Los desastres causados por las históricas lluvias que azotaron al país, ubicadas ya como las terceras más costosas de la historia después del terremoto de 1985 y el paso del huracán Wilma por territorio nacional en 2005, requerirán de una estrecha colaboración entre el gobierno federal, sociedad y empresarios, con el propósito de impulsar una reconstrucción veloz que permita resarcir en el menor tiempo posible los daños causados a miles de viviendas, a la infraestructura pública y al campo mexicano.
La tarea, de grandes dimensiones, requerirá no solo de las medidas previstas en el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, ya que además se necesitará del apoyo proveniente de la sociedad organizada y de las acciones que realicen los empresarios para rehabilitar carreteras, proyectar nuevos puentes, reconstruir o reparar miles de viviendas, reubicar decenas de pueblos y localidades, además de restaurar servicios públicos colapsados por las inundaciones, entre las tareas más urgentes.
Sin que se tenga aún un cálculo definitivo de las pérdidas económicas reales provocadas por Manuel e Ingrid —aparte de la muerte de 157 personas— las instituciones de seguros las estiman en 75 mil millones de pesos, en tanto que para la Secretaría de Hacienda (SHCP) el efecto será una disminución de 0.1% en las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que pasaría de 1.8 a 1.7 y hasta 1.4 por ciento.
Con todo y la dificultad que representa el reto de emprender la reconstrucción en por lo menos una docena de entidades fuertemente golpeadas por las tormentas, también existe la oportunidad de que las autoridades federales, estatales y municipales planifiquen con base en las experiencias derivadas de esta situación de emergencia nacional que no ha sido superada en su totalidad.
De ahí que para los expertos es una inmejorable ocasión para que la sociedad aproveche los conocimientos que dejó la catástrofe y se sirva de ellos como plataforma para tratar de prevenir y evitar mayores daños a la población expuesta a los fenómenos naturales: ya sea por estar en zonas de alto riesgo o por omisiones y actos de corrupción.
Agilizar recursos
Una vez que se tenga una evaluación completa de la cuantificación de los daños ocasionados por las lluvias, la cual realizan diferentes secretarías de Estado —con un avance de entre 85 y 90% hasta ahora—, el gobierno federal tendrá ya un panorama más cercano a la realidad acerca de los destrozos y la inversión que se requerirá para la reconstrucción.
Por lo pronto a los doce mil millones de pesos previstos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se sumarán de manera prioritaria cinco mil millones de pesos en las entidades que fueron afectadas, previstos en el Programa para la Aceleración Económica.
Hasta el momento el Fonden ha utilizado 981 millones de pesos para el apoyo a 876 mil 152 personas en 19 entidades, de acuerdo con la informado por el gobierno federal.
El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la SCHP para agilizar los recursos para la reconstrucción, que deberán ser asignados bajo estrictos criterios de control, transparencia y de rendición de cuentas, y asegurar que sirvan en realidad a la reconstrucción de la infraestructura de servicios que se ha perdido o dañado, y no sean desviados a otros proyectos no prioritarios.
Por la magnitud del desastre, el Ejecutivo federal propuso en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2014 que se haga una valoración y se ajusten algunas partidas para tener una mayor inversión y recursos suficientes, a fin de reconstruir lo que se ha perdido en viviendas, en tierra de cultivo e infraestructura de servicios.
Reconstrucción acelerada
El presidente anunció que el gobierno federal ya se encuentra en la fase de reconstrucción nacional con un ritmo acelerado y de pronta atención, como se respondió ante la contingencia y en las primeras necesidades de apoyo que demandó la población, por lo que, dijo, “no vamos a bajar la guardia ni vamos a perder ritmo”.
Además, ha instruido a las distintas dependencias para acelerar la reconstrucción y mejorar eventualmente las condiciones de las zonas que se vieron afectadas y restablecer condiciones de normalidad de vida.
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