Ciudad de México, 13 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que en el marco de un procedimiento judicial promovido por el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.
Cabe destacar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscales federales de Nueva York, acusaron formalmente al exgobernador de Sinaloa, Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico y asociación con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
Cabe señalar que el 18 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF congeló, de manera preventiva, las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y los otros implicados en las solicitudes de detención con fines de extradición que hizo Estados Unidos.
El promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la UAS
Sin embargo , precisó que no hay una investigación por parte de la UIF sino que en función de que los bancos mexicanos tienen relación con entidades financieras estadounidenses, se realizó de manera preventiva.
La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.
Se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes.
La SHCP, por conducto de la UIF, “reitera su compromiso con el respeto a las resoluciones judiciales, el debido proceso y el derecho de garantía de audiencia, así como con el fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.