CNDH emite recomendación sobre agravios a periodistas

La CNDH emitió este lunes la recomendación general número 20 para autoridades de distintos órdenes de gobierno sobre “agravios a periodistas en México y la impunidad imperante”.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva
Foto: NTX
Política
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes la recomendación general número 20 para autoridades de distintos órdenes de gobierno sobre “agravios a periodistas en México y la impunidad imperante”.

En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación se indica que del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013 se han integrado en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de este organismo 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de periodistas y medios de comunicación.

Asimismo se señala que del año 2001 a la fecha, las agresiones a derechos humanos de periodistas se han triplicado respecto de la primera década, y “la cifra es indudablemente mayor si se toma en consideración aquellos casos registrados por las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, además de los que no se denuncian”.

La CNDH refirió que la muerte de 85 periodistas, la desaparición de 20 profesionales de la comunicación, así como 40 atentados a instalaciones de distintos medios de comunicación entre 2000 y 2013, son referencia sobre la tendencia del incremento paulatino de agresiones en perjuicio de este gremio.

Apuntó que las quejas iniciadas en los últimos años por este organismo, “tienen el común denominador de la falta de efectividad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para disuadir y evitar estas agresiones”.

Por ello, dirigió la recomendación número 20 a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Procuraduría General de la República (PGR), los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los secretarios de seguridad pública y procuradores generales de justicia estatales.

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