Los especialistas y la oposición demandan que los futuros integrantes del órgano electoral sean personas ajenas a intereses partidistas.
La Cámara de Diputados prevé designar este 22 de abril a los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de un proceso observado y cuestionado tanto por la oposición como por expertos en materia electoral y constitucional.
De acuerdo con los especialistas, su preocupación es producto de la forma en la que los diputados de Morena y aliados han desarrollado las diferentes etapas del proceso de selección, pues consideran que se buscó beneficiar a aspirantes afines al régimen.
Ante ello demandaron a los diputados que al designar a los tres nuevos integrantes del órgano electoral se busquen perfiles con conocimientos en materia electoral y, sobre todo, que garanticen una conducta independiente de intereses partidistas y gubernamentales.
Vigilancia
Días antes de que el pleno de la Cámara de Diputados lleve a cabo la sesión para elegir a los tres nuevos consejeros electorales el Observatorio Ciudadano 2026 emitió un pronunciamiento en el que subrayó su “firme compromiso de acompañar y documentar cada etapa del proceso de renovación de las tres consejerías del Consejo General del INE”.
Entre los expertos que firmaron el pronunciamiento se encuentran la activista Marina Calderón, especialista en temas electorales; José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); así como Diego Valadez, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ellos señalaron que su tarea de observación parte de una premisa irrenunciable: “Una condición indispensable para contar con comicios limpios es la existencia de autoridades electorales independientes, autónomas e imparciales. Eso es parte de la integridad electoral. Con ese criterio hemos observado el proceso desde su inicio y así continuaremos hasta que el pleno de la Cámara de Diputados concluya la designación”.
Asimismo, los expertos expusieron sus reservas sobre las diversas etapas del proceso: “La conformación del Comité Técnico de Evaluación (CTE) de la Cámara de Diputados genera preocupaciones legítimas sobre si el modelo constitucional — diseñado para garantizar la imparcialidad e independencia política del proceso— fue observado en su razón y fin de ser”.
Al respecto explicaron que “el proceso de designación (del referido comité) fue recibido con reservas por la reducción del número de quienes deben componerlo y la forma en que fueron nombrados sus cinco integrantes”, toda vez que la Junta de Coordinación Política de la cámara baja y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que participaron en el proceso, “no acreditaron las salvaguardas de equilibrio entre los criterios de responsabilidad parlamentaria y ejercicio de autonomía deseables”.
Durante los días que abarcaron del 14 al 16 de abril el CTE llevó a cabo una serie de entrevistas a un grupo de 100 aspirantes, seleccionados “por obtener las más altas calificaciones” en los exámenes de conocimientos en la materia que les fueron aplicados.
En la referida etapa de entrevistas los integrantes del comité debieron evaluar en los aspirantes su trayectoria, formación académica, así como sus vínculos institucionales y posibles lazos de dependencia con actores políticos o gubernamentales.
En este sentido, los integrantes del Observatorio Ciudadano reiteraron su exhorto a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, y de manera especial al mayoritario, “para que el diálogo y la construcción del consenso sean el camino hacia la elección en el pleno”.
Por otro lado, les recordaron a los legisladores que “ya quedó demostrado en 2023 que el sorteo no garantiza la idoneidad ni la imparcialidad de las personas designadas”.
Los expertos puntualizaron que “el origen de la mayoría calificada que exige la Constitución obedece al compromiso de lograr un consenso, que incluya a las oposiciones, como respaldo a la confiabilidad del Consejo General”.
Y les dejaron en claro que lo anterior “requiere, por definición, acuerdo entre fuerzas e ideas políticas distintas. Tres nuevas consejerías con respaldo político plural y perfiles probados de independencia son una exigencia democrática que los grupos parlamentarios tienen laobligación de honrar”.
Dudas e impugnaciones
Durante el desarrollo de las entrevistas al grupo de 100 seleccionados la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, sostuvo que “en el proceso de elección de tres nuevos consejeros del INE se debe exigir certeza, transparencia y garantía democrática”, además de que “es necesario que quien sea electo no esté marcado por la duda ni la desconfianza”.
La legisladora insistió en señalar que los cargos de consejeros electorales “son posiciones que representan a todos los mexicanos, por lo que no puede haber ni duda ni desconfianza en este proceso”.
Asimismo, cuestionó a los integrantes del comité por el hecho de que fueron excluidos de la lista de 100 aspirantes varias personas que cumplían con el perfil que se busca: “Hay que definir con claridad por qué perfiles con alta experiencia —presidentas de tribunales y presidentes de consejos electorales, magistrados, personas con décadas de trabajo en materia electoral—, increíblemente, no estuvieron en la etapa de entrevistas”.
Añadió que “más allá de litigar en términos ideológicos la cuestión es explicar por qué se tomaron esas decisiones y que todo México lo sepa”.
Como bien sabemos, en la referida lista de 100 personas quedaron fuera, por ejemplo, la exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís; las actuales consejeras electorales Erika Estrada Ruiz, de la Ciudad de México, y Patricia Lozano, del Estado de México; así como Olga Castro Ramírez, de la Junta Local del INE en Nuevo León.
Por el contrario, quedaron en la lista de 100 aspirantes algunas personas señaladas por su afinidad con el régimen, o bien con escasa o nula trayectoria en el ámbito electoral. Por ejemplo, Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos de México, quien afirmó que parte de su experiencia es que participó “como ciudadano en casillas electorales”.
Suspenso
Se tiene previsto que el lunes 20 de abril el CTE remita las tres quintetas (listas de cinco candidatos) a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para que esta, a su vez, la lleve al pleno el miércoles 22 de abril y se proceda a votar por los tres nuevos consejeros del INE.
Los candidatos propuestos requieren obtener la votación de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión, es decir, mayoría calificada.
En caso de que los candidatos propuestos no logren la mayoría, el 28 de abril se celebrará una nueva sesión en San Lázaro para que los tres consejeros sean designados por insaculación (sorteo que consiste en hacer una selección al azar utilizando un contenedor con los nombres de los candidatos).
Si por alguna razón no se puede llevar a cabo la insaculación, las tres listas (quintetas) serán remitidas a la SCJN para que sean los ministros quienes realicen este ejercicio.
Para el catedrático universitario y especialistas en temas electorales Francisco Rojas, una designación incorrecta (personas sin experiencia, sin la debida formación o con evidentes nexos con partidos o el gobierno) representa un riesgo para la democracia, pues tendríamos árbitros electorales parciales, lo que a su vez deterioraría la confianza ciudadana en las elecciones.
Algunas atribuciones de los consejeros electorales
Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales.
Designar y remover, en su caso, a los presidentes y consejeros electorales de los institutos electorales locales.
Resolver sobre convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos nacionales.
Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a la ley.
Resolver el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en la ley.
Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal.
Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña.
Efectuar el cómputo total de la elección de senadores y de diputados federales.
Emitir los lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos.