Ciudad de México, a 17 de febrero. Durante el foro 21 del parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal, expertos funcionarios y especialistas abordaron el tema “Impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la hacienda pública”.
Jorge Chávez Presa, economista y asesor en temas de finanzas, destacó que se debe reconocer el desafío que representa el sector y sustituir la generación de energías de fuentes fósiles por limpias, y que para ello se requieren grandes inversiones, a fin de incorporar nuevas tecnologías.
Apuntó que es la reforma más trascendental de la actual administración pero, de aprobarse como está, la hacienda pública se debilitará, habrá menos recaudación, más costo financiero y baja calificación crediticia, lo que pondría en riesgo el grado de inversión y quitaría el ánimo de invertir en el resto de fuentes productivas. “La reforma que necesitamos es la que centra su atención en el bienestar de la población, no más contaminación que afecte su salud”.
A favor, Carlos Guevara Vega, subdirector de Financiamiento y Coberturas de la CFE, expresó que en la pasada reforma energética no se respetaron los compromisos adquiridos por la CFE; “hay muchas plantas renovables, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas que antes de la reforma comprometimos, porque íbamos a recibir bonos de carbono o Certificados de Energía Limpia y cuando viene la reforma energética le prohíben tomar estos incentivos”.
El sector privado no da los beneficios que esperan las comunidades originarias que detentan los recursos renovables más importantes del país en la parte eólica y solar; “no hay un desarrollo incluyente y compartido de estos beneficios a las comunidades indígenas, a centros agrarios, comunitarios y ejidales. La CFE, además de tener vocación sustentable, también es social, y tiene un desarrollo incluyente que permite transitar hacia mejores niveles de bienestar”.
Víctor Gómez Ayala, director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael Dondé, afirmó que la iniciativa actual presenta severos riesgos para la política fiscal, ya que podría incrementar las necesidades de financiamiento del sector público y con ello su deuda. “Entre los riesgos que se identifica están los costos de generación, determinación de precios, la inversión física y el pasivo laboral”.
Aseguró que las reglas implícitas en la iniciativa repercutirán en la necesidad de mayores subsidios de parte del Gobierno Federal, por lo que lejos de romper con este ciclo vicioso que consume recursos públicos refuerza el conflicto. Cuestionó cómo se financiarán los recursos para la inversión del sector y qué estrategia de endeudamiento tiene planeada la administración si el sector está estancado pese a los esfuerzos de la CFE.
A favor, Eduardo Bermejo López, gerente de Planeación de la Dirección de Inteligencia Energética de CFEnergía, dijo que el sistema eléctrico tiene características oligárquicas debido a que las reformas de 1992 y 2013 ayudaron a que se aliaran monopolios privados y grandes consumidores de electricidad lo que ha generado condiciones del mercado desiguales y mayor desigualdad social.
Puntualizó que la reforma busca generar espacios para la verdadera competencia. Agregó que el esquema actual del sistema eléctrico ha ocasionado un desfalco estimado en 490 mil millones de pesos debido al trato preferencial a los privados con los permisos, autoabasto y subsidios que el Gobierno Federal da a los productores. “Estamos en la disyuntiva de defender estos subsidios que se dan indebidamente del Gobierno hacia grandes generadores o reordenar el mercado y poner a la CFE en una ventaja de proteger sus recursos públicos”.