El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, indicó que “la finalidad de la reforma electoral de 2014 fue, por un lado, reducir los costos de los procesos electorales y, por el otro, evitar que los gobernadores intervinieran en las elecciones locales, situaciones que no lograron revertirse”.
En el primer punto, precisó que no hubo disminución de los costos de las elecciones. Con respecto al segundo, añadió, “tengo diez investigaciones en contra de gobernadores, dos importantes, una ya consignada, creo que también se puede comprobar que esto no necesariamente dio los frutos que habíamos pensado que iban a darse con la reforma del año 2014”.
“El punto central de discusión es ¿cómo hacer articular el sistema para efecto de hacerlo más eficaz y al final del día legitimar el proceso electoral? La autonomía es un elemento muy importante, mientras los institutos electorales locales no cuenten con una autonomía de naturaleza financiera, vamos a estar viviendo un problema de deslegitimación relevante que es importante discutir y resolver en el marco de los instrumentos normativos generales para la República Mexicana”, sostuvo.
A su vez, el consejero del Instituto Electoral de Querétaro, Vado Grajales, señaló que “las reformas electorales suelen pensarse para atender los problemas que se perciben en la capital, pero su impacto más inmediato se presenta en las elecciones locales, obligando a las instancias de dicho ámbito a adecuar la norma pensada desde lo nacional a realidades de lo inmediato, que “desde luego no es fácil, pero de su adecuada consecución depende en buena medida el éxito de las elecciones”.