Ciudad Juárez, Chihuahua, 28 de abril. El fiscal del estado de Chihuahua, anunció su renuncia al cargo después de la controversia que se desató por el caso de dos agentes de la CIA que murieron en un accidente en la entidad y quienes, según el gobierno de México, no tenían autorización para operar en el país.
La salida del fiscal César Jáuregui se produce luego de una semana de cruce de declaraciones entre las autoridades de México y Estados Unidos y de versiones contradictorias sobre un caso que continúa bajo investigación sin que se conozca de manera oficial el motivo por el que los agentes se encontraban en territorio mexicano.
Al anunciar su renuncia, Jáuregui señaló a la prensa que hubo "omisiones tanto en la información como la gestión institucional respecto a los puntos de contacto" con los funcionarios extranjeros, y agregó que esa falla "vulneró los mecanismos de control y comunicación" que debía asegurar como titular de la fiscalía estatal.
"La medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad", sostuvo Jáuregui, quien se convirtió en el primer funcionario en dejar su cargo en relación con el caso.
La Secretaría de Seguridad federal indicó el sábado en un comunicado que uno de los agentes estadunidenses había ingresado a México como visitante y que el otro lo había hecho con un pasaporte diplomático. A su vez ratificó que no estaba al tanto de que agentes extranjeros estuvieran operando en su territorio.
Los dos agentes estadunidenses y dos funcionarios de la fiscalía local fallecieron el pasado 19 de abril después de que el vehículo en que viajaban cayó por un barranco en las escarpadas montañas que unen a Chihuahua —fronteriza con Texas— con el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un enorme laboratorio de drogas sintéticas.
Los estadunidenses fallecidos eran miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), confirmaron The Associated Press la semana pasada un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas al tanto del asunto. Los tres hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de temas sensibles de inteligencia.
La CIA no ha hecho comentarios.
La fiscal encargada de investigar los hechos en Chihuahua, Wendy Chávez, señaló ayer que los extranjeros "no formaban parte del despliegue operativo institucional", y que su participación en el convoy "no fue reportada a mandos superiores". Afirmó además que se mantuvo "limitada, reserva, y sin intervención operativa directa, salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad".
"Estas personas no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución, vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo", detalló Chávez al reconocer que existen elementos en la investigación que sugieren "una posible colaboración de carácter extraoficial".
México disminuye tensiones con EU
En medio de la tormenta diplomática que desató el incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su disposición a pasar la página y descartó la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos por el caso.
"Esperemos que sea un caso de excepción... que no se vuelva a repetir una situación como ésta", indicó la mandataria.
El año pasado el gobierno mexicano acordó con la administración de Donald Trump un plan para coordinar acciones e intercambiar información en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía de ambos países.
Sheinbaum insistió ayer en que se debe aclarar cómo fue el operativo en Chihuahua y urgió a la Fiscalía General de la República y a las autoridades correspondientes a que actúen en el caso luego del debate que habrá en el Senado.
La gobernadora de Chihuahua, la opositora María Eugenia Campos, y Jáuregui fueron citados para el martes por el Senado.
En relación con los comentarios de la semana pasada del embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, quien sostuvo que "el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción", la presidenta resaltó la colaboración con el diplomático, pero recordó que Estados Unidos "no son un país que nos tengan que decir cómo nos comportamos".