Ciudad de México, a 23 de septiembre. Tres iniciativas en el Congreso de la Ciudad de México están por darle rumbo legal y fiscal al comercio-trabajo informal en la capital del país, labor que durante seis lustros se ha diluido en beneficios económicos para líderes de ambulantes, campañas proselitistas y, por supuesto, para partidos políticos, pero no para esos trabajadores o las arcas de la urbe.
A lo largo de tres décadas el mercado informal en la Ciudad de México ha crecido de manera vertiginosa al pasar de ofrecer películas y música pirata a la venta de ropa, calzado, bolsas, perfumes, agua embotellada, confitería y una variedad de botanas sin regulación sanitaria, dando a generaciones de familias un modo de sustento para sacar adelante a sus hijos, permitiéndoles tener para comer, vestir y residir.
Diversos expertos coinciden en señalar que si se busca combatir la corrupción la informalidad es un tema a transformar porque salpica a toda la sociedad: no se puede dar certeza jurídica cuando las normas tributarias afectan los bolsillos de los comercios pequeños, medianos, empresarios y comerciantes que trabajan de manera formal y pagan sus impuestos, mientras que los organizadores del mercado negro se sirven con la cuchara grande y con total impunidad.
Ilegal
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la CDMX existen alrededor de dos millones de personas insertas en el mercado informal, cifra que representa 49% del total de personas ocupadas en la ciudad, que es aproximadamente de 4.1 millones.
Además, de acuerdo con cifras del INEGI, 25% del PIB nacional proviene de 60% de las personas que laboran en el comercio informal, mientras que 75% es generado por 40% restante.; sin embargo la CDMX rebasa por mucho el promedio nacional ya que se estima que el comercio informal aporta 40% del PIB local, lo cual quiere decir que está cerca de ser el doble de la cifra nacional.
La Cámara Nacional de Comercio capitalina establece que el comercio informal ha hecho quebrar a más de tres mil 500 negocios en los recientes tres años, lo que se tradujo en la pérdida de más de 15 mil empleos formales.
“En casi 30 años estas actividades se han multiplicado exponencialmente: en 1990 unas 50 mil personas se dedicaban a esta actividad, mientras que hoy son más de cuatro millones de personas las que se encuentran insertas en el comercio informal”, revela el organismo cúpula.
En cuestión de cuotas una investigación realizada por el Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, determina que en el perímetro A y B del Centro Histórico, que incluye calles como Apartado, Peña y Peña, Academia, Rodríguez Puebla, el Callejón de Girón, Allende y Circunvalación, cada espacio se vende entre 20 mil y 150 mil pesos.
“A esta cantidad hay que sumar una cuota de 50 a 200 pesos diarios que garantiza el derecho de piso, seguridad y limpieza de la vía, que en manos de los vendedores deja de ser pública. Es decir, un comerciante ambulante que destina 200 pesos durante un año al pago de cuotas habrá de destinar por lo menos 62 mil pesos. Al día los líderes obtienen tres millones 414 mil pesos ya que ninguno de los más de 17 mil ambulantes está exento de este pago en esa zona”, revela la indagatoria.
Leyes
El pasado 10 de septiembre la Mesa Directiva del Congreso local informó al pleno que se recibió una iniciativa ciudadana y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento instruyó su inserción en el Diario de los Debates y la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Se trata de una iniciativa suscrita por la ciudadana Diana Sánchez Barrios al frente de agrupaciones de comerciantes y asociaciones civiles que representan un total de 42 mil 404 personas, la cual señala que busca contribuir a proteger los derechos humanos y garantías de las personas que trabajan en la vía pública, brindarles seguridad y certeza jurídica, evitar prácticas discriminatorias de las autoridades, incorporarlos a los sistemas tributarios de la ciudad y regular el comercio en vía pública.
“Es evidente que los comerciantes en la vía pública requieren la expedición de una ley que asegure sus condiciones laborales, que respete su dignidad y sus derechos humanos y, sobre todo, que les considere como actores relevantes de la economía y no solo como generadores de problemas dentro de la urbe”, señala el documento.
Asimismo propone una serie de funciones en esta materia para la Jefatura de Gobierno, secretaría de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Económico, Trabajo y Fomento al Empleo, así como al Congreso local y las alcaldías.
Sugiere también una serie de derechos y obligaciones para los comerciantes y trabajadores no asalariados, así como disposiciones para las asociaciones de estos.
A su vez diputados de Morena en el Congreso local presentaron la iniciativa de la Ley del Trabajo no Asalariado, en la que se regula por primera vez el sexoservicio en la Ciudad de México.
De acuerdo con la propuesta las personas que ejerzan el sexoservicio no pagarán impuestos por el uso de la vía pública pero el diputado Temístocles Villanueva dijo que todas las personas asalariadas deben aportar una contribución, incluyendo a los trabajadores sexuales. “En el caso del trabajo sexual tendrá que haber una medición; es un tema muy complejo pero tendría que haber una tarifa única para las personas que ejerzan el trabajo sexual”.
La iniciativa establece que las sexoservidoras deberán contar con una licencia para el ejercicio de su trabajo mediante la cual podrán obtener preservativos en cualquier centro de salud.
Para el caso del comercio ambulante se proyectarán zonas especiales donde se podrán colocar puestos semifijos o móviles, con lo que se prohíbe que estos enseres se coloquen fuera de escuelas, hospitales, clínicas, centrales de transporte, centros de asistencia social y asilos.
Las autoridades estarán obligadas a crear el Padrón de Personas Trabajadoras No Asalariadas de la Ciudad de México, conformado por los registros de las alcaldías. Además los órganos administrativos emitirán una licencia con gafete y fotografía, con una vigencia de cinco años.
Los ambulantes estarán obligados a pagar un aprovechamiento por el uso del espacio público cuyas cuotas determinará la Secretaría de Administración y Finanzas.
También la diputada federal María Rosete entregó una iniciativa de ley, la cual fue recibida por el propio coordinador de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, Ricardo Ruiz, en la que propuso regularizar el trabajo no asalariado en la ciudad, así como legalizar el sexoservicio.
En esta iniciativa se regula cada uno de los tipos de trabajos no asalariados, como músicos, franeleros, vendedores de revistas y sexoservidoras. En este último caso se reconocen como zonas de trabajo las casas de cita y los table dance.
Ingresos
El congresista local de Morena, Temístocles Villanueva, quien impulsa una de estas propuestas, abunda que “los ingresos por estos permisos, los cuales deberán exhibirse en cada puesto, servirán para mejorar y regular las zonas donde están establecidos los comerciantes”.
Añade que “todos tenemos un derecho constitucional a organizarnos, eso no lo podemos desconocer; pero creemos que el trabajador debe tener relación directa con el gobierno y no a través de una organización. Estas licencias pueden estar exentas de pago a las personas que pertenecen a algún grupo prioritario y también estamos planteando la posibilidad de un sistema de seguridad social que pueda ser cubierto con los propios ingresos del pago de licencias de los comerciantes”.
Explica Villanueva que “los puestos serán de hasta 1.20 por 1.80 metros y no deberán afectar mobiliario urbano ni obstruir inmuebles o espacios peatonales. Los beneficiarios de las licencias deberán tener capacitación en protección civil, no podrán ceder sus licencias y estas tendrán una vigencia de cinco años a partir de la expedición”.
De esta manera, para los expertos, las iniciativas tendrían que contar con candados verdaderos para que quienes están lucrando con el espacio público no sean ahora protegidos por el Estado, además de evitar que los trabajadores sigan siendo presas del clientelismo, de líderes, campañas y partidos políticos.
¿Qué dice la Constitución?
La Carta Magna de la CDMX señala en su artículo 10 Apartado A, numeral 13,que los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores.
Objetivos
Tutelar los derechos humanos y sus garantías dando cabal cumplimiento a los mandatos de la Constitución de la Ciudad de México.
Conocer el comercio en la vía pública como una modalidad de ejercicio del derecho humano al trabajo y del derecho a la libre ocupación.
Brindar certeza y seguridad jurídica a los comerciantes en el espacio público.
Crear espacios de participación dentro de las 16 demarcaciones territoriales que integran la Ciudad de México, donde los comerciantes en el espacio público tengan voz y voto en la toma de decisiones correspondientes a la materia.
Simplificar los procedimientos administrativos volviéndolos más eficaces y eficientes.
Tutelar particularmente los derechos de libre asociación para constituir organizaciones que defiendan los derechos de los comerciantes en el espacio público.
Dotar de atribuciones específicas a las autoridades del gobierno de la CDMX para evitar abusos de autoridad.
Establecer nuevos lineamientos en materia de reordenamiento del comercio en el espacio público, que posicionan a los comerciantes como parte de la imagen urbana.
Posibilitar la creación de corredores comerciales como espacios para organizar a los comerciantes en el espacio público.
Reconocer y velar por los derechos económicos sociales y culturales de los comerciantes en el espacio público, brindando posibilidades de incorporar a los mismos dentro de las políticas públicas que correspondan.