Este año se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México: el próximo 6 de junio se votará por más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales.
Se trata de un proceso electoral en el que 93.2 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto y si bien arrancó el pasado 7 de septiembre, hoy estamos a unas semanas de iniciar de manera formal las campañas.
Ante ello, y con el objetivo de evitar la injerencia de los gobiernos estatales a favor de alguna de las candidaturas durante los comicios de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el Acuerdo Nacional por la Democracia, que firmaron ya los titulares del Ejecutivo de cada una de las 32 entidades del país.
El presidente llamó a los mandatarios estatales a velar por la no intervención y no apoyar a candidatos de ningún partido político.
Los exhortó a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero ilícito para financiar campañas, impedir la compra de lealtades o conciencias, no traficar con la pobreza de la gente, no solapar trampas, evitar el acarreo y el relleno de urnas o mapaches electorales, la falsificación de actas u otras prácticas ilegales y antidemocráticas.
Insistió: “Debemos actuar como guardianes de la voluntad del pueblo. Que no haya ningún fraude, que se termine ya con esa práctica antidemocrática”.
El propósito final es permitir a los ciudadanos que decidan libremente sobre quién debe gobernarlos y representarlos.
“Hay condiciones inmejorables, históricas, para establecer de una vez y para siempre un verdadero sistema democrático, dejar atrás el fraude electoral que ha caracterizado la vida pública del país para vergüenza de nuestro pueblo y para vergüenza de nuestra nación”, expresó el primer mandatario.
“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales”, reafirmó López Obrador en una carta dirigida a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la CDMX.
Por último convocó a los mandatarios estatales “a que juntos hagamos historia: el Acuerdo Nacional por la Democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable. Ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones. Atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales. Y nuestro pueblo, con sus legítimas autoridades, seguirá dando ejemplo de dignidad y grandeza”.
Puntualizó el presidente: “Me dirijo a ustedes para hacerles, con absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades y autonomías constitucionales, una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer, en definitiva, una auténtica democracia en nuestro país”.
Al dar lectura al documento el jefe del Ejecutivo federal dijo que “por mi parte les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular. Y a esto mismo les convoco a ustedes”.
El presidente López Obrador recordó que en los delitos electorales ya se aplica la acción penal y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) actuará en consecuencia si se presentan ilícitos durante los comicios.
López Obrador ponderó la suma de todos los gobernadores a su Acuerdo Nacional por la Democracia, con el cual se evitará el fraude y “que nadie esté pensando que es pura faramalla. Así, en lo electoral los partidos tendrán que decidir. Nosotros lo que vamos a procurar es que se respete el voto”.
Ya la Constitución establece que el fraude electoral es delito grave y el que es acusado por fraude electoral, sea quien sea, no tiene derecho a fianza, sea un presidente municipal, sea un gobernador o sea el presidente de la República, acotó.
Delitos
Cabe recordar que el Congreso de la Unión aprobó recientemente la legislación que reglamenta la figura de prisión preventiva oficiosa para los delitos considerados graves, entre ellos el uso de programas sociales con fines electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero.
Asimismo se aprobaron reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución en materia de fuero, que establecen que durante el tiempo de su encargo el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por delitos electorales y todos aquellos delitos por los que puede ser enjuiciado cualquier ciudadano.
“Ahora ya se reformó la Constitución y al presidente se le puede juzgar por cualquier delito. Entonces, si al presidente se le puede juzgar por delitos electorales, a todos se les puede juzgar y no hay derecho a fianza”, reiteró el mandatario.
La Fiscalía General de la República (FGR), agregó, puede mediante la Fiscalía Electoral participar en los procesos electorales vigilando que no haya fraudes. “Y ojalá y se aplique la ley, porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir que por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres en México, porque son contadas las ocasiones en la historia del país, en siglos, en que hemos celebrado elecciones limpias y libres”.
Decreto
Aunado a esta convocatoria, por medio de la Consejería Jurídica de la Presidencia el jefe del Ejecutivo federal envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto de decreto en el que se prohíbe a servidores públicos realizar acciones que pudieran influir en los comicios de junio próximo.
Trascendió que este se enviará a todos los funcionarios federales para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda “como lo manifesté el pasado 23 de febrero a los gobernadores de las entidades federativas para sumarse al Acuerdo Nacional por la Democracia, a efecto de que se refrende el compromiso de mantener una actitud de equidad en los procesos electorales que están próximos a realizarse en diversas entidades federativas y con ello continuar fortaleciendo el sistema democrático”.
De manera adicional a dicha acción “y ante la cercanía del proceso electoral que se desarrollará en el presente año en el país, resulta pertinente que el Ejecutivo a mi cargo exhorte a todos los servidores públicos de la administración pública federal a respetar el marco jurídico en materia electoral y actuar de manera respetuosa e imparcial en congruencia con el mismo. Por eso he tenido a bien emitir el siguiente acuerdo”, señala el presidente.
Entre los puntos a destacar se prohíbe asistir a eventos proselitistas, difundir acciones de gobierno en cualquier medio de comunicación o entregar recursos públicos en favor de algún candidato o partido político; difundir propaganda gubernamental que contenga logotipos, eslóganes o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o a sus campañas institucionales, así como nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
El presidente López Obrador también ordena evitar mensajes destinados a influir en las preferencias electorales, a favor o en contra de aspirantes o partidos políticos, así como no realizar menciones al proceso electoral o expresiones vinculadas a este como “voto”, “sufragio”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra que se les asemeje.
Además el titular del Ejecutivo federal prohíbe ejercer presión para orientar el sentido del voto y poner bienes o recursos públicos a disposición de candidatos o partidos, así como utilizar programas sociales y/o recursos públicos para inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier candidatura o partido político.
El documento también prohíbe “condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos con la intención de inducir a la ciudadanía a realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de logística, de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido político, coalición, precandidatura o candidatura”.
López Obrador indicó que será la Secretaría de la Función Pública (SFP), mediante los Órganos Internos de Control, la que verificará el cumplimiento de este acuerdo.
Gobernadores
La Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer que los 32 mandatarios estatales suscribieron la propuesta para evitar la intervención ilegal de los gobiernos en los próximos comicios e impedir fraudes electorales, incluidos por supuesto los gobernadores que integran la Alianza Federalista: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.
Los diez gobernadores de esta coalición firmaron una carta aceptando la invitación del presidente a adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia, que dijeron debe comprometer a todos los niveles de gobierno y a los poderes de la Unión, “en serio y sin dobleces, a no entrometerse en las próximas elecciones”.
Recalcaron que si se trata de edificar en favor del bien mayor de los mexicanos el jefe del Ejecutivo federal “cuenta con los mandatarios estatales de oposición, quienes seguirán respetando las leyes, honrando la confianza de los ciudadanos, enalteciendo la democracia y defendiendo las libertades y el Estado de Derecho”.
Dijeron coincidir y aceptar la oferta presidencial de evitar todo tinte electoral en programas sociales, el uso indebido de recursos públicos y la compra de lealtades.
“Por ello formalmente le solicitamos retire del programa de vacunación por la pandemia por Covid-19 a los mal llamados siervos de la nación, cuya presencia además de innecesaria es cuestionable”, expresaron.
“Las campañas de vacunación universal en México, mundialmente reconocidas por su efectividad y cobertura, jamás precisaron de personal ajeno al del sector salud, ni lo requieren ahora”, indicaron.
Para la Alianza Federalista la democracia es hechura permanente de todos los ciudadanos y ningún personaje por valioso que sea la encarna individualmente.
“La apropiación personalista de la democracia es antítesis de su verdadero significado. Nuestra democracia tiene triunfos y derrotas, luces y sombras y páginas memorables; pero nunca final ni dueño. Jamás es un capítulo concluido ni apropiado”, expresaron.
“Los gobernadores de la Alianza Federalista aceptamos su invitación a un acuerdo por la democracia hoy en México. Un acuerdo nacional que nos comprometa a todos los niveles de gobierno y a los poderes de la Unión en serio y sin dobleces. Como ha sucedido en el pasado, un acuerdo de neutralidad debe adoptarse bajo la autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE)”, agregaron.
En este sentido “confirmamos nuestro respeto irrestricto a las libertades y derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, con especial énfasis en las libertades de pensamiento, expresión, asociación, participación política y sufragio efectivo. Coincidimos y aceptamos su oferta de evitar desde el poder federal todo tinte electoral en programas sociales, el uso indebido de recursos públicos y la compra de lealtades”, manifestó la Alianza.
Por su lado los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) reiteraron su disposición a participar en el Acuerdo Nacional por la Democracia. Sin embargo indicaron que esperan que el INE convoque a los tres niveles de gobierno para dar garantías a los ciudadanos sobre la no intromisión electoral.
De igual manera llamaron al Ejecutivo federal a recordar que “el ejemplo es el simbolismo más potente con el que cuenta un gobernante. La historia se escribe con hechos y con ejemplos”.
Los panistas también destacaron que en estos tiempos es preciso y urgente “evitar la tentación de la politización, incluso en los temas más sensibles y socialmente más preciados; evitar la tentación de ver al adversario político como enemigo. La tentación de dividir para ganar una elección”.
Por ello invitaron a López Obrador a emprender una reconciliación nacional en estos momentos de crisis: “Lo hacemos con el mismo espíritu de cooperación al que nos convoca”.
Legislativo
En el ámbito legislativo el único que se manifestó al respecto fue el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien dio la bienvenida al Acuerdo Nacional por la Democracia y advirtió que lejos de la intromisión directa de los mandatarios en el proceso electoral la garantía real es el respeto a las instituciones creadas para garantizar el voto y salvaguardar la voluntad del ciudadano como actor principal y más importante de los comicios.
Romero recordó que el presidente de la República debe ser el primero en respetar los principios constitucionales para las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia.
“Será el momento principal de la ciudadanía, más que de los partidos políticos, los candidatos o las campañas. Una ciudadanía que hoy está urgida de respuestas y reclamos a los aspirantes a ocupar un puesto de elección popular para que ofrezcan soluciones efectivas y no promesas de campaña”, puntualizó.
Cargos de elección popular 2021
500 diputaciones federales(300 por mayoría relativa y 200 de representación proporcional).
15 gubernaturas.
30 Congresos estatales (implican mil 63 diputaciones locales, de las cuales 642 por mayoría relativa y 421 de representación proporcional).
19 mil 359 cargos que involucran mil 910 presidencias municipales y 16 alcaldías; dos mil 122 sindicaturas; 15 mil 107 regidurías, y 204 concejales.
431 juntas municipales y presidencias de comunidad en Campeche y Tlaxcala.