México, como el resto del mundo, atraviesa actualmente por una ola de insatisfacción social debido a la violencia, la delincuencia organizada y, principalmente, la falta de transparencia en los procesos de procuración de justicia y reparación integral de las víctimas, lo cual impide el pleno respeto a los derechos humanos.
Esto, a su vez, da lugar a que los niveles de impunidad resulten muy elevados en el país: datos oficiales reportan en los últimos siete años casi 60 mil muertos, cinco mil desaparecidos, al menos 20 mil migrantes secuestrados, 140 mil desplazados y la muerte de más de 200 reos en motines.
Frente a este panorama, los expertos recomiendan la creación de mecanismos que garanticen el pleno cumplimiento de los grandes avances legislativos en derechos humanos y justicia que se han promulgado en los últimos años.
Recuento
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró cuatro mil 477 quejas en contra de autoridades del sector de seguridad pública, tan solo en el último año, con relación a hechos violatorios como detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; incumplimiento de alguna de las formalidades para la emisión de una orden de cateo; intimidación y empleo arbitrario de la fuerza pública, entre otros.
Lo anterior es considerado por muchos especialistas en garantías individuales como “graves violaciones a los derechos humanos”.
Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explica por ejemplo que cuando existe cualquier acción y omisión de los representantes del Estado y las autoridades que impida o violente una garantía reconocida en cualquiera de los instrumentos del Derecho Internacional (en este caso vida, juicio justo, seguridad o integridad personal), se trata de una violación grave a los derechos humanos.
De tal manera que estas se pueden presentar mediante una “acción directa que impide o vulnera un derecho, pero también por omisión, en la cual, frente a una serie de obligaciones, se hace caso omiso o no se realizan”, tal como en los procesos de impartición de justicia.
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