CDMX, 22 de octubre de 2025. A fin de garantizar la participación de todos los sectores sociales y productivos, el Grupo Parlamentario del PRI presentó un punto de acuerdo para realizar foros de consulta pública y de Parlamento Abierto en el análisis de la Ley General de Aguas.
El diputado federal Juan Antonio “Tony” Meléndez Ortega promovió esta iniciativa que fue bien acogida por el coordinador Rubén Moreira y acompañada por todos los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
En la propuesta se solicita realizar en el mes de noviembre 7 foros de consulta en el país, uno de ellos en el estado de Chihuahua, con la presencia de los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de SADER.
Cabe destacar que el punto de acuerdo único establece: “La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones competentes en materia de recursos hidráulicos, medio ambiente y desarrollo sustentable, para que, antes de la aprobación del proyecto de reforma, derogación y adición a la Ley General de Aguas, se realicen foros de consulta pública y un ejercicio de Parlamento Abierto, con el objetivo de garantizar la participación efectiva de todos los sectores sociales, académicos, gubernamentales y productivos del país, asegurando con ello que la nueva legislación refleje las necesidades, derechos y aspiraciones de la sociedad mexicana respecto al uso y manejo sustentable del agua”.
Los legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expusieron que el derecho humano al agua es un principio reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Este precepto constitucional impone al Estado la obligación de garantizar dicho derecho mediante una gestión sustentable, equitativa y participativa de los recursos hídricos, subrayaron.
En la argumentación de motivos se considera que los instrumentos internacionales suscritos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, refuerzan la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso universal al agua y promover su manejo sostenible.
En este contexto, la reforma, derogación y adición a la Ley General de Aguas representa una oportunidad histórica para actualizar el marco normativo en materia hídrica, orientándolo hacia un modelo de gobernanza que priorice el derecho humano, la protección ambiental, la justicia social y la sustentabilidad económica.
Sin embargo, dada la trascendencia de esta legislación, su aprobación requiere de un proceso amplio, plural y transparente, que asegure la participación efectiva de la sociedad.
Para el diputado Tony Meléndez y sus compañeros del Grupo Parlamentario “el agua no es solo un recurso natural estratégico; es un elemento vital que sustenta la vida, la producción agrícola, la salud pública y el equilibrio ecológico”.
El diputado federal por Chihuahua manifestó que “su gestión involucra a diversos sectores de la sociedad: comunidades rurales e indígenas, organismos operadores, agricultores, industrias, gobiernos locales, investigadores, ambientalistas y ciudadanos en general”.
Por tal motivo, cada uno de estos actores posee conocimientos, experiencias y necesidades específicas que deben ser consideradas para construir una ley legítima, eficaz y socialmente aceptada.
Entre los cambios más relevantes que plantea la reforma y que deben consultarse y trabajarse en los foros destacan los siguientes:
En un primer momento encontramos el régimen de concesiones y Fondo de Reserva, que se mantiene la figura de concesión, pero con modificaciones sustanciales, por ejemplo, la disponibilidad de agua se revisará cada dos años y se incorpora un nuevo mecanismo denominado Fondo de Reserva, que concentrará los volúmenes recuperados por caducidad, renuncia o revocación. Dichos volúmenes se reasignarán exclusivamente por la Autoridad del Agua, mediante nuevos títulos.
Esta centralización de facultades puede fortalecer la planeación hídrica, pero también genera riesgos de discrecionalidad y falta de transparencia, por lo que es indispensable discutir públicamente los criterios que regularán las reasignaciones.
Además, se procura la eliminación de transmisiones de derechos entre particulares, esta propuesta elimina por completo la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares, un mecanismo que, bajo la ley vigente, permitía dinamizar la economía agrícola e industrial mediante ajustes voluntarios de uso del recurso dentro de una misma cuenca o acuífero.
Se prevé sustituirlo por un sistema de “reasignaciones” controladas por la autoridad que implica alterar de manera profunda el mercado del agua y las condiciones de seguridad jurídica de los usuarios.
Sin embargo, esta medida debe evaluarse con detenimiento a través de consultas públicas que permitan conocer sus implicaciones reales para las economías regionales y la inversión.
Por otro lado, la reforma restringe severamente los cambios de uso, relocalizaciones y modificaciones de concesión. En adelante, cualquier cambio sustantivo, como trasladar un pozo colapsado, modificar el punto de extracción o cambiar el uso de agrícola a urbano, requerirá un nuevo título.
Esta limitación puede afectar a productores, municipios y empresas que dependen de la flexibilidad operativa para adaptarse a condiciones técnicas o climáticas, por lo que es necesario revisar su viabilidad práctica mediante un diálogo técnico con los sectores productivos y sociales.
Se contemplan nuevas facultades de inspección y delitos hídricos, la autoridad contará con mayores facultades para verificar, sancionar y hasta demoler obras en zona federal sin título, y se crean tipos penales específicos por delitos hídricos como alteración de cauces o manipulación de medidores.
Si bien estas medidas buscan fortalecer la legalidad y proteger el recurso, también incrementan el control estatal sobre los usuarios, lo que exige claridad en los procedimientos y salvaguardas de derechos, materia que debe analizarse abiertamente con juristas, expertos y organizaciones civiles.
La reforma, al incrementar la centralización y el control estatal del agua, puede contribuir a una gestión más sustentable, pero también podría dificultar la inversión privada, los proyectos agrícolas y el desarrollo urbano. La incertidumbre sobre los criterios de reasignación y la eliminación de la flexibilidad actual generan un entorno de inseguridad jurídica que requiere discutirse ampliamente antes de legislar.
Por ello, al ver que algunas reformas y medidas generan grandes cambios, es importante contemplar la participación ciudadana mediante foros, consultas y ejercicios de parlamento abierto, lo que constituye un componente esencial para el proceso legislativo en esta materia. Estos espacios no son meramente formales, sino mecanismos democráticos que garantizan que la norma refleje la realidad del país, incorpore la diversidad cultural y geográfica de México, y fortalezca la corresponsabilidad en la gestión del agua.
La experiencia demuestra que la imposición de políticas públicas sin participación social genera conflictos, resistencia y desconfianza institucional. En cambio, cuando las leyes se construyen con base en el diálogo, la consulta y la inclusión, su aplicación es más efectiva y su legitimidad más sólida.
Además, el principio de consulta previa, libre e informada, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado mexicano a garantizar la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones que afecten sus territorios y recursos naturales, como es el caso del agua. Ignorar esta obligación no solo vulneraría derechos humanos, sino que también podría comprometer la constitucionalidad de la futura Ley General de Aguas.
El Congreso de la Unión ha impulsado el concepto de Parlamento Abierto como una práctica legislativa moderna, sustentada en los valores de transparencia, rendición de cuentas, colaboración ciudadana y deliberación informada. Aplicar este principio en la discusión de la reforma hídrica permitiría mejorar la calidad del debate legislativo, incorporar conocimiento técnico y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
La naturaleza transversal del agua exige que las soluciones normativas no se construyan desde una sola perspectiva, requiere integrar la visión de la ciencia, la técnica, la gestión social y los derechos humanos, los foros temáticos, tanto regionales como nacionales, ofrecen la posibilidad de abordar los retos específicos de cada cuenca, de cada región, y de cada grupo poblacional, permitiendo así un diseño normativo más justo y adaptado a la diversidad del país.
En suma, garantizar la participación mediante foros, consultas y un parlamento abierto no solo fortalece el proceso democrático, sino que asegura que la futura Ley General de Aguas sea legítima, inclusiva, técnica y ambientalmente responsable. El diálogo social previo a la aprobación de esta reforma no debe verse como un obstáculo, sino como la vía más segura para lograr una legislación duradera, equitativa y ampliamente respaldada por la sociedad mexicana.
Por todo lo anterior, se considera de alta relevancia que las comisiones dictaminadoras del Congreso de la Unión organicen, antes de su dictamen y votación, un proceso nacional de consulta y participación que incluya a todos los sectores involucrados, como condición indispensable para garantizar la eficacia, legitimidad y justicia de la nueva Ley General de Aguas.