En junio de 2008 se aprobó en el país la base legislativa necesaria para un sistema de justicia penal más expedito y pronto, con el fin de promover el respeto a los derechos humanos y como camino para alcanzar la consolidación de un Estado de Derecho.
El avance para su correcta aplicación ha sido paulatino y en el contexto de impunidad, corrupción y abuso que vivimos resulta insuficiente.
Los expertos instan por ello al gobierno federal y a los estatales a invertir mayores recursos para, por un lado, homologar prácticas y normas; por otro, aprovechar las mejores experiencias, medir resultados y establecer criterios de evaluación.
De igual manera es indispensable la capacitación de jueces, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio, policías ministeriales y otros funcionarios.
Impulso
En los últimos años nuestro país ha vivido en carne propia el incremento de los índices de criminalidad y violencia, a la par que el sistema judicial ha fallado reiteradamente en proveer justicia a las víctimas y sus familias debido a una inadecuada capacitación, falta de recursos, corrupción y prácticas de abuso.
Amnistía Internacional (AI) denuncia que las sentencias condenatorias han sido poco fiables como resultado de casos de detenciones arbitrarias, tortura, falsificación de pruebas y ausencia del debido proceso.
En especial la tortura, asegura a su vez Human Rights Watch (HRW), es un problema serio y ampliamente utilizado durante el periodo entre que las víctimas son detenidas hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
Esas prácticas incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico y por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte, asegura HRW.
Derivado de este contexto, y luego de varios años de impulso por parte de la sociedad civil, la reforma penal es una realidad: en total, dos terceras partes del territorio ya están en el último tobogán de la reforma; actualmente más de 25% de todos los delitos del país se juzgan bajo el nuevo sistema.
Calidad
La reforma penal, desde la perspectiva en derechos humanos, se ha convertido en un antídoto contra el abuso y un proceso judicial turbio.
Sobre ello, Ernesto Canales, experto y fundador de Renace (asociación civil defensora de personas de escasos recursos injustamente procesadas), explica los elementos para alcanzar la calidad de justicia que requiere el país.
“La reforma se resume en un incentivo para las autoridades a conformar su actuación en forma, al apelar a la transparencia y eficiencia, y si los procesos son traslúcidos y el público puede conocer todo lo que se realiza, es más difícil que exista corrupción”, declara.
Como segundo punto, comenta que al establecer los mismos derechos para las víctimas, los acusados y el Ministerio Público se nivela la cancha de juego.
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