México, 17 de junio. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó con 32 votos a favor, 11 en contra de diputadas y diputados del PAN, PRI y MC, y cero abstenciones, la opinión de impacto presupuestario sobre la iniciativa que expide la Ley de la Guardia Nacional; se remitió a la Comisión de Justicia para continuar con el proceso legislativo.
Conforme a la valoración del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Ifigenia Martínez y Hernández, de la Cámara de Diputados, de aprobarse las modificaciones se asume que no habría un impacto presupuestario por la expedición de la nueva Ley de la Guardia Nacional, debido a que se trata centralmente de la desaparición de figuras regulatorias de la Guardia Nacional, así como a ajustes disciplinarios.
Se busca emitir una nueva ley para establecer a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional e integrada por personal militar con formación policial, así como con personal civil de confianza que realice funciones técnicas, profesionales y administrativas, quienes se regirán conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La diputada Gómez Pozos comentó que desde las reformas constitucionales se ha venido analizando todas las leyes que habría que armonizarse, y hoy nosotros “no estamos discutiendo el fondo de este asunto”.
Hizo mención que, por ejemplo, el tema para adquirir equipamiento “también nosotros como Comisión lo dictaminamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo conocimos y el recurso para tal caso está previsto en el presupuesto”.
Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores señaló que a la Comisión le corresponde discutir si hay impacto presupuestal en las reformas que se proponen sobre la Guardia Nacional. “Yo estoy con el Centro de Estudios en el sentido de que no hay impacto presupuestal”.
Detalló que en caso de que lo hubiera, se hizo prevención en la ruta para esta reforma que deriva de la constitucional, donde pasó la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa. “En esa lógica no hay dificultad. No hay ninguna razón para votarla en contra”.
A su vez, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) mencionó que, si bien no se está discutiendo el fondo de la iniciativa, sí es un paso más que consolida “la militarización de la seguridad en el país, y en materia presupuestal para nosotros sí hay un impacto fiscal y presupuestal de la iniciativa”.
Resaltó que no se previó en el análisis del Centro de Estudios la necesidad de recursos que habrá de forma inobjetable para llevar a cabo la compra de equipamiento, la capacitación de los elementos que pasan a la Secretaría de la Defensa Nacional o la seguridad social que también se tiene que prever para los elementos de la Guardia Nacional que pasan ahora al mando militar de la Sedena, y tampoco sobre las obligaciones de vivienda.
En su intervención, Cecilia Reyes Montes, directora de Valoraciones Presupuestales del CEFP, dijo que la iniciativa reglamenta las reformas constitucionales sobre la Guardia Nacional publicadas en el DOF el 30 de septiembre de 2024, y cuando se aprobó el Presupuesto se tomó en cuenta el artículo transitorio de la reforma que decía que no se iban a aprobar más recursos.
La iniciativa, explicó, menciona que la plantilla que se tenía en la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a pasar a la Defensa, por lo que en ella se está contemplando a los puestos de la Guardia Nacional y considerando que debe haber una formación policiaca y, en este momento, todavía no están los grados que se van a equiparar con los de la Defensa Nacional.
Entonces, “no se pueden ajustar ahora esas remuneraciones; son remuneraciones que en el futuro eventualmente se ajustarán, lo mismo prestaciones y plazas que se van a ir formando, por lo que en este momento no hay impacto presupuestario”, puntualizó.