Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y CIRT se pronuncian ante las amenazas a la libertad de prensa, de expresión y el hostigamiento.
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993: su objetivo es evaluar la situación del ejercicio periodístico en los países; llamar a la defensa de los medios de comunicación que son objeto de atentados violentos contra su independencia; y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
A pesar de los esfuerzos de la ONU y del compromiso adquirido por todas las naciones que la integran la situación de la libertad de prensa en el mundo atraviesa por una de sus peores etapas, de acuerdo con los reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Reporteros sin Frontera (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), entre otras organizaciones.
Todos advierten que sin libertad de expresión no hay democracia.
El mayor declive
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa la UNESCO publicó el informe Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de 2025, que ofrece un profundo análisis del estado de la libertad de expresión durante los últimos cuatro años: 2022-2025.
El documento establece que “la libertad de prensa ha experimentado su mayor declive desde 2012”. De hecho, el Índice Global de Libertad de Expresión de la SIP “ha caído 10% en los últimos diez años, un claro indicador de cómo se está erosionando la libertad de prensa”.
Para la UNESCO dicho declive refleja “debilitamiento de los parlamentos y las instituciones judiciales; caída de los niveles de confianza pública y profundización de la polarización; una creciente hostilidad hacia periodistas, científicos e investigadores ambientales”.
El informe también da cuenta de “las crecientes amenazas a la seguridad de los periodistas” y subraya “la creciente instrumentalización de la legislación para reprimir al periodismo independiente y el alarmante aumento de los periodistas obligados a exiliarse”.
Para 2026 la conmemoración de la ONU sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa tendrá como eje el tema “Forjando un futuro de paz”. El evento se celebrará los días 4 y 5 de mayo en Lusaka, Zambia: “Esta conferencia ofrecerá una oportunidad crucial para reafirmar la libertad de expresión como herramienta normativa y empírica para la configuración del futuro de las sociedades de la información”.
Para António Guterres, secretario general de la ONU, “la libertad de prensa y el periodismo independiente son fundamentales para la paz, la recuperación económica, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, ya que fomentan el acceso a información fiable, la rendición de cuentas, el diálogo y la confianza”.
Cárcel y asesinatos
La organización RSF refiere dos tipos de situaciones para medir el deterioro de la libertad de prensa: el de la violencia y el factor económico.
Al respecto, expone que en 2025 “se ha cruzado una nueva línea roja: la puntuación media de todos los países evaluados ha caído por debajo de los 55 puntos, el límite marcado para calificar la situación de la libertad de prensa como ‘difícil’. Seis de cada diez países (112 en total) registran retrocesos en la clasificación; y, por primera vez en su historia, las condiciones para el ejercicio del periodismo son ‘difíciles’ o ‘muy graves’ en la mitad de los países del mundo y satisfactorias (‘buenas’ o ‘bastante buenas’) en menos de uno de cada cuatro”.
Añade: “En 42 países, que representan a más de la mitad de la población mundial (56.7%), la situación se considera ‘muy grave’: la libertad de prensa es inexistente y el ejercicio del periodismo es especialmente peligroso”.
En el primer punto, el referente a la violencia, RSF reporta que “las acciones letales de los ejércitos —regulares o no— y del crimen organizado han vuelto a propulsar los asesinatos de periodistas. De los 67 profesionales de los medios asesinados durante el último año (2025), al menos 53 fueron víctimas de la guerra o del crimen organizado”.
Destaca que casi la mitad (43%) de los periodistas asesinados el año pasado lo fueron en Gaza, mientras en Ucrania “el ejército de Rusia prosigue sus ataques contra los reporteros nacionales e internacionales”.
Sobre México, RSF señala: “El crimen organizado es responsable de un alarmante recrudecimiento de los asesinatos de periodistas en 2025, el año más mortífero de los últimos tres para este país, que se afianza como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con nueve asesinatos. Y este fenómeno tiende a extenderse con una ‘mexicanización’ de América Latina: la región concentra 24% de todos los periodistas asesinados en el mundo”.
También sobre México la organización agrega: “La connivencia entre autoridades y crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados”.
Otros, alerta, “son secuestrados y no aparecen nunca más, u optan, para salvar la vida, por desplazarse fuera de sus zonas de origen o bien por huir al extranjero. Desde 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México”.
En el aspecto económico RSF expone: “Mientras la libertad de prensa sufre un retroceso alarmante en muchas regiones del mundo, un factor decisivo, a menudo subestimado, debilita profundamente a los medios de comunicación: su situación económica”.
Hay “concentración de la propiedad; presiones de los anunciantes; ausencia, restricción o asignación opaca de ayudas públicas (publicidad oficial). A la luz de la evolución de todos estos elementos, medidos por el indicador económico de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, se impone una conclusión: los medios se encuentran actualmente atrapados entre la garantía de su independencia y su supervivencia financiera”.
Garantizar un espacio mediático plural, libre e independiente “requiere condiciones económicas estables y transparentes. Sin independencia financiera no hay prensa libre”, asegura Anne Bocandé, directora editorial de RSF.
Deterioro dramático
La SIP es otro organismo que da seguimiento a la situación que guarda el respeto a la libertad de expresión; lo hace a través de una evaluación denominada Índice Chapultepec.
El más reciente informe, que abarca 2024-2025, expone que “las Américas (Norte, Centro y Sur) registran un deterioro de alcance dramático en las condiciones de estos derechos comunicacionales en el hemisferio: el promedio global descendió a 47, esto es, diez puntos, al nivel más bajo registrado en las seis ediciones del barómetro”.
A este agravamiento “se suma el descenso más pronunciado en las condiciones de libertad de prensa de las 23 naciones analizadas”.
Alarmante también resulta “que ocho naciones se encuentren en la franja de Alta Restricción, entre ellas México, Haití y Cuba; y que dos se ubiquen en la zona roja considerada sin libertad de expresión: Nicaragua y Venezuela. Doce naciones subieron, sin cambios significativos. Un total de 195 jueces de 23 países participaron en la medición”, informó la SIP.
La Alianza de Medios —de la que forman parte las empresas de comunicación que integran la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT)—, a su vez, aseveró que la caída de México en el índice elaborado por la SIP “refleja un retroceso sostenido en el entorno para el ejercicio periodístico en el país durante los últimos años”.
En este sentido, puntualizó, destacan “la persistente violencia contra los periodistas, la impunidad e ineficacia de los mecanismos de protección, el creciente uso del aparato judicial para presionar a medios, el hostigamiento de autoridades locales y restricciones al acceso a la información pública”.
Si bien el Ejecutivo federal señala en sus discursos una y otra vez que respeta la libertad de expresión, lo cierto es que “gobernadores, alcaldes y otros funcionarios han recurrido a demandas civiles y procesos judiciales como mecanismo para intentar silenciar críticas periodísticas”, afirmó la Alianza de Medios.
Acoso
En las naciones con dictaduras militares o gobiernos totalitarios tienen, desde hace algunos años, un sistema para evitar que se denuncie en los medios de comunicación la corrupción gubernamental, la ineficiencia o la represión contra la sociedad: leyes para aplicar la censura.
La organización Artículo 19 da cuenta en su informe Leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México, de cómo en México existen “marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura”. En este sentido, la organización “exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas”.
En el reporte correspondiente a 2025 Artículo 19 documentó “un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas”. Apuntó que solo entre el 1 de enero y el 31 de julio de ese año se registraron 51 casos: “En total, 39 periodistas y doce medios de comunicación fueron notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.
La organización hizo la advertencia de esta tendencia desde 2016: “La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”.
Preocupa, advirtió, “especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPRG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”.
De acuerdo con el reporte de Artículo 19 mientras en 2005 apenas se registró un caso de “acoso judicial” contra periodistas, en 2019 la cifra llegó a 21, creció a 40 en 2021 y para 2025 (primer semestre) ya eran 51 casos: “En México, en esta última década, la utilización de procesos judiciales contra la prensa ya se ha convertido en una tendencia común”.
Señala el informe que en al menos la mitad de los estados del país se han registrado casos de “acoso judicial” contra periodistas. “En algunas entidades el abuso de la normativa mexicana se ha expandido no solo a periodistas y medios sino también a ciudadanos, quienes al publicar en redes sociales resultan críticos al poder. Tal es el caso de Sonora, donde la ciudadana Karla Estrella fue sancionada por el INE y el TEPJF luego de publicar un tuit que cuestionaba posible nepotismo beneficiando a la diputada Diana Karina Barreras”.
Como consecuencia, la legisladora “interpuso una denuncia por VPEG y Karla fue multada, obligada a disculparse por 30 días en sus redes sociales, debió tomar un curso sobre violencia de género y además fue registrada como violentadora e infractora en el sistema electoral”.
Espionaje gubernamental
En julio pasado legisladores de oposición, comunicadores y representantes de organizaciones ciudadanas y empresariales denunciaron la aprobación de la denominada Ley Espía, esto es, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La diputada panista Eva Vásquez Hernández denunció entonces: “Se aprobó un paquete de reformas que vulnera la privacidad, la libertad y los derechos de los mexicanos; y sí se está construyendo un gobierno espía desde el Poder Legislativo, con el aval de Morena”.
Agregó: “Gracias a Morena, no tienes que ser sospechoso de nada para que el gobierno te espíe a ti y a tu familia. Sabrán todo de ti: dónde estás, con quién, tus datos bancarios y hasta los mensajes de tu celular”.
La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, indicó, “la llamada Ley Censura o Ley Espía, permite que el gobierno solicite a las compañías telefónicas la ubicación en tiempo real de cualquier persona. La reforma no establece como requisito una orden judicial sino que señala que la orden judicial será ‘en su caso’. Esa redacción no garantiza ningún control judicial obligatorio; al contrario: deja abierta la puerta al espionaje sin reglas claras, sin juez y sin límites”.
“La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia”.
La diputada panista aseguró que no es la única amenaza, toda vez que “Morena también aprobó una reforma a la Ley General de Población que crea una Plataforma Única de Identidad con datos biométricos, médicos y migratorios, vinculados a la CURP, sin ningún control judicial”.
Asimismo, “una nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia que permite al gobierno acceder a información fiscal, financiera, médica y personal sin orden judicial, y que incluso abre la puerta a que empresas extranjeras manejen esa información”.
Defensores de la democracia
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa la organización Amnistía Internacional publicó: “En todo el mundo se está acallando, encarcelando y haciendo desaparecer a periodistas, simplemente porque hacen su trabajo. Los gobiernos recurren cada vez más a prácticas autoritarias y utilizan como armas unas leyes ambiguas, los sistemas judiciales y la fuerza bruta para reprimir la libertad de prensa”.
El deterioro de la libertad de prensa, alertó, “es una advertencia, una señal que indica una inclinación más amplia hacia el autoritarismo”.
AIR: valores
A su vez, Paulo Tonet Camargo, presidente de la AIR, aseguró que la organización que encabeza tiene como uno de sus principales compromisos defender la libertad de expresión: “Es uno de los pilares de la democracia y uno de los valores más importantes de la civilización”.
Hizo notar que “la AIR siempre ha sido incansable en la lucha por la defensa de esta libertad y seguirá reuniendo un ejército de idealistas en todos los países. Esta es una batalla que nunca terminará”.
Indicó que para la AIR el Día Mundial de la Libertad de Prensa “nos invita a reflexionar sobre un principio fundamental: el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información, sin restricciones ni fronteras”.
En tiempos en que “la censura, la violencia contra periodistas y los modelos autoritarios amenazan este derecho en diversos países, desde la AIR reiteramos que la libertad de expresión no es una concesión de los gobiernos, sino una conquista irrenunciable de los pueblos, y ella está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, recalcó.
Asimismo, recordó que “los medios de comunicación privados, libres e independientes, especialmente la radio y la televisión, desempeñan un papel esencial en la vida democrática, promoviendo el pluralismo, la transparencia y el debate público informado”.
Dijo que “hoy más que nunca es necesario reafirmar el deber de los Estados de proteger a los periodistas, garantizar su seguridad y evitar toda forma de censura, intimidación o violencia”.
Finalmente, Tonet Camargo aseguró que la AIR y los miles de radiodifusores de América “asumen con responsabilidad y valentía su rol como pilares de la libertad de prensa, porque sin ella, no hay democracia”.
Leyes censoras
• Libertad selectiva El artículo 41 de la Constitución establece que solo los organismos electorales y los partidos tienen derecho a transmitir mensajes políticos. Los particulares o las organizaciones de la sociedad tienen prohibido adquirir espacio en estaciones de radio y televisión para transmitir mensajes políticos. La autoridad podrá ordenar la suspensión de la transmisión de mensajes, así como establecer sanciones contra los medios de comunicación o las personas que desatiendan estas prohibiciones.
• Censura oculta En 2017 se reformaron ocho leyes federales, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para castigar la violencia que se ejerce contra las mujeres en la esfera política, bajo el concepto Violencia Política en Razón de Género. Al respecto, organizaciones como RSF exponen que la aplicación de este concepto sanciona el ejercicio de la libertad de expresión y como ejemplo cita el caso de la ciudadana Karla Estrella, quien fue obligada por el Tribunal Electoral a disculparse con la diputada Karina Barreras por una publicación en sus redes sociales, en las que expresó una opinión sobre la legisladora en su calidad de servidora pública.
• Ley poblana En junio de 2025 gobierno y Congreso de Puebla implantaron la Ley de Ciberseguridad para castigar a los ciudadanos —con prisión o multas económicas—que a juicio de las autoridades insultaran u ofendieran a servidores públicos (gobernador, diputados, etcétera) en las redes sociales. Diversas organizaciones impugnaron dicha ley y hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación la derogó.
• Ley espía En julio de 2025 se aprobó la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que permite que el gobierno solicite a las compañías telefónicas la ubicación en tiempo real de cualquier persona. La reforma no establece como requisito una orden judicial sino que señala que la orden judicial será ‘en su caso’. Esa redacción no garantiza ningún control judicial obligatorio; al contrario: deja abierta la puerta al espionaje sin reglas claras, sin juez y sin límites. Igualmente, se creó una nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia que permite al gobierno acceder a información fiscal, financiera, médica y personal sin orden judicial.
• Uso y abuso En los códigos penales federal y locales las figuras de difamación, injuria, calumnia y perturbación al orden público están catalogados como delitos. Los juristas de diferentes países, México incluido, critican que dichos delitos se prestan a abusos por parte de funcionarios públicos que pretenden controlar la crítica al desempeño de sus funciones mediante la amenaza de cárcel o imposición de multas. En años recientes los gobiernos locales, principalmente, utilizan dichas figuras para amedrentar a periodistas. En Veracruz, por ejemplo, se aplicó una multa al periodista Ángel Camarillo por publicar una investigación sobre casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos políticos, todos de Morena. En Campeche el periodista Jorge González fue vinculado a proceso por “delitos de odio” y violencia de género contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Por esta medida debió suspender su actividad periodística durante dos años en la entidad. En Coatzacoalcos el periodista Rafael Lafita León no solo enfrentó un proceso penal, sino que fue sometido a un arresto en su propio domicilio tras ser señalado por delitos contra las instituciones y encubrimiento, bajo la figura de “terrorismo”. En Michoacán el gobierno impulsó la iniciativa sobre “apología de la violencia”, que pretendía castigar la difusión de notas sobre hechos delictivos. No avanzó debido a las críticas.
• Control En la actualidad el gobierno intensifica sus campañas para obligar a la gente a que registre su número de teléfono celular. Y así comenzó China, por ejemplo, donde ahora opera el firewall, esto es, un dispositivo de seguridad de red diseñado para monitorear, filtrar y controlar el tráfico de red entrante y saliente con base en reglas de seguridad predeterminadas por las autoridades.
• Santa inquisición El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la sección “Quién es quién en las mentiras” de las conferencias de prensa de la Presidencia de la República (“mañaneras”) no constituye un ejercicio legítimo de libertad de expresión sino actos de comunicación oficial sujetos a obligaciones constitucionales. Como es sabido, en ellas se utiliza el aparato gubernamental para descalificar y denostar a ciudadanos, periodistas y analistas.
• Instrumento de censura La figura creada por el gobierno como Derechos de las Audiencias obliga a los concesionarios de radio y televisión (solo a las de señal abierta, no así a las plataformas) a recibir señalamientos de la gente que los sintoniza, a pesar de que lo hace voluntariamente. Cuando este concepto es aplicado por gobiernos que se incomodan con la crítica, dicha figura se convierte en un instrumento de censura al servicio del poder e inhibe la libertad de expresión.
¿Y los delincuentes?
El año pasado se aprobó la Ley General en Materia de Extorsión en México. Ella establece de manera ambigua que se perseguirá y sancionará a quienes hagan uso de medios electrónicos para difundir información (artículo 17), lo cual permitiría a la autoridad criminalizar la labor periodística y la libertad de prensa.
Nunca se aclara que la medida se aplica a quienes cometen un delito ni tampoco señala cómo o por qué la autoridad da por hecho la comisión del ilícito.
Otro intento
La autoridad impulsó cambios a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor para regular el uso de imagen, voz e Inteligencia Artificial (derechos de artistas).
Sin embargo, no distinguía entre explotación comercial y usos como parodia, sátira o crítica, con lo cual se podrían presentar restricciones indirectas a contenidos creativos.