Al igual que en otras de las 250 ciudades de 50 países donde han operado, agrupaciones de taxistas de la Ciudad de México muestran su inconformidad ante la que aseguran representa una competencia desleal para ellos: el servicio ofrecido por automóviles particulares que son contratados por medio de una App.
El pasado miércoles 10 integrantes del organismo Taxistas Unidos Organizados del DF, que aglutina a poco más de 10,000 concesionarios, presentaron una denuncia de hechos por omisión en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra la Secretaría de Movilidad (Semovi), por permitir trabajar a Uber y Cabify, dos de las empresas que ofrecen la renta de vehículos con chofer por aplicación.
La demanda también incluye a los representantes de las empresas mencionadas por violar el reglamento que para tal efecto establece la Ley de Movilidad, de acuerdo con la agrupación.
Daniel Medina, integrante de la misma, aseguró que la querella obedece a la falta de respuesta por parte de la Semovi para impedir este tipo de servicios, “que hasta ellos (la Semovi) reconocieron como ilegales y que ya fueron prohibidos en países como España, Holanda, Colombia, Bélgica y Alemania”, sostuvo.
El 18 de noviembre pasado la agrupación presentó tanto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) como en la propia Semovi una queja administrativa por la operación de Uber y Cabify en la ciudad, servicios que junto con la circulación ilegal de más de 50 mil taxis piratas, asegura, dejan pérdidas diarias estimadas en 24 millones de pesos a todos los taxistas regulares.
¿Fuera de la ley?
Uber, empresa fundada en 2009 con sede en San Francisco, empezó a ofrecer sus servicios en agosto de 2013 en la capital de la República y después los extendió a Tijuana, Guadalajara y Monterrey.
El servicio que ofrece, según explica en su portal de internet, es el de un chofer privado el cual es contratado por medio de una aplicación; es decir, el usuario debe contar con un smartphone para poder acceder a él, además de registrar su tarjeta de crédito a la que se cargará el costo del traslado y número telefónico.
Al solicitar el servicio, Uber utiliza el GPS del teléfono móvil para localizar la unidad más cercana, con la promesa de que no tardará más de diez minutos en llegar, en promedio. En ese momento en el celular del usuario aparecen la fotografía del chofer, las placas del coche, el teléfono de contacto, así como un mapa de la ubicación del automóvil, el cual puede ser compartido con un tercero para que siga el trayecto del vehículo.
No obstante el artículo 251 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece que “prestar el servicio de transporte público sin concesión o permiso correspondiente se sancionará con multa de 350 a 450 días de salario mínimo, tratándose de transporte individual de pasajeros”.
Además, “cuando se compruebe fehacientemente el cobro de tarifas distintas a las autorizadas por la Secretaría para el servicio de transporte público de pasajeros se sancionará con multa de 40 a 60 días de salario mínimo”.
Regulación
Ante la serie de manifestaciones por parte de las agrupaciones de taxistas, Rufino H. León Tovar, titular de la Semovi, reconoció que “los servicios de taxi por medio de aplicaciones, como Uber o Cabify, son irregulares ya que sus vehículos no cumplen con la cromática oficial y sus operadores no portan la documentación que exige la Secretaría”.
León prometió entonces reunirse con los representantes de esas y otras empresas que ofrecen el mismo servicio.
De esta forma, durante noviembre se sentó a dialogar de manera individual con los representantes de Uber y después hizo lo propio con los de Cabify.
Tras esas reuniones, León Tovar declaró que pese a que los vehículos de ambas son considerados piratas “las autoridades no emprenderán ningún operativo en contra de estos mientras no exista una reglamentación oficial consensuada y publicada”.
“Hay interés de todas por seguir operando en la ciudad. El tema es que lo que cubren estas empresas es un servicio que no ofrecen los taxistas al día de hoy”, destacó.
Por ejemplo, para el periodista Sergio Sarmiento, usuario asiduo de Uber, el servicio que esta empresa ofrece “es muy bueno”.
Acerca de las ventajas que el servicio ofrece a los usuarios cita que “en primer lugar los automóviles están más cuidados, más limpios, y el chofer es alguien de quien yo puedo ver su foto, sé que tengo absoluta seguridad porque dispongo de su teléfono celular”.
Con relación a la regulación en cierne de este servicio, Sarmiento señala: “Me parece que el servicio es distinto. Un Uber no se toma en la calle: es una contratación de coche con chofer. Evidentemente los políticos, y sobre todo los que reciben dinero de los monopolios taxistas, quieren regular”.
—¿Y qué significaría en este caso regular?
—Pues bajar la calidad del servicio, en perjuicio de los usuarios, con el fin de que no representen competencia. Para que no hicieran competencia a los taxis tendrían que bajar la calidad del servicio. Los choferes de Uber sí están en la economía formal, pagan ISR. Por eso pueden emitir el recibo con RFC, deducible de impuestos y con IVA desglosado, lo que no hacen los taxistas.