Cdmx, 8 de mayo de 2026.- Un juzgado federal ordenó suspender temporalmente el proceso de autorización ambiental del proyecto AMIGO GNL, una terminal de exportación de gas natural licuado proyectada para Guaymas, Sonora, al considerar que existen elementos suficientes para revisar presuntas irregularidades en el acceso a la información y en la consulta pública realizada para su evaluación.
La medida fue concedida dentro de un juicio de amparo promovido por las organizaciones Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19, que impugnaron el proceso encabezado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Con la suspensión definitiva, la autoridad ambiental deberá abstenerse de emitir cualquier autorización en materia de impacto ambiental hasta que exista una resolución de fondo.
Las organizaciones promoventes sostienen que durante la evaluación del proyecto no se garantizó el acceso completo y oportuno a la información ambiental, además de que el proceso de participación ciudadana presentó deficiencias que limitaron la intervención efectiva de la población interesada.
AMIGO GNL contempla la exportación de más de 5.1 millones de toneladas anuales de gas natural licuado hacia mercados asiáticos mediante infraestructura terrestre y marítima en Guaymas. De acuerdo con sus opositores, la operación implicaría el tránsito constante de buques metaneros, actividades de dragado, emisiones contaminantes y riesgos para especies marinas que habitan o migran por el Golfo de California.
La resolución judicial se produce en medio de una creciente controversia sobre el desarrollo de infraestructura energética en una de las regiones marinas con mayor biodiversidad del mundo. Organizaciones ambientales advierten que el proyecto podría generar impactos irreversibles sobre ecosistemas costeros y sobre especies de cetáceos que utilizan la zona como corredor migratorio, área de alimentación y reproducción.
Durante la consulta pública realizada por la ASEA en marzo pasado, más de 4 mil 800 personas presentaron observaciones y comentarios técnicos solicitando que el proyecto no fuera autorizado. Entre los principales señalamientos destacaron presuntas omisiones en la Manifestación de Impacto Ambiental y la falta de evaluación de impactos acumulativos en la región.
La suspensión también ocurre mientras autoridades estatales y actores del sector energético han promovido el proyecto como una inversión estratégica para Sonora. Sin embargo, las organizaciones impulsoras del amparo subrayan que la iniciativa aún carece de autorizaciones ambientales definitivas y que cualquier avance deberá apegarse a los procedimientos legales vigentes.
La medida cautelar permanecerá vigente hasta que el Poder Judicial determine si se respetaron los derechos de acceso a la información y participación pública establecidos en la legislación mexicana y en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú.