Solventar jurídicamente miles de casos delincuenciales que ocurren en la urbe más grande del país durante las 24 horas del día no es tarea fácil para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX): se necesita de un engranaje sólido sustentado en decenas de funcionarios públicos capacitados y preparados con las herramientas legales que ahora aporta el Nuevo Sistema Penal Acusatorio para confrontar, con todo el peso de la ley y conforme a Derecho, a los criminales.
Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría, conversa en exclusiva con Vértigo sobre cómo está operando esa institución con base en inéditos lineamientos legales que la catapultan como la más moderna del país en materia de procuración de justicia.
Nuevas normas
De la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Mirón Reyes destaca que “a partir de la reforma constitucional de 2008 se dieron ocho largos años para que se implementara en todo el país. En la Ciudad de México se decidió que a partir de 2015, es decir, del séptimo año, empezará a implementarse respecto de algunos delitos, como fueron los culposos o aquellos que se investigan por querella”.
Agrega que “se empezó a trabajar a partir del 16 de enero de 2015 con estos delitos ya bajo el nuevo régimen procesal y obviamente cumpliendo con la fecha legislativa, que era el 18 de junio de 2016. En esa fecha arrancamos con toda la implementación con respecto de la totalidad de los delitos previstos tanto en el Código Penal como en las normas penales especiales. Creo que aquí vale la pena mencionar que un factor importante en el que la Procuraduría comenzó a trabajar incluso antes de 2015 fue en materia de justicia alternativa, que ya después fue materializándose con la entrada en vigor de la ley y la implementación de este sistema a nivel nacional”.
—¿Cómo se garantizan los derechos humanos en este nuevo sistema?
—Una de las características del Sistema Procesal Penal Acusatorio justamente es que está vinculado a un Estado de Derecho democrático que tiene como objetivo fundamental el respeto irrestricto a los derechos humanos. De tal suerte que a partir de esta implementación del nuevo sistema existen una serie de derechos humanos que tanto el Ministerio Público como las policías, los peritos y obviamente las autoridades judiciales y penitenciarias, debemos respetar para beneficio de todas las personas que están involucradas en este procedimiento penal. Es decir, se protege al imputado pero también a las víctimas, directas o indirectas. En ello ha habido una intención muy importante en esta reforma: darle mayor prioridad a la protección de las víctimas.
Añade que ahora las víctimas, “por ejemplo, ya son parte en el procedimiento penal, ya tienen el derecho de contar con un asesor jurídico, ya pueden intervenir en las audiencias, ya pueden interponer recursos”.
Mirón Reyes indica que de hecho “los derechos humanos forman parte de una tarea importantísima del quehacer de la Procuraduría: estos se respetan desde el momento de la detención y el momento en que se inicia la carpeta de investigación, con ese derecho que tienen todas las personas a saber de qué las acusan y por qué las acusan”.
—¿Cómo se capacita la Procuraduría en todas las áreas?
—Nosotros empezamos la capacitación a partir de 2010. Por supuesto, fue una capacitación teórica, con base en experiencias de otros países e incluso de algunas entidades federativas que arrancaron antes de la propia reforma constitucional, como Chihuahua. Pero desde 2010 se empezó a llevar a cabo esta capacitación a todo el personal sustantivo: Ministerios Públicos, policías, peritos… Y poco a poco, cuando se fueron definiendo las normas, cuando se fue definiendo la forma en que se iba implementar el sistema, ya esa capacitación fue siendo más específica, más especializada. Los Ministerios Públicos empezaron a conocer realmente cómo iban a estar distribuidas las etapas del procedimiento penal, por ejemplo. Y así ya podían establecer cuál era la función específica que iban a realizar y las nuevas tareas de la policía, que ahora con esta reforma se convierte en una parte más importante en la investigación del delito.
Al respecto, dice Mirón Reyes que “durante estos casi siete años la capacitación ha sido el punto de referencia: no se ha dejado ningún año de estar insistiendo en la capacitación. Hemos logrado establecer una capacitación interinstitucional, donde en la misma aula están jueces, defensores, Ministerios Públicos, porque eso permite que todos estén en un conocimiento integral de cómo debe funcionar el nuevo sistema. A eso se le ha apostado, eso se ha llevado a cabo y la capacitación sigue para nuestro personal”.
Atención oportuna
—Ustedes han puesto mucho énfasis en agilizar los procesos judiciales. ¿Cómo funcionan los Módulos de Atención Oportuna?
—Es muy importante que todas las personas que tengan necesidad de acceder a los servicios de la Procuraduría conozcan que existen en las diversas coordinaciones territoriales Módulos de Atención Oportuna que se convierten en el primer contacto de la ciudadanía con la Procuraduría.
En un primer momento, explica, “estos módulos son atendidos por orientadores jurídicos, quienes reciben la solicitud, conocen la problemática del usuario y a partir de ello deben saber a dónde canalizar al usuario y evitar que esté dando de vueltas o sea canalizado a áreas que no son las correctas”.
Afirma que “esos orientadores jurídicos pueden canalizarlo al Ministerio Público para que levante su denuncia o su querella; pueden canalizarlo al área de justicia alternativa, por si quieren solucionar su conflicto a través de un mecanismo alternativo; o pueden ofrecerle al usuario la atención de víctimas cuando estén en una situación emocional difícil, producto de la comisión de algún delito en su perjuicio”.
—¿Cómo exponerle a los ciudadanos esta figura de “primer respondiente”?
—Aquí es muy importante hacer mención de que esta reforma se caracteriza también por darle una función muy particular a la policía, la cual forma parte de este grupo de servidores públicos que van a llevar a cabo su tarea de investigación del delito. El primer respondiente se identifica con ese cuerpo policial que llega en el primer momento al lugar de los hechos o del hallazgo. Cuando se advierte que en un lugar se está cometiendo un delito, quienes llegan en ese primer momento son el primer respondiente, la primera autoridad que responde al llamado o a la atención para poder responder esa conducta delictiva.
—¿Qué tareas le corresponden?
—Ese primer respondiente, al momento que llega al lugar de los hechos o del hallazgo, tiene en un primer momento que preservar el sitio mismo, debe evitar que se contamine el lugar de los hechos. De tal manera que tiene que identificar el lugar donde se cometió el delito; después proceder a la búsqueda de indicios, si es que todavía no llegan los peritos; y también puede procesarlos. Es decir, puede levantarlos, los puede proteger y obviamente en ese momento pueden llegar servicios periciales y entonces ya esa parte se la entrega a servicios periciales para que ellos continúen con los trabajos técnicos.
Legalidad
—¿Cómo se desarrollan los litigios que hace la Procuraduría a partir de este nuevo sistema procesal?
—Es muy importante señalar que a partir de este sistema la Procuraduría diseñó una distribución de funciones del Ministerio Público, porque antes era muy claro con el sistema tradicional saber que había Ministerios Públicos encargados exclusivamente de la investigación y Ministerios Públicos encargados exclusivamente del proceso. Y esa era la división. No había mucha dificultad en entenderlo. Sin embargo, ahora el nuevo sistema ofrece nuevas funciones al Ministerio Público y entonces lo que hicimos fue justamente distribuir esas funciones, distinguirlas y agrupar a Ministerios Públicos para que las fueran cumpliendo.
Agrega: “Por supuesto que sigue el Ministerio Público investigador: es el que lleva a cabo la investigación que ahora se llama inicial y después la complementaria; él la realiza. Sin embargo, en esta fase de investigación hay un momento en que ya interviene la autoridad judicial y entonces tuvimos que crear un grupo de Ministerios Públicos a los que denominamos de judicialización, porque son los que van a intervenir justamente en ese momento con la autoridad judicial”.
—El delito no tiene fronteras. ¿Qué importancia reviste la coordinación interinstitucional?
—Para la investigación de los delitos y para llevar a buen puerto una investigación y obtener una sentencia, siempre será importante la coordinación interinstitucional. Hay organizaciones o grupos reconocidos que a nivel de gobierno han ido ofreciendo este esquema de coordinación, como por ejemplo la Conferencia Nacional en Procuración de Justicia, donde se van llevando a cabo acuerdos entre las distintas procuradurías estatales o fiscalías junto con la Procuraduría General de la República. Esto nos va permitiendo ir enlazando las actividades de procuración de justicia, con la finalidad de ir unificando criterios para poder atender los casos con el mismo esquema y ofreciendo esta posibilidad de tener una coordinación.
Menciona como ejemplo el acuerdo de colaboración recién firmado por la PGJCDMX y la PGR. “Uno de ellos fue justamente la firma del acta de instalación de la Red de Información Criminal. Lo que se busca justamente es que toda la información que van obteniendo las diversas instancias tanto federal como locales de procuración de justicia puedan permitir tener un conducto de comunicación para poder saber si la persona que se tiene detenida tiene un antecedente en alguna otra procuraduría, si el modus operandi de una banda delictiva también corresponde a lo que ha pasado en Michoacán, por ejemplo; eso es importante, porque aquí el uso de la tecnología se vuelve fundamental”.
—¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos sobre los trabajos que realiza la Procuraduría?
—El procurador, Rodolfo Ríos Garza, ha sido muy claro en hacer énfasis en la cultura de la denuncia para que la Procuraduría pueda ofrecer una respuesta satisfactoria a la ciudadanía: necesitamos que se denuncien los delitos, que se hagan del conocimiento del Ministerio Público los hechos que los agravian, para que le permitan a la autoridad iniciar su actividad de investigación y darles una respuesta. En la medida en que tengamos esa denuncia, como ha ocurrido en muchos eventos y donde ha habido buenos resultados, podremos garantizar una respuesta. La idea es que la denuncia se vuelva una responsabilidad del ciudadano, pero al mismo tiempo una obligación generada a la autoridad para cumplirle a la sociedad.
La cultura de la legalidad, añade Jorge Antonio Mirón Reyes, “tiene que suponer una actuación respetando los límites del gobernado, que son sus derechos, y en la medida en que la autoridad vaya cumpliendo esa tarea el gobernado va obteniendo una mejor respuesta por parte de la autoridad”.