Las autoridades reportan la detención de seis personas presuntamente vinculadas a la privación ilegal de la libertad de la comunicadora.
“En México amenazan, secuestran y asesinan periodistas con una impunidad casi absoluta”, afirmó María Elena Morena, representante de la organización Causa en Común, luego de que se dio conocer el hallazgo de un cuerpo sin vida que presumiblemente es de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada por un grupo de personas en su domicilio del estado de Veracruz.
Ha sido un mes de angustia para los familiares, quienes desde que se conoció el video en el que se aprecia la irrupción violenta en casa de la periodista demandaron a las autoridades de Veracruz que se dieran a la tarea de localizarla.
Junto con los familiares y colegas, una serie de organizaciones nacionales e internacionales defensores de los periodistas y de la libertad de expresión se sumaron a esa exigencia.
El caso de Guzmán reafirmó lo expuesto por medios de comunicación y organizaciones ciudadanas: Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en el país.
Se trata de una situación que alerta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional porque “cuando se ataca a un periodista no solo se viola el derecho individual a la libertad de expresión sino también los derechos colectivos de la sociedad para acceder a la información”, según establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Impactante
De acuerdo con la organización Artículo 19, promotora y defensora de la libertad de expresión y del trabajo de los comunicadores, de 2000 a la fecha se han “documentado” 176 asesinatos de periodistas en México; 57 de ellos durante el régimen morenista.
Cada una de dichas agresiones ha tenido un diferente nivel de impacto mediático y, sin duda, el de Roxana Guzmán es de los casos que más llaman la atención como producto de la difusión del video en el que se da testimonio de su secuestro.
En el material videográfico, difundido a través de diversas cuentas de redes sociales, se observa cómo un grupo de personas “encapuchadas” ingresa por la fuerza a la vivienda de Guzmán.
El padre de la periodista, Fernando Guzmán, relató posteriormente que al escuchar los gritos de su hija acudió en su ayuda, pero fue sometido y golpeado por los sujetos que irrumpieron en el domicilio, ubicado en el municipio de Nanchital, Veracruz.
Una vez que se retiraron los agresores, la familia llamó a la policía para denunciar lo sucedido.
Exigencia unánime
Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) fue de las primeras organizaciones en pronunciarse: “Manifestamos profunda preocupación ante la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz. Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y transparencia hasta dar con el paradero de Roxana”.
La Alianza de Medios (que agrupa a más de mil 300 cadenas de televisión, estaciones de radio y medios impresos de México) se sumó a la denuncia por la desaparición de la periodista y secundó la exigencia a las autoridades para resolver el problema.
La noticia, como es habitual, llegó a medios de comunicación y organizaciones de otros países. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que agrupa cadenas de televisión y estaciones de radio de todo el continente americano, igual emitió un pronunciamiento.
Desde Montevideo, Uruguay, la AIR pidió a sus más de 17 mil afiliados en América que replicaran la denuncia: “La Asociación Internacional de Radiodifusión expresa su profunda preocupación y condena el secuestro de la periodista mexicana Roxana Guzmán, ocurrido en Veracruz”.
Añadió: “La AIR recuerda que toda agresión, amenaza, desaparición o acto de violencia contra periodistas constituye una grave afectación a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a recibir información libre e independiente”.
A su vez, Artur Romeu, director de la organización Reporteros sin Frontera (RSF) en América Latina, expresó: “El secuestro de Roxana Guzmán Ramírez por hombres fuertemente armados es un crimen extremadamente grave, que exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades mexicanas”.
RSF apuntó que “Veracruz ha sido durante mucho tiempo uno de los estados más peligrosos de México para los periodistas. El secuestro de Roxana ocurre en un contexto de violencia persistente contra la prensa, particularmente contra periodistas locales que cubren temas de seguridad, política municipal y reclamos ciudadanos”.
Comunicados, conferencias y declaraciones
El mismo 2 de junio la Fiscalía General de Justicia de Veracruz emitió un comunicado: “A través de la Fiscalía Regional se ha iniciado una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad de la víctima identificada con las iniciales RGR, quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital”.
La presión de los medios de comunicación, de los organismos internacionales y de la sociedad fue creciendo. Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó: “Registramos con preocupación reportes sobre la desaparición y posible secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Veracruz. La Oficina urge a autoridades a reforzar los operativos de búsqueda, así como investigar y sancionar a los responsables”.
El 4 de junio la gobernadora de la entidad desmintió la versión de que ya se había localizado a Guzmán: “No, no, todavía no. Desde el primer momento tanto la Fiscalía como las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales han estado buscando a la señora. No han parado, mandaron incluso elementos de apoyo, los mandó la presidenta y todavía no; están trabajando, tienen tres días trabajando”.
El tema llegó a la conferencia de prensa que ofrece de manera cotidiana la presidenta de la República, quien señaló que las autoridades mantenían la búsqueda.
El 12 de junio la Fiscalía General de la República anunció que “en atención a su facultad de atracción recibió de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz la carpeta de investigación iniciada el 2 de junio pasado, derivado de la privación de la libertad de una comunicadora y directora de un sitio de noticias en dicha entidad”.
La FGR explicó que “puede ejercer su facultad de atracción para perseguir delitos del fuero común cometidos contra personas periodistas o comunicadoras cuando estos tengan conexidad con delitos federales o afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.
La gobernadora de Veracruz volvió a referirse al caso el 15 de junio: “Independientemente de la profesión que ejerza, las investigaciones las están haciendo las fiscalías. Las líneas de investigación son varias y ya las dio a conocer la fiscal del estado; y no es por su trabajo periodístico propiamente”.
Agregó: “Yo sí espero que la FGR, en el caso de la señora de Nanchital, continúe trabajando para localizarla”.
Larga espera
El pasado 26 de junio la Fiscalía de Veracruz informó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal ejecutó un operativo en el municipio de Ixhuatlán del Sureste “que permitió la detención de José del Carmen ‘N’, presunto integrante y objetivo prioritario de una célula delincuencial que opera en la región sur de la entidad, a quien presuntamente podría atribuirse la privación de la libertad de la periodista RBGR”.
“El detenido es investigado por su probable relación en los hechos constitutivos de delitos en el municipio de Nanchital. En otra acción, también fue detenida Karen ‘N’; y en un tercer operativo fueron aprehendidos cuatro policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste”.
La Fiscalía anunció que continúa con las investigaciones.
El 30 de junio la gobernadora de Veracruz emitió nuevas declaraciones en las que confirmó que fueron hallados los restos óseos de una persona en un predio ubicado en Ixhuatlán del Sureste: “Se están haciendo unos análisis en algún predio que se encontró, están haciendo análisis de varias piezas, es parte de la investigación que trae la Fiscalía”. Añadió: “Hay que ser prudentes, hay que esperar a que termine la investigación”.
En diversos medios de comunicación trascendió que uno de los detenidos —José del Carmen ‘N’, a quien identificaron con su alias Delta 7—, fue quien indicó la ubicación del predio donde presumiblemente asesinaron a la periodista.
El sábado 27 de junio familiares de Guzmán acudieron a las instalaciones de la fiscalía veracruzana para que les tomaran muestras de ADN a fin de cotejarlas con los restos hallados en el referido predio de Ixhuatlán del Sureste.
Los padres de la periodista solicitaron, a través de un comunicado, “no difundir información sin confirmar”.
Hasta el cierre de esta edición no se contaba con información que confirmara la muerte de Roxana Guzmán, una de las numerosas periodistas que han sido víctimas de la inseguridad.