La importancia de la evaluación de juzgadores en la Ciudad de México

La Elección Judicial de juezas, jueces y magistrados en la de la Ciudad de México, celebrada en 2025, “representó una transformación histórica en la forma de integrar el Poder Judicial”. Así lo afirma Gustavo A. Peña Escamilla, juez electo en dichos comicios, en la capital del país.
Con una reconocida trayectoria en el ejercicio de la abogacía y una formación de licenciatura y maestría en Derecho, el juez Peña Escamilla destaca que “en este nuevo modelo, la evaluación del desempeño y conocimientos adquiere una gran relevancia, pues constituye el principal mecanismo para garantizar que quienes fueron elegidos por el voto ciudadano ejerzan su función con profesionalismo, independencia, ética y apego a la Constitución”.
En su opinión, “la evaluación judicial permite verificar que las resoluciones son basadas conforme a Derecho y el respeto a los derechos humanos, juzgando con imparcialidad y con perspectiva de Género entre otros aspectos”. De igual forma, dijo, se pone especial atención en “la eficiencia en la tramitación de los asuntos, el cumplimiento de los plazos procesales y la conducta ética de las personas juzgadoras”.
De esta manera, asegura, “no solo se fortalece la rendición de cuentas, sino que también se genera confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia”.
Ejercicio responsable
Por otro lado, el juez Gustavo Peña explica que “el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial cuentan con atribuciones para dar seguimiento permanente al trabajo de las y los juzgadores, mediante evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento. Estos instrumentos buscan consolidar un ejercicio responsable, profesional, independiente, honesto y eficaz de la función jurisdiccional, así como detectar áreas de mejora y prevenir conductas que puedan afectar la impartición de justicia”.
“La importancia de esta evaluación es aún mayor debido a que el modelo de elección judicial es reciente y ha generado debates sobre la preparación técnica, la independencia y la legitimidad de quienes acceden al cargo mediante el voto popular. Por ello, los mecanismos de evaluación se convierten en una garantía institucional para que la ciudadanía tenga certeza de que las decisiones judiciales estarán sustentadas en el derecho y no en intereses ajenos a la función jurisdiccional”.
En conclusión, afirma, “la evaluación de las juezas y jueces electos en 2025 es indispensable para fortalecer la calidad de la justicia, promover la transparencia, asegurar la rendición de cuentas y preservar la confianza pública en el Poder Judicial de la Ciudad de México”.
En ese sentido, el juez Peña Escamilla subraya que “más que un mecanismo de control, constituye una herramienta para consolidar una justicia cercana a la ciudadanía que al mismo tiempo sea profesional, imparcial y respetuosa del Estado de Derecho”
De esta forma, se “demuestra a la ciudadanía la capacidad de las juezas, jueces y magistrados de la Ciudad de México y sobre todo se comprueba que estamos más que preparados para hacer este gran cambio en la impartición de justicia que tanto necesita y anhela esta Ciudad de México”.