Los integrantes del Consejo General del instituto tienen facultades de orden administrativo y político que les permiten tomar decisiones que terminan favoreciendo o afectando a las fuerzas políticas.
El proceso para elegir a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos al presidente del organismo, entra en su etapa final con la conformación de los grupos de “quintetas” de entre las cuales saldrán los seleccionados por el pleno de la Cámara de Diputados.
Cabe la posibilidad de que los legisladores en San Lázaro no logren consenso para designar a los futuros integrantes del Consejo General del organismo y tenga que utilizarse el método de “insaculación”, que estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El asunto es de especial relevancia tanto para el Ejecutivo federal y su partido como para las fuerzas políticas de oposición, toda vez que se trata de seleccionar a los futuros responsables de participar —junto con otros siete consejeros que ya forman parte del INE— en la organización de las elecciones federal y 32 locales concurrentes de 2024.
Pero ¿cuáles son las facultades de los consejeros electorales? Y en consecuencia ¿cuál su importancia en el desarrollo de un proceso electoral?
Facultades administrativas
En apego al artículo 41 de la Constitución y el 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), entre las principales facultades y funciones de los consejeros electorales se encuentran las siguientes.
Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales serán responsables de la organización de los comicios a nivel local: estatales 32 y distritales 300.
Designar y remover, en su caso, a los presidentes y consejeros electorales de los institutos electorales locales, es decir, a quienes encabezan la organización de los comicios estatales y municipales.
Este par de facultades permite a los consejeros del INE no solo designar a los principales funcionarios de toda la estructura del órgano electoral, sino también nombrar o destituir a los consejeros electorales de los institutos locales, si así lo deciden, lo cual de hecho ya sucedió: en febrero de 2022 el Consejo General del INE “removió” de su cargo a dos consejeros del Instituto Electoral de Hidalgo, incluyendo a la presidenta del organismo. Y en agosto del mismo año destituyó a tres consejeros del Instituto Electoral de Morelos.
Otra facultad es aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del instituto y remitirlo al titular del Ejecutivo federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que a su vez aprueba la Cámara de Diputados.
El INE maneja anualmente un presupuesto de más de 13 mil millones de pesos en promedio, en pesos actuales, en un año sin elecciones federales. Y de 20 mil millones de pesos en promedio, en pesos actuales, en años en que se celebran comicios federales.
Facultades políticas
Los consejeros igual cuentan con una serie de facultades que les dan un importante poder de carácter político, como resolver sobre el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales, así como respecto de la pérdida del mismo en los casos que así corresponda.
Así, por ejemplo, en 2014 el Consejo General del INE resolvió otorgar el registro como partido político nacional a Morena, PES y Partido Humanista. Y en 2018 el referido consejo resolvió retirar el registro a PES, Humanista y Panal. En 2020 el INE le otorgó el registro a PES, RSP y FM; y en 2021 se los retiró.
Otra facultad que incide en el terreno político es la de conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de Fiscalización. A partir de ella conoce de las infracciones y, en su caso, impone las sanciones que correspondan en los términos previstos por la ley.
Como bien recordamos, los consejeros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) impusieron significativas sanciones al PRI y PAN a partir de la fiscalización de los comicios presidenciales de 2000.
Para los panistas la sanción fue de más de 400 millones de pesos por el caso denominado Amigos de Fox, por “financiamiento irregular”. Para los priistas la multa fue de mil millones de pesos por el caso conocido como Pemexgate, por “financiamiento ilícito”.
Sin embargo, hay ocasiones en que los consejeros resuelven no imponer sanciones a los partidos. Por ejemplo, luego de los comicios federales de 2012 el PAN acusó al PRI de gastar de manera irregular 50 millones de pesos en su campaña presidencial —caso Monex—, por lo que se inició una investigación. Un grupo de cuatro consejeros votó por multar al PRI con 90 millones de pesos porque, a su juicio, existían elementos para comprobar gastos irregulares. Pero cinco consejeros —entonces solo eran nueve— votaron en contra y no se multó al partido tricolor.
Cada año los consejeros imponen millonarias multas a los partidos por irregularidades en sus reportes de egresos e ingresos; y siempre hay consejeros a favor o en contra de imponer las sanciones.
Apenas en 2021 el Consejo General del INE resolvió, a partir de la falta de reportes de gastos, cancelar las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
Una facultad más, de suma importancia, es efectuar el cómputo total de la elección de senadores y diputados; y, a partir de una fórmula establecida en la ley, asignar los plurinominales a cada partido político en ambas cámaras.
Otra facultad es registrar las candidaturas a presidente de la República y las de senadores y diputados.
Ahora bien, con los cambios a leyes secundarias en materia electoral recién aprobados por el Congreso de la Unión (Plan B) queda eliminada la facultad de cancelar el registro de candidaturas en determinados casos, aunque lo cierto es que existe relativa ambigüedad y tendrá que ser la SCJN la que resuelva sobre este asunto.
Aspirantes
Como bien observamos, son relevantes las facultades que tienen los consejeros electorales y por ello los partidos tienen especial interés en que personas afines a ellos sean seleccionadas como consejeros.
Entre los aspirantes está Jaime Castañeda Salas. Fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de la Función Pública, director de Análisis en la Secretaría de Bienestar y asesor de la representación de Morena ante el Consejo General del INE.
También, Bertha Alcalde Luján. Es la actual titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris y fue delegada federal de los Programas de Desarrollo en Chihuahua. Es hermana de María Luisa Alcalde, titular de la Secretaria de Trabajo.
Está igualmente Maday Damián Merino, expresidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
También Armando Ocampo Zambrano, exintegrante de la Comisión Ejecutiva para Atención a Víctimas de la Ciudad de México y actual titular de la Subprocuraduría Fiscal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Netzaí Sandoval Ballesteros, quien fue titular de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Es hermano de Irma Sandoval, extitular de la Secretaría de la Función Pública, y de Amílcar Sandoval, diputado federal de Morena.
Para los analistas y expertos es evidente la cercanía y afinidad de los anteriores aspirantes con el Ejecutivo federal y con Morena.
Por otro lado, también hay personajes que no se identifican con alguna fuerza política, como Roberto Heycher Cardiel Soto, quien durante días pasados fue encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, en sustitución de Edmundo Jacobo Molina.
Igualmente, Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, además de Sergio Jesús González Muñoz, académico de las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien por cierto fue el primero en concluir el examen de evaluación.
Será en unos días cuando el pleno de la Cámara de Diputados vote por los cuatro nuevos consejeros del INE, entre ellos el presidente del organismo. Lo harán, conforme a la Constitución, con mayoría calificada, es decir, con el voto de 334 de los 500 legisladores en San Lázaro.
En caso de no alcanzar dicho número, las cuatro listas de “quintetas” (listas con el nombre de cinco candidatos de entre los cuales se designa uno por cada una de ellas) serán sometidas a un proceso de insaculación a cargo del pleno de la SCJN.
Como es evidente, en ningún momento la ciudadanía tiene interferencia en el proceso de designación de los consejeros.
En la Constitución los partidos establecieron que el nombramiento de los consejeros esté a cargo de la Cámara de Diputados pensando en que este sea producto de un “acuerdo” y por lo tanto dichos funcionarios cuenten con la confianza de todos los contendientes.
Lo cierto es que para los expertos dicho “acuerdo” se convirtió en una burda “negociación” y “reparto de cuotas” de consejeros, es decir, cada consejero es impulsado por una fuerza política en particular.
El problema radica en que varios consejeros se comportan, en efecto, como representantes de los partidos. Prueba de ello es que hay varios exconsejeros que terminaron como legisladores de alguna fuerza política o como funcionarios públicos, además de que en las votaciones sobre resolución de denuncias o investigaciones de ciertos asuntos tienen claros sesgos para favorecer o no a determinado partido.
A más tardar el 4 de abril habrá nuevos consejeros del INE que, igual que siempre, estarán al servicio de la partidocracia, sea del color que sea.
Periodo de conclusión de los consejeros del INE
Lorenzo Córdova Vianello 4 abril 2023
Ciro Murayama Rendón 4 abril 2023
José Roberto Ruiz Saldaña 4 abril 2023
Adriana Favela Herrera 4 abril 2023
Dania Paola Ravel Cuevas 4 abril 2026
Beatriz Claudia Zavala Pérez 4 abril 2026
Jaime Rivera Velázquez 4 abril 2026
Carla Humphrey 26 julio 2029
Norma Irene de la Cruz Magaña 26 julio 2029
Uuc-kib Espadas Ancona 26 julio 2029
José Martín Faz 26 julio 2029
