Los precandidatos a un puesto de elección popular que no comprueben sus gastos o rebasen el tope establecido, sencillamente no podrán competir, y sus candidaturas en caso de que se demuestren sus irregularidades, deberán ser anuladas.
Así lo establece la jurisprudencia 32/2012 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que está vigente y se aplicará en las 14 elecciones locales que se celebrarán en julio próximo.
Por ello, el máximo tribunal electoral del país, advirtió que los partidos políticos y no sólo los candidatos son responsables del control y registro contable de los ingresos y gastos de sus precandidatos.
Los partidos políticos, recalcó, están obligados a contar con la documentación comprobatoria de todas las operaciones económicas que realicen sus militantes durante el periodo de promoción interna previsto para alcanzar la candidatura a algún cargo de elección popular.