Una serie de desavenencias administrativas en el gobierno de Juan Manuel Carreras López se ha transformado en un claro lastre para los ciudadanos de San Luis Potosí, quienes ven con molestia cómo la integridad de sus familias se ve afectada por la inseguridad pública, la violencia delincuencial y una constante violación a las garantías individuales, sobre todo en perjuicio de las poblaciones indígenas del estado.
Todo ello a pesar de que se trata de temas que durante su campaña hacia la gubernatura el actual mandatario prometió priorizar y resolver pero que, por el contrario, registran un claro y constante deterioro.
Por eso ahora organizaciones civiles y académicas alzan sus voces en defensa de los pueblos y comunidades indígenas del estado a los que Juan Manuel Carreras, dicen, “considera ciudadanos de segunda y viola sus derechos humanos, ya que los dejó fuera del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021”.
A su vez, diversos grupos étnicos se amparan legalmente ante tribunales federales para exigir que se les incluya en los proyectos de desarrollo de la entidad, al igual que a todo residente del estado.
Por otra parte, los más recientes informes difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), revelan un incremento considerable de la actividad delictiva en la entidad en los últimos doce meses.
La inseguridad pública en San Luis Potosí alcanza niveles que provocan ya un serio dilema social ante el aumento de asaltos, robo de vehículos, homicidios, secuestros y otros ilícitos de fuerte impacto entre la ciudadanía.
Derechos humanos
Desde el inicio de su gestión, el gobernador Juan Manuel Carreras López ha venido enfrentando serios problemas relacionados con el actuar de algunas dependencias. Uno de los principales casos es el del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi).
Muchas voces se alzaron frente a los primeros desaciertos y actitudes frívolas por parte de la entonces titular del Indepi, Margarita Viñas Orta —quien terminó siendo echada de la dependencia—, que al paso del tiempo quedarían reducidas a nimiedades comparadas con el hecho de que el gobierno de Carreras de plano “pisoteó la Constitución al no haber consultado a las etnias potosinas sobre el Plan Estatal de Desarrollo”, señalan fuentes consultadas en la entidad.
Este, añaden los especialistas locales, “fue el inicio de enormes dolores de cabeza para el mandatario potosino”.
Las pifias en el Indepi se dieron una tras otra sin que Carreras López interviniera, al parecer porque no imaginó los alcances que tendrían, lo cual comprendió hasta que en marzo pasado el Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas de San Luis Potosí anunció que solicitaría un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
Tan grave fue la omisión del gobernador, que el Consejo Consultivo indígena ya cuenta con el apoyo legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyos integrantes consideran vergonzosa la actitud de su gobierno en este caso.
El meollo del asunto es que no se tomó en consideración la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que obliga a considerar la opinión de los pueblos y comunidades indígenas, razón por la cual estas no se sienten representadas por el Poder Ejecutivo local y, por el contrario, se consideran discriminadas.
Ante esta situación, el 4 de mayo de 2016 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) solicitó la colaboración del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, para que se tomaran diversas medidas al respecto. Entre ellas destaca que “cuando se lleven a cabo procesos para la toma de decisiones de cualquier índole —a través de programas, normas y/o políticas de Estado— se garantice el derecho a la consulta de las personas y/o pueblos indígenas, para lo cual se eliminen aquellos requisitos innecesarios que pudieran propiciar prácticas discriminatorias, como pudiera ser el que se les requiera un certificado de autenticidad de sangre indígena y se establezcan de forma conjunta las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos, tal como lo mandata el artículo 2 de la Constitución”, señala el documento petitorio.
Sin embargo, Narciso Mendoza, integrante del Consejo Consultivo Indígena, menciona que “el gobernador Juan Manuel Carreras no tiene voluntad para corregir la omisión en que se incurrió al ignorar a pueblos y comunidades indígenas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Ello a pesar de las recomendaciones emitidas por el Conapred y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reponer el proceso”.
Expone Mendoza: “Estamos siendo agredidos por este gobierno; nos hemos sentado tres veces con el gobernador Carreras y firmó un documento donde se compromete a hacer la consulta y respetar al consejo… pero ha pasado todo lo contrario: ahora ya tienen un documento y nada más quieren que lo aprobemos, pero sin escucharnos”.
Narciso Mendoza narra que aunque una mayoría de consejeros se sostiene en su reclamo de que se cumpla con la normatividad estatal, “la gente está atemorizada y hacemos responsable de esto al gobernador, porque siguen visitándonos para presionarnos”.
Recuerda que a nombre del consejo de asesores jurídicos del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y de la Clínica de Litigio en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí interpusieron dos nuevos juicios de amparo al conocer que el director del Indepi está convocando a dos reuniones del consejo para avalar el Plan de Desarrollo, “sin que tenga las atribuciones para ello”.
Inseguridad pública
A esto se suma la gran inseguridad que prevalece en la entidad: hasta junio del presente año, según cifras del SNSP, la actividad delictiva en el estado registró un incremento de casi 75% con respecto del mismo lapso de 2015, al superar las diez mil 570 denuncias por diversos ilícitos.
Con este indicador se contabilizaron seis meses consecutivos en que la incidencia delictiva impuso récord en la administración de Juan Manuel Carreras.
Con respecto del total de estas denuncias, realizadas durante el primer semestre del año, cabe puntualizar que se cometieron en la entidad cuatro mil 439 crímenes, más que los registrados en el mismo lapso de 2015.
Por modalidad delictiva el secuestro es la de mayor crecimiento, ya que entre 2015 y 2016 registró un alza de 450 por ciento.
La incidencia de lesiones casi se duplica, ya que en junio de 2016 se registraron mil 665 denuncias contra 834 del periodo anterior.
En tercer lugar se ubica la categoría de “otros delitos”, entre los que se incluyen amenazas y estupro, que se dispararon de dos mil 192 víctimas a tres mil 846 en tan solo doce meses.
Los crímenes patrimoniales subieron de mil 205 a dos mil 89 querellas este año, en tanto que en robo la incidencia aumentó de mil 545 a dos mil 502 casos. En lo que va del año 365 han sido considerados “muy violentos”.
Más datos del SNSP: los robos a casa habitación se elevaron de 331 a 520 casos en el lapso mencionado, mientras que el de vehículos pasó de 215 unidades a 633, es decir, 194% más.
En materia de homicidios, hasta junio de 2015 fueron 130, mientras que para junio de 2016 ascendieron a 202: un alza de 55.3 por ciento.
Así, la administración de Juan Manuel Carreras López se desenvuelve hoy entre promesas de gobierno incumplidas, mientras que la población denuncia las graves dificultades que enfrenta en su vida cotidiana en medio de este claro estado de indefensión e inseguridad pública.