Para el juez vigésimo sexto de lo familiar de la Ciudad de México, Juan Estrada Negrete, no fue suficiente que un niño de cuatro años con once meses relatara: “Mi papá me tocó mi pene y mis pompas, el pene de mi papá así…” mientras se metía los cinco dedos de la mano en la boca, para considerar una medida restrictiva: por el contrario, argumentó que no existen elementos de prueba para considerar como un riesgo la convivencia del menor con su padre.
Incluso recomendó fortalecer los lazos afectivos entre el menor y su progenitor por medio de convivencias quincenales, en fines de semana largos y en su cumpleaños, de acuerdo con la sentencia interlocutoria del juicio que interpuso la madre, Marisela Reyes, contra el padre de su hijo y expareja, Alistar Duncan.
De acuerdo con el expediente al que Vértigo tuvo acceso el juez tampoco consideró riesgoso que Alistar Duncan, de origen inglés, tuviera como ocupación profesor de secundaria y por lo tanto estuviera en constante convivencia con menores de edad.
La condena se limitó al pago de una pensión de 30% del salario mensual que recibe en el colegio privado en que labora.
Como parte de los exámenes sicológicos a los que fue sometido el menor relató que ya no iría “al castillo” de su papá porque él “me tocó mis pompis”. En el mismo expediente el sicólogo Julio César Guzmán apuntó que existen indicadores del comportamiento del niño que corresponden a un probable abuso sexual y no existen indicios de manipulación en los hechos descritos.
Marisela inició en 2018 el proceso legal que concluyó con la sentencia interlocutoria emitida en noviembre de 2019 y que apeló, sin efecto, en septiembre de este año.
En México la tasa de violación de niñas y niños es de mil 764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además cinco mil de cada 100 mil menores sufren tocamientos.
Denuncia mínima
De acuerdo con la coordinadora del Colectivo Contra el Abuso Sexual Infantil, Lizeth Argüello Rocha, la pederastia en México es un crimen sin registro ya que aun cuando en los primeros once meses de 2019 se contabilizaron tres mil 461 denuncias (15% más que en 2018), se estima que ese número solo representa 10% de los casos, es decir, “la punta del iceberg”.
Explica que los agresores, en la mayoría de los casos, son familiares: padres, padrastros, abuelos, tíos y primos de las víctimas, por lo que dentro de la familia no siempre se reconoce la agresión o se decide no presentar una denuncia, principal razón por la que es un delito con alta cifra negra.
En entrevista para Vértigo señala que otras razones son mecanismos de denuncia complicados y juicios muy largos, lo que enfrenta a la familia a múltiples complicaciones económicas e incluso a la estigmatización por parte de su comunidad.
Argüello explica que entre las consecuencias de este delito se encuentran desmembramiento de la familia, daños neurológicos, emocionales, sexualidad expuesta e inicio precoz de la sexualidad de los menores, además, en caso de no denunciar el menor continúa expuesto a la convivencia cotidiana con su agresor.
Complicaciones legales
Ejemplifica que en Veracruz, estado en el que radica y en el que tiene mayor presencia como activista, tan solo en 2019 se iniciaron mil 160 carpetas de investigación y de ellas únicamente en 109 se ejerció acción penal, lo que puede ser un indicio de lo que ocurre en el país respecto de la justicia a la que tienen acceso esas víctimas.
Afirma que una de las complicaciones de los procesos penales, y por la que no se alcanza una orden de aprehensión en muchos de los casos, es que los dichos del menor son cuestionados por lo que, como en el caso de Marisela y su hijo, los denunciantes tienen que ceder a que el agresor realice convivencias con los menores y al negarse incluso se pueden hacer acreedores a arrestos administrativos.
“Cómo le vas a entregar a tu hijo cada 15 días a su agresor… así son de intrincados estos casos”, subraya.
A ello se debe sumar, según Argüello Rocha, el hecho de que los fiscales no están capacitados y no siguen los protocolos, por lo que se corre el riesgo de que al haber fallas en el debido proceso el caso no sea procedente. Dice que con la implementación de los juicios orales los jueces no revisan los casos a profundidad o bien los agresores huyen mientras se realizan los procesos. “No hay protocolos específicos, las fiscalías no tienen los fondos, no hay asesoría legal, ni siquiera tienen hojas, no hay salas adecuadas para entrevistar a los niños… De verdad estamos en pañales en el combate al abuso sexual en México”.
Aunque reconoce que algunos diputados se preocupan por el abuso sexual infantil, agrega que nunca lo hacen de manera profunda y solo aprovechan el tema para garantizar capital político.
Indica, por ejemplo, que en 2019 se realizó el foro Violencia sexual infantil y adolescente: retos legislativos, que organizó la senadora Josefina Vázquez Mota, pero en el mismo se tomó como base que “México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, sin aclararse que el estudio considera entre los casos la violencia física, incluyendo el abuso sexual y el homicidio, por lo cual asegura que el dato es erróneo y no existe en el país ni siquiera un diagnóstico de la problemática.
Para Jorge González Chacón, maestro en Derecho del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), los jueces fundan sus criterios de acuerdo en lo que se establece en cada caso, aunque en México prevalece el principio del interés superior de la niñez que faculta a ministerios públicos y jueces a preservar la integridad de los menores.
Por ello considera que en la actualidad “es muy difícil” que un juez pueda emitir una sentencia en contra de tratados internacionales o de la propia legislación nacional que defiende el derecho de los menores, por lo que recomienda denunciar cualquier tipo de agresión en contra de un niño, sobre todo si se trata de una agresión sexual.
Embarazo infantil
Si bien el registro de la pederastia no es claro, una muestra de esta realidad son los embarazos de niñas y adolescentes: hasta 2019 México tenía la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de todos los países integrantes de la OCDE.
De cada mil embarazos 77 son de niñas y adolescentes. La organización Save the Children explica que las adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia sexual y enfrentan desafíos particulares en el manejo de sus consecuencias, incluyendo el embarazo. Abunda que la mayoría de los casos de violencia sexual en México son contra mujeres, suceden en el seno de la propia casa y los cometen familiares.
El fenómeno se intensifica debido a la pandemia de Covid-19: el Consejo Nacional de Población (Conapo) calcula que los embarazos de adolescentes en México aumentaron ya 20% durante el confinamiento, lo que equivale a 145 mil 719 embarazos no deseados entre personas de 15 a 19 años.
De acuerdo con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, este problema tiene un costo en proyectos de vida de las niñas y adolescentes.
Gasman detalló que en el grupo de niñas de diez a 14 años el embarazo tiene que pensarse como un hecho forzado, impuesto, producto de la violencia sexual.
De hecho a escala mundial existe un movimiento denominado MAP (Minor-Attracted Person), es decir, persona que se siente atraída por menores pero que no realiza actos sexuales o agresiones. El movimiento busca que la pedofilia se considere como una orientación sexual y no como una enfermedad.
Y entre los objetivos de los pedófilos figura ser aceptados socialmente, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) remueva a la pedofilia de su lista de trastornos mentales y que sean incluidos dentro del movimiento LGTBQ+.
Aunque es rechazado en múltiples países, el MAP se conecta mediante redes sociales en las que ya existen tendencias como maprights, mapPride, mappositivity para identificarse, incluso en México. Entre los mensajes que se pueden encontrar está Love is love.
Pandemia: agravamiento
Diversas organizaciones advierten que la pandemia de Covid-19 incrementa los casos de abuso físico, sexual, emocional o abandono, entre otros factores debido a las medidas de confinamiento implementadas y al aumento del estrés sicosocial de las familias.
A esto se suma la interrupción o el bajo nivel de funcionamiento de los servicios de protección, lo que ha propiciado, según Save the Children, la invisibilización del maltrato infantil.
De hecho la organización alerta que “el maltrato contra la niñez y adolescencia puede ser tan o más letal que un virus”.
A su vez el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) puntualiza en este sentido que durante la crisis sanitaria las llamadas a refugios reportando violencia contra niños aumentaron entre 60 y 80%, mientras que las solicitudes de asilo en estos espacios incrementaron 30% a escala mundial.
Pero también denuncia un incremento de la violencia contra los niños en México bajo el confinamiento, por lo que urge a “reforzar la protección de la población infantil” para evitar la violencia en el hogar, al que considera incluso “el lugar más peligroso para los niños” durante la pandemia.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno de México alerta en tanto que los menores y adolescentes que han sido o son violentados sexualmente presentan miedos, fobias, pesadillas recurrentes, ansiedad, depresión, fugas de casa sin razón aparente, rechazo a contacto afectivo que antes era aceptado, miedo a determinada persona o intensa aversión a cierto lugar, manifestaciones de afectos o conocimientos sexuales inapropiados para su edad, insomnio, pesadillas o sueño inquieto, miedo a la oscuridad, miedo a que los bañen o vean desnudos, además de ideas o intentos suicidas, ausentismo escolar o consumo de drogas.
Respecto de los síntomas físicos deben considerarse laceración genital, moretones en el área genital, dolor o molestia en vulva, vagina y/o ano, molestia al orinar, orificio vaginal agrandado, hemorragia rectal, entre otras.
La CEAV atiende en el teléfono 551000-2000, en el que ofrece atención acerca de los pasos a seguir tras una agresión sexual a un menor.
Proceso
En medio de todo ello un menor, el hijo de Marisela Reyes, hoy tiene una fuerte identificación con la figura materna y un gran rechazo hacia su padre; vive sentimientos de angustia cuando se acerca el momento de que él lo visite.
Sin embargo emocionalmente se encuentra libre de alteraciones sicológicas significativas que dañen su sano desarrollo emocional: para él continuarán las terapias; para su madre seguirá el proceso judicial, como en la mayoría de los casos, durante muchos años más para evitar que el agresor continúe en contacto con su hijo.
Y en el mejor de los casos, dicen los sicólogos, la justicia aplicará un castigo al padre, librando a la madre y al niño de la angustia de saber que la amenaza y el peligro provienen, precisamente, del propio progenitor.
Diferencias
| Pederastia | Pedofilia |
| Abuso sexual cometido con niños. | Atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes. |
Fuente: Universidad Complutense de Madrid