El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Rodolfo Ríos Garza, inauguró el inicio de las conferencias sobre el sistema de justicia penal celebradas bajo el auspicio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
“Hace ocho años inició el proceso de transición hacia un sistema de justicia penal de carácter oral y acusatorio, que respondiera a la demanda social de prevenir, investigar y perseguir el delito bajo parámetros de agilidad, certeza y profesionalismo”, dijo el procurador.
Actualmente, agregó, “este modelo tiene vigencia en todo el país; su naturaleza garantista, promueve y asegura el respeto incondicional de los derechos humanos de las personas, más allá de la calidad con que intervengan en los procedimientos penales”.
Advirtió que en materia de procuración de justicia, las mejoras son evidentes al contarse con instrumentos normativos y metodológicos que aseguran la plena aplicación de los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y objetividad. “Para el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza el doctor Miguel Ángel Mancera, es un deber categórico que sus habitantes gocen de las más elementales condiciones de seguridad, como un presupuesto indispensable para el ejercicio de sus libertades y sus derechos”, puntualizó Ríos.
Por este motivo, añadió, “adquiere mayor relevancia el ciclo que hoy inicia, debido a que se inaugura un foro de difusión sobre los alcances de la reforma, y favorece el diálogo entre el órgano legislativo y las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia, con el fin de impulsar las reformas necesarias al marco legal para fortalecer el modelo penal acusatorio y combatir con eficacia al fenómeno delictivo”.
Reveló que la adopción del sistema acusatorio en la Ciudad de México fue de tal magnitud, que resultó necesario adecuar la infraestructura soporte del sistema de justicia; crear nuevas figuras procesales, establecer mecanismos alternos de solución de controversias de índole penal, capacitar a los operadores del sistema, diseñar el marco normativo de funcionamiento y rediseñar los procedimientos internos de juzgados, tribunales y fiscalías para operar el nuevo modelo sin contratiempos.