventos o giras proselitistas y no realizar propaganda en bardas.
Morena arrancó el 19 de junio el periodo de 70 días para que las llamadas corcholatas comenzaran un proceso interno entre los militantes y simpatizantes del partido.
Ante las diversas denuncias recibidas por actos anticipados de precampañas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente el 28 de junio la solicitud de medidas cautelares contra los seis aspirantes de Morena, en la que se pedía acotar sus recorridos y viajes por el país, pues los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño expusieron que corresponde a la Sala Especializada del TEPJF determinar si se trata o no de actos proselitistas y de actos anticipados de precampaña y campaña, y el proyecto proponía un análisis de fondo “que no nos permitirían dictar las medidas cautelares”.
La consejera Claudia Zavala Pérez consideró, por el contrario, que se trataba de eventos abiertos y de entrega de propaganda, y destacó que todos los aspirantes, sin excepción, tienen una clara posición respecto de proyectos para dar continuidad a programas de gobierno.
Esos llamados también fueron hechos a las senadoras del PAN, Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y al exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid.
Vulnerar equidad y simulaciones
El TEPJF por su parte confirmó en la sesión del 11 de julio por mayoría de votos el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias, respecto al procedimiento interno de Morena para elegir a su coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
La Sala Superior recordó que el INE estableció que no podía detener el proceso y los plazos aprobados por Morena por tratarse de un mecanismo “autoorganizativo” del partido, pero advirtió que esas acciones y los aspirantes morenistas podían “vulnerar la equidad” de la contienda, por lo que los exhortó a respetar los principios de legalidad y equidad.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso propuso al pleno confirmar la determinación del INE porque no advirtió un riesgo que justifique la suspensión del proceso pues no era para elegir a una precandidatura o candidatura, sino determinar una “autoorganización partidista”, en lo que coincidió el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, y la magistrada Janine M. Otálora Malassis se pronunciaron en contra del proyecto. Esta última consideró que se debería suspender el proceso porque se trata de una simulación para evadir la ley, lo cual vulnera la equidad en la contienda, impide una fiscalización adecuada y atenta contra la integridad del proceso electoral.
¿Marcha atrás?
Pero dos días después, el jueves 13 de julio, la Sala Superior del TEPJF revocó el acuerdo del INE que rechazó emitir las medidas cautelares solicitadas en contra de los aspirantes de Morena.
En su proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante Gonzales, por las denuncias del PAN y el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynez, determinó que la Comisión de Quejas y Denuncias no cumplió con su deber de realizar un análisis preliminar de los hechos denunciados de manera individualizada para cada persona involucrada, a partir de las pruebas ofrecidas por los denunciantes y las recabadas por la propia autoridad administrativa, a fin de establecer si se justificaba la adopción de medidas cautelares.
El pleno ordenó que el INE emita un nuevo acuerdo en el que determine si los hechos denunciados violentan el principio de equidad en la contienda y, de ser así, dicte las medidas necesarias para detener los actos o hechos que podrían constituir una infracción, con el propósito de evitar daños irreparables a los principios que rigen los procesos electorales.
Censura
La necesidad de que el país cuente con una nueva ley electoral moderna, que promueva la participación ciudadana, estimule el avance democrático y garantice la libertad de expresión ha sido una demanda reiterada de expertos electorales, legisladores y funcionarios y directivos de la industria de la radio y la televisión, quienes se manifiestan por dar paso a una nueva ley que elimine la regulación excesiva que se aplica a los medios de comunicación.
Otra demanda reiterada del sector han sido las modificaciones al modelo de comunicación política que se aplica durante los comicios por contener una serie de restricciones a los contenidos en radio y televisión y que prohíben la comercialización de los mensajes electorales, restricciones que no se aplican a las plataformas digitales.
Las limitantes impuestas por la ley electoral a la radio y la televisión impiden, por otro lado, que los mexicanos puedan estar informados en lo que atañe a la materia electoral, limitantes y prohibiciones que al final terminan en actos de censura.
Con estas medidas restrictivas de la ley electoral la sociedad resulta afectada por el modelo de comunicación vigente, pues en lugar de fomentar los espacios de discusión, análisis y crítica, el monitoreo de los noticieros y otros programas inhiben la libertad de expresión.
La veda electoral es otro de los engendros que ha traído consigo la norma electoral, una prohibición establecida en las leyes para que los servidores públicos eviten hablar sobre temas electorales y los medios de comunicación electrónicos no reproduzcan los dichos o hechos de gobernantes o legisladores durante el desarrollo de los procesos electorales.
Los analistas y concesionarios han propuesto la desaparición de esa figura o en su caso contar con criterios precisos para determinar lo que es contenido informativo y lo que es propaganda electoral.
La aplicación de esta veda provoca que los medios de comunicación corran el riesgo de ser sancionados por dar cobertura a las actividades de los gobernantes, legisladores y candidatos.
Reforma urgente
Al adelantamiento que han hecho los partidos políticos de actos de campaña del proceso federal 2023-2024, la postura titubeante del INE y el TEPJF para aplicar medidas cautelares ante las evidencias de que se realizan actos partidistas de precampañas, se suma el monitoreo y análisis de contenidos de las transmisiones en radio y televisión durante las campañas y precampañas.
Pese a que el universo que monitoreará el INE suma cerca de 500 noticieros de radio y televisión a nivel nacional, ahora el Consejo General amplió el catálogo de programas en los que se incluirán por primera vez cuatro programas de debate, opinión y análisis.
El consejero Martín Faz Mora, presidente del Comité de Radio y Televisión, afirmó que la observación de medios que el INE realiza durante las precampañas y campañas del proceso electoral federal de 2023-2024 no sanciona alguna conducta ni obliga a actuar o conducirse en un sentido u otro, ya que simplemente toma una “fotografía” de la forma en que los medios realizan la cobertura de esos procesos.
Sin embargo, para analistas se trata de un mecanismo que inhibe la libertad de expresión y somete a escrutinio la pluralidad de voces y opiniones, indispensables en el debate democrático y de un proceso electoral de gran trascendencia para los mexicanos.
El inédito adelantamiento de los procesos internos de los partidos políticos, los cuales han aprovechado la indecisión del INE para aplicar medidas cautelares que eviten la transgresión de la ley electoral, pone de manifiesto la urgencia de que en una próxima reforma electoral se ponga fin a restricciones absurdas en materia electoral que han afectado el desarrollo democrático del país, además de afectar la libertad de expresión, inhibir la participación ciudadana y el saludable debate libre de opiniones en los medios de comunicación, una ventana indispensable para conocer el sentir de los ciudadanos de las elecciones y los asuntos electorales.
Ley rebasada
El artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece:
• Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos de la selección de candidatos de elección popular, cada partido determinará el procedimiento aplicable para la selección de sus aspirantes a cargos de elección popular.
• La determinación debe ser comunicada al Consejo General del INE dentro de 72 horas siguientes a la aprobación, señalando la fecha del inicio del proceso interno, el método o métodos que serán utilizados, entre otros requisitos.
• Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión las campañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de 60 días.
• Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos.
• Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos.
Problemas de fondo
En el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral celebrado en la Cámara de Diputados participó un centenar de ponentes: juristas, expertos en derecho constitucional, especialistas en procesos electorales, magistrados de tribunales electorales, consejeros de institutos electorales, fiscales especializados en delitos electorales, académicos, así como coordinadores e integrantes de los grupos parlamentarios representados en San Lázaro.
El ejercicio de Parlamento Abierto tuvo un costo de 20 millones de pesos, con cargo al presupuesto de la Cámara de Diputados.
Ángel Eraña Sánchez, especialista en Derecho Constitucional e investigador de la Universidad Iberoamericana, concluyó: “Si solamente se va a analizar lo electoral, siempre queda una desazón porque nunca se acaba de discutir qué régimen político se quiere”.
“No podemos cambiar reglas cada que va a comenzar un proceso electoral. Y si los partidos son tan irresponsables para modificar la estructura integral-electoral estamos hablando que aquí hay otra cosa”.
Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, señaló que el sistema que se tiene es perfectible. Sin embargo, afirmó: “Los grandes retos que enfrenta la materia electoral en nuestro país no se resuelven con una reforma electoral: tiene que ver con los factores estructurales de pobreza, corrupción e impunidad que hay en México”.
Indicó que las elecciones sirven para darle paz y estabilidad social a los pueblos y lo que se tiene hasta ahora, en lo que corresponde a la organización de la jornada electoral —que recae fundamentalmente en la participación de ciudadanos como funcionarios de casilla que reciben y cuentan los votos— ha funcionado.
Y finalizó: “Los hechos nos demuestran que la clase política en México no está de acuerdo con las reglas que ellos mismos aprobaron. Entonces, al no estar de acuerdo con esas reglas y estarlas violentando de manera sistemática y recurrente, no solamente tensan la relación con las instituciones electorales: se corre el riesgo de tener elecciones que no cumplan su propósito y puedan ser cuestionadas”.