Ciudad de México, México, 22 de abril. Con 63 votos a favor, 45 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó los artículos reservados del dictamen de la Ley de Hidrocarburos que será turnada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
La nueva ley establece que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender permisos de todo tipo relacionados con crudo y gas ante un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
La normativa, propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en marzo, fue aprobada por las dos cámaras parlamentarias en un tiempo récord pese a que genera preocupación en el sector energético.
Hace una semana la avaló la Cámara de Diputados y este día el Senado.
Los partidos de oposición criticaron la iniciativa que, en su opinión, minará la inversión y generará incertidumbre jurídica para las empresas energéticas, pero el partido oficialista, Morena, con mayoría en las dos cámaras, se impuso con el argumento de que los cambios a la ley servirán para luchar mejor contra la corrupción, evitar el robo de combustible y garantizar su abasto.
México permitió estaciones de servicio privadas a partir de 2016 como parte de la mayor reforma energética que tuvo lugar en el país en décadas, y rápidamente tomaron una gran parte del mercado que hasta entonces monopolizaba la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los cambios en la ley, además de permitir la intervención de instalaciones en determinadas circunstancias, harán más estricta la concesión de permisos para, entre otras acciones, refinar, distribuir, almacenar y comercializar hidrocarburos. Además priorizarán la labor de Pemex, que podría encargarse del control de las instalaciones eventualmente ocupadas, intervenidas o suspendidas.
El gobierno asegura que el objetivo es garantizar los intereses de la nación y que se salvaguardarán los derechos de terceros.
No obstante, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación de políticas públicas, ha insistido en que la iniciativa supone una “violación a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte” y que afectará a lo que ya consideran un clima deteriorado para las inversiones en el sector energético por las medidas tomadas por la actual administración tendientes a fortalecer a las empresas estatales.
El IMCO considera, además, que dota de “facultades discrecionales” a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo y alerta de que puede haber peligro para las finanzas públicas “por el costo de indemnizaciones en caso de una revocación definitiva de permisos a privados”.
Los cambios en la Ley de Hidrocarburos son parte de una serie de reformas legislativas que el gobierno de López Obrador ha agilizado este año en víspera de las elecciones de medio mandato que se celebrarán en junio y en las que se renovará la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales y se elegirán 15 gobernadores.