Quienes realicen contratos con el gobierno federal no quedarán excluidos en el tema del combate a la corrupción: el sistema prevé mecanismos para sancionar las faltas de servidores públicos y sector privado.
Senadores y diputados avalaron las observaciones hechas por el presidente Enrique Peña Nieto para vetar el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobado por el Congreso de la Unión durante la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con lo que quedó eliminada la obligación para que los particulares que firmen contratos para obras o servicios con el sector público presenten sus declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses.
En el segundo periodo extraordinario de sesiones convocado para tratar aspectos de las leyes en materia de combate a la corrupción, la propuesta del jefe del Ejecutivo federal transitó sin mayores dificultades en comisiones y en el pleno del Senado de la República y la Cámara de Diputados, con el reconocimiento de que la obligación impuesta a los integrantes de la iniciativa privada de presentar la conocida Ley 3de3 era violatoria de sus derechos humanos.
Hubo coincidencia, igualmente, para señalar que aun con el veto presidencial los particulares que realicen contratos con el gobierno federal no quedarán excluidos en el tema del combate a la corrupción: el diseño del sistema plantea mecanismos que combate la impunidad, a fin de que no queden sin sanción las faltas de servidores públicos y particulares.
Excesiva e inoperante
A 20 días de que el Congreso avalara el paquete de leyes secundarias en materia anticorrupción, en un nuevo periodo extraordinario diputados y senadores se allanaron a la propuesta del titular del Ejecutivo federal para invalidar la obligación a los particulares de que presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, incluida de último momento durante la discusión de las normas del SNA.
En ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones a leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, el presidente Peña Nieto devolvió a la Cámara de Senadores, para su análisis, el artículo 32 incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otros 15 relacionados.
El artículo refería que “todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio, y la de intereses”.
También establecía que “todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar estas dos declaraciones”.
En su exposición, el mandatario mexicano refirió que el gobierno de la República “ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”.
Añadió que esa disposición también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, y lo más importante: afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros.
Capacidad para sancionar
El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos, expuso que con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del SNA, y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos, e incluso de extranjeros que no viven en el país pero trabajan en una empresa trasnacional, el presidente proponía modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
Precisó que esa medida de ninguna manera disminuía la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado.
Castillejos explicó que el sistema cuenta con herramientas novedosas y útiles para dicho propósito, como la manifestación caso por caso y contratación por contratación, de no estar el particular y el servidor público que intervenga en la contratación frente a un conflicto de interés.
También prevé las penas en que incurrirían por actos de corrupción, que van desde sanciones económicas hasta la disolución de las empresas, y en su caso penas de prisión.
Afectaciones
En el dictamen aprobado en comisiones del Senado, los senadores coincidieron con el Ejecutivo que de no modificar dichos artículos se aplicarán de manera indiscriminada a todas las personas que reciban recursos públicos, sin distinción.
Esa situación, agregaron, también afectaría incluso a quienes reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.
Explicaron que la reforma constitucional en esta materia no incluyó, en el párrafo quinto del artículo 108 constitucional, la obligación de personas físicas o morales para presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ya que “se refiere exclusivamente a la obligación de los servidores públicos de presentar las referidas declaraciones”.
Las comisiones dictaminadoras estuvieron de acuerdo con el Ejecutivo federal en que la obligación impuesta a los particulares para presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses resulta innecesaria, ya que permitir a las autoridades de conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción.
En el pleno senatorial, y por amplia mayoría de 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, aprobó el dictamen para la modificación del artículo 32 para eliminar del texto la obligación de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, para presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, afirmó que con las modificaciones que propuso el Ejecutivo federal no se exime, por ningún motivo, a la iniciativa privada, a los contratistas del gobierno, de la responsabilidad que tienen, ya que las comisiones dictaminadoras redactaron más de 40 artículos relativos al papel que en el combate a la corrupción debe tener la iniciativa privada.
Operatividad
La Cámara de Diputados también avaló la minuta aprobada previamente por el Senado para modificar el artículo 32 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, con las observaciones del Ejecutivo federal.
El diputado del PRI Jorge Enrique Dávila Flores resaltó que las observaciones del Ejecutivo se refieren exclusivamente a las normas que regulan la obligación de los particulares, personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de interés, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y las sanciones correspondientes.
Resaltó que la forma en que fueron aprobados los artículos observados por el Ejecutivo pondría en riesgo la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y resultaría contraria a los derechos humanos al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales.
Hizo énfasis en que la eliminación de algunos incisos no disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado.
En tanto, el diputado del PVEM Emilio Enrique Salazar Farías expuso que nadie puede estar a favor de la corrupción y se tiene que hacer una ley simple y fácil de cumplir, que no se llene de burocratismo y donde nadie pueda hacer nada.
La también diputada del tricolor Yulma Rocha Aguilar destacó que los particulares, los empresarios y toda la ciudadanía están dispuestos a ser parte de la solución del grave problema de la corrupción.
Una vez aprobada la modificación en el pleno de San Lázaro, con 346 votos a favor y 82 en contra, la minuta fue enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Concluida la votación el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, dio por finalizado el segundo periodo extraordinario de sesiones.
Y una vez que se conocieron las decisiones del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, celebró la discusión y la aprobación en el Congreso de la Unión de las observaciones que envió sobre las leyes anticorrupción y anunció que en breve promulgará este paquete legislativo, fundamental para la lucha contra la corrupción en México.