Culiacán, Sinaloa, 1 de mayo. La decisión de Rubén Rocha Moya de solicitar licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa marca uno de los episodios más delicados para la política mexicana reciente.
El mandatario estatal anunció su retiro momentáneo del cargo en un contexto de alta presión, tras darse a conocer acusaciones provenientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan, junto con otros funcionarios, con el Cártel de Sinaloa.
El movimiento no es menor. Rocha Moya argumentó que su decisión responde a una “convicción republicana” y a la necesidad de facilitar las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República. En su mensaje, breve pero contundente, insistió en su inocencia: “Tengo la conciencia tranquila”, afirmó, calificando las acusaciones como “falsas y dolosas”.
El anuncio contrasta con su postura apenas un día antes, cuando había descartado separarse del cargo. En ese momento, el gobernador defendía su permanencia argumentando conocimiento jurídico y disposición para enfrentar el proceso sin abandonar sus funciones. Sin embargo, la apertura formal de una investigación por parte de autoridades mexicanas cambió el cálculo político.
La solicitud de licencia también debe leerse en clave partidista. Rocha Moya subrayó que no permitirá que su caso sea utilizado para afectar al movimiento de la llamada Cuarta Transformación, proyecto político al que pertenece y que ha sido eje del discurso del partido gobernante en los últimos años. Su salida temporal busca, en ese sentido, contener el impacto mediático y político del escándalo.
El origen del caso en tribunales estadunidenses añade una capa de complejidad. La acusación proviene de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una instancia conocida por perseguir delitos de alto perfil vinculados al narcotráfico internacional.
Sin embargo, autoridades mexicanas han señalado inconsistencias iniciales: según funcionarios de la Fiscalía, la solicitud de detención con fines de extradición no venía acompañada de pruebas suficientes que acreditaran la comisión de delitos.
Este punto es clave. La falta de evidencia presentada en el expediente inicial abre un espacio de tensión diplomática y jurídica entre ambos países, especialmente en un momento en que la cooperación en materia de seguridad sigue siendo un tema sensible en la relación bilateral.
Más allá de la culpabilidad o inocencia del gobernador, el caso pone en evidencia la fragilidad de la confianza institucional. Sinaloa, históricamente asociado a dinámicas del narcotráfico, enfrenta ahora una crisis de gobernabilidad potencial, en la que la legitimidad del poder ejecutivo estatal queda bajo escrutinio.
El hecho de que otros nueve funcionarios y exfuncionarios también estén señalados amplifica el alcance del problema. Rocha Moya fue claro al respecto: cada implicado deberá asumir su propia defensa, marcando distancia incluso dentro del círculo político afectado.
El caso de Rocha Moya se inserta en una tendencia más amplia: la creciente judicialización de la política en América Latina y el papel cada vez más activo de instancias internacionales en casos de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los límites de estas intervenciones y la necesidad de garantizar debido proceso y soberanía jurídica.
Por ahora, el gobernador se retira con un mensaje de firmeza personal y defensa política. Su futuro dependerá no solo del avance de las investigaciones, sino también de la capacidad de las instituciones mexicanas para procesar el caso con transparencia y rigor.