Los servicios que ofrece en forma cotidiana el Sistema Nacional de Salud (SNS) en México a 151 millones de personas afiliadas son altamente desiguales en su financiamiento, costos, cobertura y efectividad.
El sector presenta una deficiencia organizativa debido a la fragmentación y desarticulación: de ahí la consecuente duplicidad de servicios, desperdicio de recursos y elevado gasto de bolsillo de las familias.
Hoy el principal reto que enfrenta es brindar servicios de salud de calidad a las personas que presentan enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de la epidemia de obesidad y diabetes, así como el envejecimiento de la población (13 millones de adultos mayores).
El SNS lo conforman instituciones públicas y privadas. En las primeras, que incluyen a IMSS e ISSSTE, aportan contribuciones el trabajador, el patrón y el gobierno federal. Aunque en el caso del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) y Pemex los trabajadores no aportan a la salud, solo el gobierno federal.
Para las personas que no tienen acceso a estas instituciones públicas se encuentran el IMSS-Bienestar y ahora el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que ofrecerá atención médica y medicamentos gratuitos en el primer y segundo nivel de atención a 69 millones de mexicanos. En caso de requerir servicios altamente especializados o de tercer nivel pagarán una cuota de recuperación hasta diciembre de 2020; posteriormente todos los servicios se prestarán sin costo alguno.
Salud gratuita
Para dar cumplimiento a la promesa de campaña de brindar servicios gratuitos de salud a los más desprotegidos se calcula que se requerirían por lo menos 600 mil millones de pesos. Ello sin considerar el pago de la nómina del personal médico que el proyecto requiere, explica Judith Senyacen Méndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La investigadora señala que el costo laboral de absorber al personal del sector salud de los estados podría ascender a 17 mil 991 millones y para la operación del Insabi se proyectan fondos por 40 mil millones, los cuales apenas generarían un “efecto placebo”.
Además el instituto pretende ofrecer un paquete ilimitado de servicios sin pago por concepto de cuotas, lo que de golpe podría reducir las enormes disparidades que existen entre los diversos sistemas de salud. No obstante, según el perfil epidemiológico y el cambio demográfico del país, el costo de un servicio de ese nivel representaría un desembolso de 792 mil 620 millones de pesos, equivalentes a 3.2% del PIB.
Al realizar un comparativo internacional de modelos de salud de cinco países (Canadá, Reino Unido, Suiza, Japón y Francia) el CIEP encontró dos características que todos tienen en común: el gasto en salud (entre 9.8 y 12% del PIB frente a 5.9% en México) y la proporción que de dicho gasto proviene de financiamiento público (52.2% en México, ante 73.4 a 84.1% en el resto de las naciones, considerablemente mayores).
El financiamiento del gasto público en salud en Suiza, por ejemplo, se realiza con los ingresos generales del gobierno, mientras que en Japón gran parte del gasto viene de ingresos recaudados con ese fin en específico; y en materia de gobernanza en países como Canadá la organización del sistema de salud es descentralizada, mientras que en Reino Unido es más dependiente del gobierno nacional.
En este escenario, donde el Insabi ofrece una cobertura de padecimiento más extensa y totalmente gratuita, suena a un atractivo incentivo para navegar en la informalidad y no pagar impuestos, a menos que se trate de población en extrema pobreza (que suma dos millones de personas). A diferencia de ellas los trabajadores asalariados aportan un porcentaje de sus ingresos para contar con seguridad social y la protección se extiende a todos los integrantes de su familia o dependientes económicos. Por otro lado existen dudas respecto del origen de los recursos que mantendrán con vida en los próximos años al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.
Deficiencia en médicos y enfermeras
Para hacer frente a las consultas requeridas en la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, cardiovascular, cerebrovascular y renal) en México se requiere sumar a los 278 mil médicos existentes otros 164 mil. Y aún así en 2030 se requerirán 748 mil médicos en total, lo que llevará a un requerimiento de 316 mil médicos adicionales a los que se emplearían bajo la tendencia actual.
Asimismo se necesita aumentar 86% el total de camas para atender este tipo de patologías, lo que significaría sumar 160 mil camas a las 346 mil existentes y supone la construcción de mil 948 hospitales generales, de acuerdo con datos de la OCDE.
Ante la saturación de los servicios de salud en las diversas instituciones, la población recurre a servicios privados que les generan gastos de bolsillo que representan 44% del gasto total en salud. El gasto de bolsillo expresa la ineficiencia de las instituciones públicas, las cuales encuentran una válvula de escape en el gasto de bolsillo de sus beneficiarios.
Dicho gasto afecta a todos los estratos socioeconómicos del país pero más a los de menores ingresos. El gasto de bolsillo de los países de la OCDE no supera 19%, revela el estudio Diagnóstico del Sistema Nacional de Salud elaborado en 2015 por Funsalud.
Revela el estudio que el déficit de camas hospitalarias y médicos sugiere un requerimiento de inversión adicional de 5% del PIB. De mantenerse la segmentación entre las redes de prestación de las diversas instituciones, México apunta hacia un déficit acumulado para 2030 de 9.08% del PIB, es decir, 1.5 mil millones de pesos de mantenerse las tendencias actuales de incremento en las necesidades de salud.
Por todo lo anterior, expone Laura Flamand, coordinadora general académica de El Colegio de México, el camino empuja hacia un sistema universal de salud donde todos los mexicanos tengan acceso al mismo tipo de servicios y tratamientos, para lo cual el primer paso sería incrementar la inversión en el sector y terminar con la fragmentación institucional.
El gobierno federal tiene la meta de transformar el sistema sanitario con urgencia, pero ha tenido tropiezos: la política de austeridad republicana generó severos problemas en las unidades médicas por la cancelación de contratos por honorarios y de plazas eventuales, guardias y suplencias que han sido ocupadas en los últimos 15 años por personal médico, enfermería y de apoyo.
Y sobre las medicinas está en curso la primera compra consolidada para el abasto del segundo semestre del año. El proceso avanza lentamente y con retrasos; todavía está pendiente definir la forma en que se entregarán los insumos ya que la Secretaría de Hacienda determinó comprar directamente a los fabricantes y contratar por separado a los distribuidores, detalla Flamand.
“Al aventón”
El Insabi nació sin reglas de operación, mecanismos claros de financiamiento ni ajustes a la normatividad, carente de un plan de implementación y sin aclararle a las entidades federativas cómo sería el proceso de absorción de los servicios, por lo que los primeros problemas surgieron de inmediato en las clínicas y hospitales que antes estaban registrados con el Seguro Popular, que de un día a otro desapareció.
No solo en la Ciudad de México los padres de hijos con cáncer protestan por la desinformación en torno del cobro de cuotas de recuperación y desabasto de medicamentos oncológicos sino también las demandas de atención se extendieron a los estados, como Guerrero, Edomex, Oaxaca, Baja California y, recientemente, Jalisco.
Ante ello el gobierno federal y las autoridades sanitarias solo atinaron a culpar a directores de hospitales, señalar que empresas farmacéuticas llevan a cabo un complot o que responsables de departamentos de oncología son ladrones y corruptos, cuando en realidad todo el desastre inició con una complicada Compra Consolidada de Medicamentos y Material Hospitalario realizada por la SHCP en 2019, cuando implementó una nueva estrategia de compras con la idea de ahorrar dinero y combatir la corrupción, pero dio pie al caos que hoy se refleja en el desastre que afecta la operación cotidiana de hospitales públicos del país.
En la actualidad si los institutos de salud desean ampliar los contratos signados en 2019 con los proveedores de medicamentos o bien requieren entregas anticipadas de las compras que entran en vigor en marzo próximo, deberán pedir autorización a las autoridades hacendarias.
Y en caso de que a cualquier instituto de salud (IMSS, ISSSTE, SSA, Pemex o Sedena) le interese realizar alguna compra por su cuenta deberá ajustarse a los precios autorizados por la Oficialía Mayor, por lo que existe una lista de costos de medicamentos y materiales establecidos en las bases de la convocatoria de la compra consolidada para 2020. De lo contrario estarían en riesgo de enfrentar consecuencias legales.
Todo esto se ha hecho, dicen los expertos consultados, “al aventón”.
Sin registro sanitario
Pero no solo están en riesgo la atención médica y el abasto de medicamentos sino ahora también la calidad de los fármacos ya que podrán en adelante comprarse en el extranjero aunque no cuenten con un registro sanitario, por lo que la calidad y efectividad de dichos productos estará en entredicho y las repercusiones lamentablemente las vivirán los millones de pacientes en el país, los cuales estarán en la mayor indefensión de la historia.
Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), dice que “la afectación es muy grave; no estamos hablando de un piso parejo; a final de cuentas a las empresas que están establecidas en México se les exige una serie de condiciones estrictas que cumplir para que tengan un registro sanitario y ahora prácticamente se abre la puerta al mundo para que entre cualquier tipo de producto. Eso es preocupante para la seguridad de los pacientes y la industria”.
El Decreto del Reglamento de Insumos para la Salud, dado a conocer por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), establece que la autoridad podrá comprar e importar medicamentos cuenten o no con registro sanitario en México, dirigidos a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por el órgano regulador de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), de la Unión Europea (EMA, por sus siglas en inglés), Canadá, Australia, agencias reguladoras de referencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) e inclusive los precalificados por el programa de precalificación para medicamentos y vacunas de la OMS.
Gual Cosío alerta que en las listas de precalificados de la OMS y de la OPS los organismos aclaran que su inclusión no constituye un aval o garantía en lo que respecta a seguridad y eficacia en los medicamentos y productos. “Supimos que se iba a publicar esto en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), mandamos comentarios y aún así lo publicaron (el decreto) en un fast track impresionante. En principio esta es la forma en que tratan de solucionar un problema de abasto”, comenta Gual, “sin importar se ponga en riesgo la vida de los pacientes con diversas patologías y todo por la idea de ahorrar recursos”.
De igual forma Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que según “el decreto deberá hacerse lo que sea consecuente para asegurarnos de que haya el abastecimiento adecuado de medicinas ya que desde el año pasado el sector salud nacional ha pasado por desabasto de medicamentos y vacunas.
Los dos casos más sonados son el metotrexato, que se utiliza para quimioterapias, el cual se consiguió importado de Francia; y desde agosto de 2019 se ha denunciado en diferentes entidades la falta de la vacuna doble y triple viral que previene sarampión, rubeola y paperas, producto de que el laboratorio del Estado, Birmex, compró al India Serum Institute, pero no ha podido importar porque no consiguieron el aval de Cofepris.
“Entendemos que esa medida se tomó para atender algunas urgencias de ciertas claves que en ese momento no estaban siendo atendidas. No veo que esto de pronto pudiera tener escalabilidad pero eso está por definirse”, puntualiza Fernando Cruz, presidente de Novartis México.
Recentralización
Con la puesta en marcha del Insabi el primer día de 2020 comenzó la recentralización gradual de los servicios de salud, contrario al proceso descentralizador que inició en 1985 y dio origen a los 32 Servicios Estatales de Salud que ofrecieron en los últimos 15 años servicios financiados por el Seguro Popular.
Ahora los 21 estados de la República que se han adherido al nuevo esquema recibirán los recursos que otorgará el gobierno federal de los Ramos 33, 28 y 12, así como del programa especial que se denomina U013, dirigido a los centros de salud del primer nivel de atención.
De no aceptar la adhesión las restantes once entidades federativas estarán obligadas a cubrir con sus propios recursos financieros las necesidades sanitarias de su población y no podrán acceder a partidas adicionales. Se trata de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y el de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, quienes ofrecen una alternativa al modelo de salud que propuso el gobierno federal.
Diferentes voces especializadas en salud pública, políticas sanitarias y economía coinciden en señalar que implementar el nuevo organismo es reflejo de improvisación, desconocimiento, inexperiencia, ocurrencias e incluso soberbia. La idea de ofrecer cobertura en salud a toda la población vulnerable es loable pero debería realizarse con un impulso a la economía formal, a fin de que más personas contribuyan fiscalmente y tengan acceso a servicios de seguridad social y salud.
Además representa un grave riesgo para la calidad de los servicios de salud y finanzas públicas. El estudio Economía: una amenaza improvisada para las finanzas públicas, de Global Source Partners, firma de análisis macroeconómicos y geopolíticos, con sede en Nueva York, revela que el cambio del Seguro Popular al Insabi generará más problemas que probablemente se volverán más graves a partir del tercer año de operaciones del nuevo instituto.
El documento destaca que el Insabi implica una nueva y cara burocracia, que podría costar al gobierno 300 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a l.3% del PIB.
Refiere también que inicialmente se suponía que el nuevo organismo cobraría una tarifa por los servicios prestados, como hacía el Seguro Popular, de mil 463 pesos promedio en el 2019 por hogar participante o aproximadamente 25 mil millones de pesos a nivel general, pero el gobierno abandonó ese enfoque después de algunas críticas iniciales, sin ofrecer fuentes alternativas de ingresos.
La firma de análisis macroeconómicos destaca que el enfoque del Insabi no es viable porque los fondos necesarios para cubrir dicha atención presionarían en gran medida las finanzas públicas o requerirían recortes profundos a otros servicios públicos.
“En ausencia de nuevas fuentes de financiamiento se produciría un aumento del gasto que conduciría a un déficit”, pronostica la empresa.
Retroceso
“Ya había un seguro público para asalariados, para trabajadores del Estado y para la gente que trabaja por cuenta propia o que está desempleada. El siguiente paso era crear un Fondo Universal de Salud, integrar los tres seguros, con el fin de que la atención fuera para todos por igual. Era el paso histórico que pudo haber dado esta administración; en cambio le quitaron a la gente los derechos que tenía”, asevera el ex secretario de Salud, Julio Frenk Mora.
El también presidente de la Universidad de Miami, en Estados Unidos, añade que históricamente se cubrían primer y segundo niveles de atención médica, “pero con las enfermedades que tenemos y que son cada vez más frecuentes (cáncer, padecimientos del corazón, cuidados intensivos neonatales, diabetes) se generan gastos catastróficos para las familias. Por eso se había creado el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, al que cada año se destinaba 8% de todos los recursos del sistema como un fondo de reserva”.
Y resalta Frenk: “La ley es clarísima: el Insabi solo es responsable del primer y segundo nivel de atención. Por ello muchos hospitales empezaron a meter cuotas de recuperación y ese fue todo el caos. El Seguro Popular no cubría todo. Esa es la crítica de los funcionarios actuales. Pero es que en ningún país del mundo, ni el más rico, puede pagar todo para todos, sobre todo en las especialidades. El Fondo creó un esquema ordenado con reglas transparentes y criterios científicos para ver qué intervenciones podía cubrir”.
De igual forma José Narro Robles, ex secretario de Salud en la administración anterior, comenta que “el problema con el Insabi es la improvisación, el desconocimiento, la inexperiencia, las ocurrencias y la soberbia que se ha mostrado entre algunos de sus funcionarios, lo que genera un grave problema”.
El ex rector de la UNAM critica que “la gratuidad completa en todos los niveles es absolutamente imposible: no hay dinero que pueda alcanzar y no hay países que tengan eso.
México invierte apenas 5.6% del PIB en servicios de salud, entre públicos y privados; los países de la OCDE andan en 9% en promedio”.
Narro comenta que algunos análisis sostienen que se requieren alrededor de 350 mil millones de pesos, o 1.5% del PIB.
Puntualiza que es bueno que exista la intención de avanzar pero la manera en que se está haciendo no es la pertinente: “El Seguro Popular no era neoliberal ni buscaba la privatización; hubo corrupción, sí, pero a mí me tocó presentar 70 denuncias penales por daños de más de mil 150 millones de pesos en estados que no presentaron las comprobaciones correspondientes”.
El ex titular de Salud aclara que “si bien el Seguro Popular tuvo problemas, no se asemeja a lo que está pasando en estos momentos con el desabasto de medicamentos ya que no era un prestador de servicios de salud sino un ente financiador”.
Segmentación
El derecho a la salud es un tema de seguridad nacional, de paz social, factor de unidad, que promueve el desarrollo y crecimiento del país.
Sin embargo en México existe desigualdad en el acceso a los servicios de salud pública de personas aseguradas y no aseguradas, donde el gobierno federal pretende eliminar las diferencias destinando importantes recursos hacia un segmento de la población que por decisión propia (trabajo informal) o pobreza extrema (9.3 millones de mexicanos) no contribuyen a un sistema de salud con lo que corresponde.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) refiere en el análisis Sistema universal de salud. Retos de cobertura y financiamiento que el Insabi, antes Seguro Popular, contará con 53.2 millones de afiliados, el IMSS tiene registrados a 69 millones de derechohabientes, el ISSSTE a 13 millones, los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex) a un millón 900 mil y el programa IMSS Bienestar a 13 millones. IMSS, ISSSTE e Insabi concentran 86% del total de la población afiliada a un sistema de salud (INEGI).
El Insabi es un nuevo integrante de la familia sanitaria, es decir, del Sistema Nacional de Salud en México, el cual está fragmentado y desarticulado, característica que explica la inequidad en la atención en salud. Por una parte se encuentran IMSS, ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) y Pemex, organismos que ofrecen seguridad social a sus derechohabientes y cuya forma de financiamiento es tripartita: trabajador, empleador y gobierno.
Por otra parte para las personas que se encuentran en el mercado laboral informal, autoempleados, desempleados y grupos vulnerables, el Sistema Nacional de Salud brinda atención médica, estudios de diagnóstico y medicamentos en hospitales y clínicas de medicina familiar de las Secretarías Estatales de Salud (Sesa), en IMSS-Bienestar y ahora en el Insabi, antes Seguro Popular. Su forma de financiamiento es solamente a través de la contribución del gobierno federal y los gobiernos estatales.
Un tercer subsistema en salud es el sector privado, donde el financiamiento viene directamente de los individuos y empleadores, con la intervención de aseguradoras privadas, con proveedores privados y enfocado a la atención de población con capacidad de pago, funcionarios públicos y empleados con esta prestación.
En el Estudio diagnóstico del derecho a la Salud, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018), se detalla que “este intrincado sistema de instituciones poco vinculadas entre sí —con fuentes de financiamiento diverso, poblaciones que pertenecen al mercado laboral formal e informal, paquetes de cobertura diferenciados por sistema y la falta de un sistema único de información en salud— dificulta las acciones de coordinación entre instituciones y subsistemas”.
Niveles de atención
El SNS es complejo y atiende de manera diferenciada a la población, con un financiamiento desigual. Lograr que todos los mexicanos estén afiliados a una institución de salud no necesariamente implica que se alcanzó una cobertura universal ya que para ello se necesita equilibrar el gasto que se destina y los distintos servicios que ofrece un subsistema. Visto desde otra perspectiva la población deberá estar en posibilidades de hacer uso de servicios de salud de calidad cada vez que así lo necesite.
A pesar de los esfuerzos por alcanzar la universalidad en salud aún hay mucho por hacer, refiere el estudio El sistema de Salud en México, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En el SNS existen tres niveles de servicios personales de salud. El primer nivel lleva a cabo acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención ambulatoria a la morbilidad más frecuente brindada por médicos generales y personal de enfermería, con el apoyo de la comunidad.
Representa el primer contacto con los pacientes y consiste en llevar la atención médica lo más cerca posible al paciente, ya sea a su comunidad, a su trabajo o a donde lo requieran. Está integrado por unidades médicas ambulatorias y su estructura puede ser desde un solo consultorio o muchos de ellos. Algunos cuentan con laboratorio y estudios de imagen, siendo su característica principal el hecho de ser ambulatorio.
El primer nivel de atención es el de mayor importancia para el sistema de salud ya que es donde se realizan más esfuerzos para la prevención, educación, protección y detección temprana de enfermedades. Desde la aplicación de vacunas hasta la atención de padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. De este nivel se deriva al paciente al segundo o tercer nivel cuando así lo requiera su necesidad médica.
En el segundo nivel de atención se ubican hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general y siquiatría. Se brindan las especialidades básicas en hospitales generales o de especialidad y cuenta con servicios de apoyo diagnóstico de imagenología y laboratorio. Se estima que entre el primer y segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de los problemas de salud de la población.
Y en el tercer nivel de atención se brinda atención especializada, de mayor complejidad y aunada a actividades de investigación clínica y básica. En este grupo se encuentran los doce Institutos Nacionales de Salud. En estos hospitales se atienden problemas poco prevalentes, que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología.
Confusión
El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de la SSA, Hugo López Gatell Ramírez, aclara que “la atención médica de tercer nivel no es responsabilidad del Instituto de Salud para el Bienestar. Ha habido una confusión”, ya que desde los tiempos del Seguro Popular los institutos nacionales y los hospitales federales se han hecho cargo por separado de la atención del tercer nivel, donde se cobran cuotas de recuperación.
“El tercer nivel de atención corresponde a los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de alta especialidad, esto para la población no asegurada. Entonces, dejando muy en claro, el Insabi tiene atribuciones para población no asegurada y particularmente para coordinar la atención en primero y segundo nivel. Quien coordina la atención en tercer nivel de atención para la población no asegurada es la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad”, explica el funcionario.
López Gatell comenta que en los próximos 180 días se terminarán las modificaciones reglamentarias para que se garantice la gratuidad de todos los servicios, incluyendo el de tercer nivel o de alta especialidad.
“A lo largo de 2020, y cuanto más rápido mejor, vamos a incorporar la cobertura de servicios especializados para que la población no los pague: a la población no le van a costar. Lo importante es ver el tiempo: hoy no está disponible ese servicio de manera gratuita, pero lo que nos ha pedido el presidente es acelerar el paso y el plazo máximo es el 1 de diciembre de 2020”, garantiza.
El subsecretario aclara que no se desmanteló el Fondo para Gastos Catastróficos sino que se transfirieron al Fondo de Salud para el Bienestar. “Los 66 servicios enlistados como gastos catastróficos por el antiguo y desaparecido Seguro Popular, de manera automática, han pasado a estar cubiertos ya por el Sistema de Salud para el Bienestar”.
Sin la intención de universalizar los servicios de salud en México por el momento, la población seguirá dividida entre trabajadores afiliados a un instituto de seguridad social con aportaciones económicas, aquellos que tendrán los servicios en forma gratuita en su totalidad y otros más que cuentan con recursos económicos para pagar un seguro de gastos médicos mayores.
Coronavirus se acerca
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional por el máximo riesgo epidémico que representa el nuevo coronavirus chino 2019-nCoV, el cual afectó ya a más de ocho mil personas y causó la muerte de casi 200 individuos.
El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que se dio la alerta más que nada para aquellos países que no cuentan con los medios sanitarios para su control.
Mientras las autoridades sanitarias mexicanas confían en que tienen todo para atender y responder a una emergencia de este tipo en el país. Incluso, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, exhortó a la población a no caer en pánico.
Con un sistema de salud sin pies ni cabeza, desarticulado y con importantes carencias de equipamiento y medicamentos, se verá si la autoridad tiene la razón.
Por lo pronto, de los nueve casos sospechosos en México ninguno resultó positivo.
Recortes en la 4T
De la muerte del Seguro Popular al nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar en porcentaje hay una disminución significativa en varios programas: Atención a la salud y Medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social (-2.8%); Salud materna, sexual y reproductiva (-10.1%); Seguro Médico Siglo XXI para recién nacidos (-7.2%); Prevención y atención contra las adicciones (-1.4%); Servicios de asistencia social integral (-59.3%); Prevención y control de enfermedades (-19.8%), Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes (-5.8%).
Fuente:Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020